Cs pide a la Diputación un censo de edificios y puntos con amianto en la provincia de Toledo

Comendador, en rueda de prensa ante las casas de Defensa del barrio de Santa Bárbara de Toledo, inmuebles públicos que contienen amianto, ha explicado que la iniciativa que llevará al próximo pleno de la institución provincial, también insta a la Diputación a que habilite una línea de ayudas por si es necesario apoyar económicamente a los propietarios, particulares o entidades, «para que la retirada se efectúe en las mejores condiciones, minimizando el riesgo para la salud humana».

El portavoz de Cs ha recordado que «la Diputación, que dispone de un área específica de Medio Ambiente, debe adoptar medidas para proteger a los vecinos de la provincia de Toledo de un material peligroso al ser inhalado, hasta tal punto que puede provocar cáncer, con lo cual es un grave problema que afecta a la salud pública, medioambiental y laboral».

Igualmente, ha instando a la institución provincial a poner en marcha una campaña de información sobre este mineral tan nocivo y, en colaboración con las entidades locales, identificar las tuberías de fibrocemento, «material que no es sino una transformación del amianto que se utiliza en la industria por su bajo coste, sin tener en cuenta su toxicidad».

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En este sentido, ha recordado que en España gran parte de los edificios construidos entre 1965 y 1985 contienen amianto en tuberías, cubiertas y tejados y, en el caso de nuestra provincia, se ha felicitado, precisamente por la eliminación de las tuberías de fibrocemento en Magán, así como por «la retirada del amianto del arroyo de Ramabujas en la ciudad de Toledo por parte de la Confederación del Tajo, ya que la Junta se limitó a sellar el entorno, pero dejó los restos».

En vista de que el amianto ya está prohibido en 67 países y la Unión Europea prevé su eliminación segura en edificios públicos y privados antes de 2028, Comendador ha insistido en que es preciso «proteger la salud de la personas y del medioambiente. Para ello, la Diputación como administración, está obligada a elaborar un censo de los lugares donde existe este material, a informar de las empresas registradas y especializadas para eliminarlo, así como a fijar, si es preciso, una línea de ayudas para una retirada con garantías»