En dicho espectáculo, está prevista la participación de personas con acondroplasia (variedad de enanismo caracterizada por la cortedad de las piernas y brazos), con la consiguiente discriminación que estos espectáculos conllevan, además de estar prohibidos legalmente.
El CERMI quiere dejar constancia igualmente que este tipo de espectáculos incumplen normativas de obligado cumplimiento en España como son la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Disposición adicional decimotercera de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que regula la no discriminación de personas con discapacidad en espectáculos públicos y actividades recreativas.
El CERMI CLM recuerda que ya en ocasiones anteriores se dirigió a la Junta de Comunidades solicitando la suspensión de otro espectáculo de este tipo en otra localidad de nuestra geografía, recibiendo una rápida respuesta en ese caso, determinando la suspensión del mismo de manera instantánea. Esperemos que en esta ocasión se actúe con celeridad y se retire la autorización administrativa para la celebración del espectáculo en Numancia de la Sagra.
A la denuncia de CERMI se ha unido la Fundación Franz Weber, que señala que este tipo de convocatorias contravienen el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que establece que «quedan prohibidos los espectáculos o actividades recreativas en que se use a personas con discapacidad o esta circunstancia para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana«.
Por ello, van a trasladar su queja a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pidiendo la suspensión inmediata de la convocatoria y señala que considera «muy grave» que el propio Ayuntamiento patrocine este evento, «contribuyendo a perpetuar estereotipos sobre la forma en que se representa a las personas con acondroplasia en actos públicos», y no descarta tomar otras acciones administrativas y jurídicas para paralizar una «actividad discriminatoria» que «atenta contra los derechos de un colectivo vulnerable al que se ridiculiza con estas convocatorias».
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