Un empresario se enfrenta a 4 años de cárcel acusado de no ingresar casi 250.000 euros por las cuotas de la Seguridad Social
tribunales
La Fiscalía de Toledo asegura que el administrador único de cinco empresas, radicadas en la comarca de Torrijos y Quintanar de la Orden, eludió ese pago entre los años 2013 y 2016
Toledo
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Iniciar sesiónPara la Fiscalía de Toledo, el administrador único de cinco empresas radicadas en la comarca de Torrijos actuó «con ánimo de eludir» el pago de las cuotas a la Seguridad Social durante cuatro ejercicios. En total, 247.461,45 euros entre 2013 y 2016.
Esa ... elevada cantidad corresponde, según el Ministerio Público, a las cuotas de las empresas y de los trabajadores que fueron deducidas de sus nóminas y retenidas por el acusado, «sin luego proceder a su ingreso».
El encartado, cuyas iniciales son M. G. M., figura como el administrador único de Comercial Gallego S. L, Pollo Ibérico S. L., El Abuelo Morata S. L., Alvasar Alimentaria S. L y Piensos Carrillo S. L, según el relato del Ministerio Fiscal.
Todas tenían el mismo objeto social, relacionado con la comercialización y la distribución de productos cárnicos, en especial avícolas. Éste era el caso de Comercial Gallego S. L., con el domicilio en Torrijos y en la misma calle que Piensos Carrillo S. L. En esta misma población también se radicaba Pollo Ibérico S. L., aunque en otra dirección.
Sin embargo, El Abuelo Morata S. L. y Alvasar Alimentaria S. L. tenían el domicilio social en Villanueva de Alcardete, a 120 kilómetros de Torrijos. El objeto social de ambas empresas era el mismo: la intermediación en el comercio de productos alimenticios.
Por esta acusación será juzgado este miércoles en la Audiencia Provincial de Toledo, donde el Ministerio Público pedirá cuatro años de prisión para el procesado por un delito contra la Seguridad Social. Además, exigirá el ingreso de los casi 250.000 euros a la Tesorería, con los intereses correspondientes; el pago de una multa de 494.922 euros y la imposibilidad de que el encartado obtenga subvenciones o ayudas públicas. Asimismo, la Fiscalía reclamará para el inculpado la pérdida del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cinco años.
Una inspectora de Trabajo y Seguridad Social y un trabajador de la Tesorería General de la Seguridad Social declararán en este juicio contra el empresario, que tiene antecedentes penales que no son computables en esta causa, instruida por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Torrijos.
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