CCOO y UGT rechazan el ERE de Pablosky y cuestionan su legalidad

Tal y como recordaron, la empresa tiene una plantilla de 315 trabajadores, y la empresa intentó que pasaran a ser fijos discontinuos con parte de la plantilla, personal que «ha tenido pérdidas económicas en sus salarios».

Este año, según relatan los sindicalistas, «vuelven a proponer ser fijos discontinuos», perro la gente «está cansada de ver lo que está pasando en la empresa».

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Ahora, pretenden «despedir a 48 personas», pero es una cifra que «va más allá», según explicaron, ya que la intención de la empresa de calzado es quedarse con 249 trabajadores para ser una pyme.

El cálculo de CCOO y UGT pasa por una previsión de que se despidan a cerca de un centenar de trabajadores, toda vez que unas 68 están «en edad de prejubilarse o jubilarse» y se han quedado fuera de la posibilidad de acogerse a bajas voluntarias.

La representación de la parte social subrayó que consideran «infundadas» las causas económicas alegadas por la empresa para justificar el ERE y que en consecuencia solicitarán a la autoridad laboral que no lo apruebe; al tiempo que sus asesorías jurídicas demandarán en su caso la nulidad o la improcedencia de los despidos si Calzados Pablo llega a realizarlos en los términos que pretende, con la mínima indemnización legal más unas «míseras limosnas».

Además, anunciaron que el martes próximo reunirán a la asamblea de trabajadores para informarles de la situación y decidir las acciones sindicales a emprender para oponerse a los «despidos traumáticos» que supondrá el ERE que quiere llevar a cabo la familia Martín-Caro.

«No puede ser que haga un ERE a su antojo; un ERE que no es necesario porque igual resulta que en 2023 no tienen las mismas ganancias que el año anterior, pero pérdidas no tienen», recalcan.

Además, añade la representación sindical que desde junio del año pasado la empresa «se llevó a Marruecos parte de las secciones de cortado y aparado», y si ese trabajo lo dejan en Fuensalida, «las 48 personas que quieren echar no sobrarían».

«Y porque no se van a deshacer de 48 personas, sino de más de cien, porque hay otras 68 más a las que han excluido del ERE porque tienen más de 63 años y se van a ir jubilando de aquí a 2026, sin coste alguno para la empresa», recalcó..

Tras la mediación del 14 de diciembre, cuando ambas partes decidieron ampliar el periodo de consultas, los sindicatos tenían «la esperanza de llegar a un acuerdo», porque en una plantilla de 315 personas, hasta 110 son mayores de 59 años.

Ante esta situación, «los propietarios de Calzados Pablo responsabilizaban a estas personas en su conjunto de haber presentado denuncia ante la Inspección».

Además, los empresarios «solo ofrecieron la posibilidad de negociar salidas voluntarias para dos colectivos» como las personas menores de 50 años y las que tengan entre 61 y 62, «dejando fuera a los mayores de 63, porque no tardarán en jubilarse», concluyó la representante sindical.