Diputación aprueba 10 convenios para gestionar tributos e ingresos

En este punto, el vicepresidente de Cooperación, Infraestructura, Hacienda y Presupuesto, Santiago García Aranda, destacó la importancia de esos acuerdos «por cuanto regula la relación del organismo con las entidades y consorcios en la recaudación y gestión de los tributos y otros impuestos de derecho público».

Con estos convenios, el Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria de Toledo, que gestiona y recauda los tributos locales de 193 municipios, actualiza la gestión y recaudación con el Consorcio Provincial de Servicios Públicos Medioambientales de la provincia de Toledo, el Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Toledo (Cpeis), el Consorcio Ciudad de Toledo, el Colegio de Gestores Administrativos de la provincia de Toledo, o la Comunidad de Usuarios de la ‘Sierra de Altomira’.

Otro de los puntos del orden del día del pleno que se abordó fue el plazo medio de pago a proveedores por parte de la Diputación de Toledo, cuya información fue remitida al Ministerio de Hacienda, y que quedó fijado, en el mes de diciembre, en 10 días de media, algo que el vicepresidente y portavoz, Santiago García Aranda ha calificado «de importante logro económico y un asunto a poner en valor, porque facilita la liquidez de los proveedores y la eficiencia de la gestión de los órganos económicos de la Diputación de Toledo.

Por otra parte, el presupuesto de la institución para el 2021 empieza a ejecutarse con inversiones millonarias en la provincia, tras entrar en vigor el 1 de enero del presente año, generando progreso y desarrollo en los pueblos toledanos.

García Aranda afirmó que «se trata de un presupuesto que en enero ha comenzado a concretarse en medidas importantes para el conjunto de la provincia, como los planes provinciales de obras y servicios, con más de 10 millones de inversión, que van a dedicarse a inversiones en infraestructuras municipales».

En estos primeros pasos del presupuesto del 2021, hay que mencionar igualmente la ayuda extraordinaria por un montante de 1 millón de euros destinados a los municipios de la provincia de Toledo afectados por el temporal «Filomena» para apoyar a los ayuntamientos ante los gastos y los daños ocasionados por el mismo

García Aranda también se refirió a la apuesta del Gobierno de la Diputación por el empleo «con la partida superior a los 10 millones de euros destinada a sumarse a los planes de empleo y programas de recualificación y reciclaje profesional en colaboración con la Junta de Comunidades», que en conjunto supondrán la contratación de más de 6.000 personas en la provincia.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Pedro Congosto, urgió al presidente de la institución, Álvaro Gutiérrez, a poner en marcha las ayudas directas a ayuntamiento s que se aprobaron, por unanimidad y a propuesta del PP, en los últimos Presupuestos Provinciales, para que los ayuntamientos pudieran emplearlas en el arreglo de caminos, lo que es aún más importante tras el temporal Filomena, así como para poder ayudar a las pymes y autónomos de nuestros pueblos, que son de los sectores más afectados por las restricciones por la pandemia.

Así, Izquierda Unida Podemos propuso la creación de asistencia técnica específica en materia del ciclo integral del agua para conseguir «la mejor eficiencia y eficacia en la gestión del ciclo integral del agua». «Nuestra propuesta se basa en poner al servicio de las corporaciones locales; personal o medios suficientemente cualificados, para garantizar que existan los controles municipales a las entidades gestoras, y asegurar el cumplimiento de las normas vigentes, velando por la calidad de los vertidos a cauces públicos y la sostenibilidad del entorno», declaró Mario García, diputado de Unidas Izquierda Unida Podemos.

Finalmente, el diputado provincial de Ciudadanos, Julio Comendador, solicitó a la Diputación que cumpla de manera estricta el protocolo de vacunación contra la covid que se desarrolla en la Residencia Social Asistida San José (RSA) e instó a la Corporación provincial a asumir el «compromiso ético» de pedir la dimisión o cesar de manera inmediata a cualquier cargo público que se salte las normas establecidas.