El PAU 'Palacio', urbanismo de usar y tirar

La aprobación inicial del cambio de uso del suelo, pendiente de informe medioambiental y de ratificación por la JCCLM, si se produce, nos retrotrae al urbanismo toledano de siempre, a la creación de un nuevo barrio disperso, rodeado por vías rápidas que impiden la continuidad con el espacio ya construido, a no ser que se soterraran como la M-30 madrileña, y sin más comunicación con Buenavista que dos pasarelas peatonales. Tampoco se justifica el cambio de suelo rústico a urbano por necesidades habitacionales, cuando hay más de 3.000 viviendas vacías, se anuncian nuevos desarrollos en el Polígono y el PAU «Montecigarrales», además de suelo urbano disponible en otras zonas.

Y más allá de eso, en el sector Palacio, antes Observatorio, hay condicionantes medioambientales necesitados de respeto por su alto valor natural y ubicación en el corredor fluvial del Tajo, y más según la Estrategia Europea de Infraestructuras Verdes Conectividad y Biodiversidad, la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas, y el Decreto con la misma denominación que prepara la Junta de Castilla-La Mancha. Tampoco se pueden ignorar los condicionantes derivados de la calificación de Toledo por la UNESCO como 'Ciudad Patrimonio de la Humanidad', al encontrase dentro de su Buffer Zone y en contacto con uno de los conos visuales del PECH de 1997.

Como se ha expuesto en otros artículos, el urbanismo toledano necesita cohesión entre barrios dispersos, lo que es posible mediante formas de renaturalización de los intersticios no construidos, como se hace en Madrid con los programas del «Bosque Metropolitano» y el «Arco verde». Y por otra parte, esa cohesión exige consolidar las urbanizaciones existentes, no añadir una pieza más de dispersión, al menos hasta que las necesidades de crecimiento lo requieran. La ciudad no debe agravar los problemas de conexión entre barrios por su dispersión y bajas densidades residenciales, lo que, entre otras cosas, incide negativamente en la movilidad de los toledanos y en las dificultades para disponer de medios colectivos de transporte eficaces, rápidos y sostenibles.

Por otra parte, se justifica el cambio de uso del suelo para evitar traslados residenciales a los pueblos del área metropolitana por falta de vivienda dentro del municipio, como si la expansión de las periferias no fuera un fenómeno general de nuestro tiempo con causas múltiples. Hoy, el 47,6 % de la población metropolitana de Madrid vive fuera de la capital, el 68,6 % en Barcelona y el 47,1 % en Guadalajara. Nada, pues, sorprende que el 32,4 % de los habitantes de la aglomeración toledana prefiera residir en los pueblos de su entorno. Entre otras razones, porque los precios del suelo son más bajos, hay contacto con la naturaleza, se dispone de mayor superficie habitacional y de acceso a la vivienda unifamiliar, que se considera más atractiva por influencia del higienismo del XIX e imitación de los modos de vida de los países anglosajones. Y, a eso se añaden elementos de calidad de vida y que la distancia al centro de Toledo no es mucho mayor que la existente entre algunos de sus barrios, y eso sin considerar las personas que se desplazan a diario a Madrid por razones laborales. ¿Realmente, las viviendas de Palacio competirán favorablemente en condiciones de calidad y de estilo de vida con las que ofrecen los pueblos del entorno toledano? ¿O no serán más bien viviendas para facilitar, en el mejor de los casos, cambios residenciales entre barrios o perspectivas de inversión en una ciudad en la que el 20,2 % de sus viviendas no son principales y el 6,2 % están vacías? Y el tamaño de 3 habitaciones previsto por la inmobiliaria, ¿será adecuado para una demanda mayoritaria de una o dos personas?

¿La justificación del nuevo barrio por motivaciones supuestamente sociales, con el 40 % de viviendas de protección social, después del «pelotazo urbanístico» de la recalificación de suelo, no tendría más sentido dentro del Casco Histórico y en los barrios necesitados de remodelación, como Palomarejos? ¿Acaso no sería más urgente la creación de un parque público de viviendas para jóvenes y parejas en esos ámbitos, como se hace otras ciudades? A modo de ejemplo, en el Casco Histórico de Vitoria desde 1982, cuando ya recibió el premio Europa Nostra a su rehabilitación.

En definitiva, si lo que se ofrece son nuevas unidades dispersas de urbanización, en el caso de Palacio, envuelta por vías rápidas de cuyo ruido habrá que protegerse con pantallas acústicas, como en Buenavista o Casa de Campo, se estaría añadiendo complejidad y confusión al urbanismo actual, además de aumento de costes para un Ayuntamiento que demuestra dificultades financieras para el mantenimiento de las nuevas urbanizaciones. Las declaraciones sobre un nuevo complejo hotelero en La Cava y de construcción viviendas en Tenerias, como las expectativas sobre un nuevo POM, revelan continuidad con el urbanismo del equipo anterior de gobierno municipal, basado en el concepto de ciudad de «usar y tirar» o de «urbanismo itinerante», donde el objetivo principal es la creación constante de suelo urbano, mientras se dejan en abandono o en la indiferencia los barrios construidos, ignorando la pérdida de población de muchos de ellos, su deterioro morfológico y declive de variedad funcional. Y a eso se una la disminución de actividad comercial tras la apuesta por las grandes superficies comerciales y de ocio en la periferia, conforme el modelo norteamericano: Luz del Tajo y La Abadía.

Todavía habría que añadir otros hechos, desde 1950 a 2022, la población de Toledo aumentó en proporción de 212 respecto al índice 100 en 1950 y las viviendas en 1.049. Actualmente, el 20,2 % de las viviendas de Toledo no son principales y el 6,2 % están vacías, lo que demuestra la existencia de una considerable proporción de vivienda secundaria o que se retiene como inversión, sin entrar en la oferta en alquiler. Por lo tanto, con ese contexto residencial y con un crecimiento poblacional escaso, negativo en 5 años (2013, 14, 15, 21 y 22), no hay argumentos, salvo intereses especulativos, que justifiquen el cambio de uso del suelo en el sector de Palacio, en un entorno de valor ambiental y dentro de la «Buffer Zone», lo que exige consulta a la UNESCO de cualquier actuación en su interior.

Por el momento, sería deseable que la labor municipal se orientara a requilibrar la ciudad, más que a desarrollos especulativos, a consolidar los barrios existentes, a acometer operaciones de rehabilitación y renovación en los que pierden población y vitalidad funcional, como Palomarejos y Santa Teresa-Reconquista. En cuanto al sector inmobiliario de Toledo, como el del conjunto de España, es evidente la necesidad de inversión pública para atender carencias de vivienda social, sobre todo para jóvenes, pero no sobre suelos urbanos nuevos sino sobre los existentes.

Todo eso pasa también por la incorporación de mecanismos de seguridad jurídica y de garantía fiscal que animen a los particulares a sacar al mercado de alquiler sus viviendas no principales, además de establecerse un estricto control de los pisos turísticos, cada vez más bajo empresas deslocalizadas que desvían viviendas hacia este sector de la economía. En definitiva, Toledo requiere un urbanismo reflexivo, que respete el patrimonio y el paisaje, que coloque al ciudadano en el centro de la acción, y ponga freno a un «urbanismo itinerante y despilfarrador», a un concepto de ciudad de «usar y tirar», sin más objetivo que la rápida obtención de plusvalías por la recalificación de suelos rústicos y una construcción «industrializada», sin calidad arquitectónica y menos paisajística.