Detenidas tres personas y otras diez investigadas por la caza furtiva de erizos y liebres en Talavera y La Jara

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Toledo ha detenido a tres personas e investigado a otras diez en el marco de la operación 'Pinchudo', por su presunta implicación en delitos contra la flora y la fauna, así como por pertenencia a grupo criminal. Según ha informado la Comandancia, los encartados organizaban jornadas de caza furtiva con el objetivo de abatir erizos y liebres en distintas localidades de la comarca de La Jara y en el entorno de Talavera de la Reina.

La investigación comenzó hace seis meses, a raíz de una actuación de la Patrulla de Comandancia de Protección de la Naturaleza de Toledo (PacProna), que detectó en redes sociales diversas publicaciones fechadas en 2023 y 2024. En ellas se observaban vídeos y fotografías en los que varios individuos posaban con erizos capturados con la ayuda de perros adiestrados, y mostraban además el cocinado de los mismos para su consumo durante celebraciones y reuniones.

Los agentes lograron identificar a todos los miembros del grupo tras el visionado del material audiovisual recopilado, confirmando que las batidas se habían realizado entre los meses de febrero y septiembre, periodo que coincide con la época reproductiva del erizo común (Erinaceus europaeus), especie protegida por la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y recogida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha.

El Seprona estima que el grupo habría capturado al menos 446 ejemplares, lo que supone un daño valorado en unos 627.000 euros, según el baremo establecido por la normativa. Las actuaciones se desarrollaron en terrenos no autorizados para la caza de esta especie y sin ningún tipo de control sanitario, lo que agrava el perjuicio medioambiental.

Además de la caza de erizos, los investigados están implicados en la captura furtiva de liebres. Según el relato policial, utilizaban visores térmicos para localizar a las piezas encamadas y luego soltaban galgos para darles caza, todo ello grabado desde vehículos todoterreno circulando campo a través. A través de los vídeos publicados en redes sociales, los agentes lograron situar estas acciones en cotos privados de caza, donde los implicados actuaban sin la autorización del titular cinegético correspondiente.

La Guardia Civil recuerda que el Código Penal castiga los delitos contra la fauna y la flora con penas de seis meses a dos años de prisión o multas de ocho a veinticuatro meses. Estas penas pueden verse agravadas cuando las infracciones se cometen dentro de una estructura organizada, como es el caso de los grupos criminales. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones o imputaciones.