Desalojo exprés del cuartel de Toledo: sin tiempo ni viviendas

En Toledo, autoridades y Guardia Civil llevan años intentando buscar la mejor ubicación para el nuevo cuartel. Un espacio que permitiese la construcción de un mayor número de viviendas, además de unas instalaciones acordes a las necesidades actuales.

Durante este tiempo se han barajado varios terrenos como posibles opciones para levantar el acuartelamiento. Sonó con fuerza Vega Baja, pero el hallazgo de restos arqueológicos llevó a buscar otras localizaciones. También lo hizo el Polígono, ya que Ayuntamiento y Junta tenían dos parcelas en el barrio. Y antes fue La Peraleda, que quedó descartada en octubre del pasado año ya que los informes técnicos alertaban de que se trata de una zona con riesgo de inundabilidad debido a su proximidad al río Tajo y por afección al cono visual del Casco.

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Se mareó la perdiz. Mucho. Para finalmente llegar al punto de partida. El pasado miércoles 22 de enero, día previo a la festividad de san Ildefonso patrón de la ciudad, la Dirección General de la Guardia Civil hacía llegar a la Comandancia de Toledo un correo electrónico donde se les informaba que las últimas catas del inmueble había confirmado daños estructurales que aconsejaban el desalojo de los pabellones en un breve plazo y de la construcción del nuevo cuartel en las actuales dependencias de Palomarejos.

Una noticia que no llegaba exenta de polémica no solo por la elección de la nueva ubicación sino por el plazo, de poco más de veinte días, que se les daba a algunas de las familias para abandonar sus viviendas.

En total se derribarán diez bloques, tanto en la calle Duque de Ahumada como en la calle La Rioja. «Unas setenta familias tienen que desalojar sus viviendas antes del 15 de febrero y el resto tiene un plazo de hasta el 30 de junio», señala Daniel Timón, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Toledo (AUGC) que apunta que hay afectados unos 160 núcleos familiares.

Tirando de hemeroteca, el guardia civil alude que existe un informe fechado a 30 de enero de 2023 -hace ahora dos años- en el que los técnicos aconsejaban ya «el desalojo y la demolición del cuartel porque había riesgo de colapso».

Recuerda que en octubre del pasado año se empezaron a apuntalar las primeras viviendas. «El 4 de diciembre nos contestan a un escrito diciendo que no había riesgo para las personas y en cuarenta días hay que salir corriendo. ¿Cómo se come esto?», se pregunta indignado.

Hace especial hincapié en que los residentes no se oponen al desalojo, «porque esto ya se debía de haber desalojado antes», pero lamenta la falta de previsión y de alternativas por parte de las instituciones para afrontar esta situación. «Lo que no puede ser es que de repente haya familias que tengan que salir corriendo y, además los agentes que tienen que desalojar tienen que trabajar hasta el último día», puntualiza Timón.

Por ello, desde la AUGC aseguran que harán «todo lo que esté en sus manos» para evitar que este desalojo sea lo menos traumático posible. De momento, anuncia que han enviado un escrito a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto de Operativos, Manuel Llamas Fernández, para solicitar una moratoria voluntaria con el fin de que todas las viviendas se desalojen a 30 de junio, «siempre y cuando sea viable y los inquilinos lo acepten. Si un afectado se quiere marchar antes pues tiene libre elección», matiza.

Con esto lo único que pretenden -afirma- es «ganar tiempo» para que las familias puedan buscarse una vivienda digna donde poder alojarse. Calcula que en la provincia de Toledo hay unas diez viviendas disponibles en precario. «Precario significa que a mí me dan una vivienda en Argés y mañana si viene un compañero destinado a la localidad me tengo que marchar porque la vivienda es para él». A esta situación tampoco ayuda el «el inasumible» mercado inmobiliario del alquiler en la capital regional, recalca.

Entre sus pasos más urgentes se encuentra la convocatoria de una reunión con los afectados en la comandancia para mañana martes con el fin de consensuar los próximos pasos.

Desde la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) la indignación también es compartida. Su secretario provincial en Toledo, Pedro Rodríguez, lamenta la premura con la que tienen que abandonar sus viviendas las primeras familias. «Son familias muchas de ellas con menores a su cargo que tienen que seguir yendo al colegio o que trabajan en la ciudad».

Para intentar paliar esta situación declara que desde la asociación «estamos intentando obtener algún tipo de facilidad a través de una entidad privada para intentar obtener unas condiciones lo más favorables posibles y que los guardias civiles puedan alojarse bien en la capital o en las poblaciones más cercanas».

Rodríguez tiene claro que lo que las administraciones han venido haciendo durante todo este tiempo ha sido «dilatar el problema y ahora pues se nos ha hundido el suelo bajo los pies», sentencia.

Por su parte, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha puesto a disposición de la Benemérita espacios municipales en los que pueda seguir desarrollando sus labores administrativas y prestando servicio a los ciudadanos durante, al menos, los dos años que está previsto que duren las obras.