David Rodríguez: «Si no hay ayudas para la vivienda protegida habría que plantear si debe mantenerse»

—En la última reunión de la asociación se debatió como uno de los principales problemas en el sector los numerosos problemas de los posibles adquirentes de viviendas ¿Cómo está la situación en estos momentos?

—Hacer vivienda protegida durante muchas décadas ha tenido su razón de ser, pues el objetivo es conseguir una vivienda a un precio limitado, accesible y dirigido a familias con unos ingresos también limitados. A cambio, se disponía una serie de limitaciones para las transmisiones con unos años de carencia de prohibición o condicionada a posibles transmisiones posteriores. Además, a cambio tenían incluso una serie de ayudas directas, como por ejemplo una subsidiación de préstamos o de puntos en la financiación. Hace unos 15 o 20 años el precio de la vivienda protegida era sensiblemente inferior al de la vivienda libre. Y aquí se vio el éxito que tuvo en Toledo, aunque luego no fructificó, en el caso de la Vega Baja, porque los precios que se barajaban eran atractivos. En cambio ahora, con la crisis de hace 10-15 años, la situación no es así.

Tenemos muchos municipios en los que el precio de la vivienda libre está prácticamente a la par que el de la vivienda protegida y además nos encontramos con el handicap de que las ayudas que había han desaparecido. Así, al final tenemos que la normativa urbanística que impone un porcentaje de hasta un 50% de vivienda protegida en los nuevos desarrollos en muchas localidades ya no es atractiva para el adquirente porque no hay ayudas y no se facilita el acceso a la financiación. Y a eso se añade que al adquirente se le exige que tenga unos ingresos limitados, porque en caso contrario no puede acceder, pero al mismo tiempo que tenga ahorrados 30.000 o 40.000 euros para poder hacer frente a la entrada de la vivienda, y además sin ningún tipo de ventaja frente a la vivienda libre. Por tanto, o metemos esas ayudas u otras que hagan que la vivienda protegida sea atractiva o igual es una figura que hay que plantearse hasta qué punto hay que mantener. La filosofía desde luego no es acabar con la vivienda protegida o de precios tasado, sino hacer que realmente sea un producto atractivo. Y en el caso de una empresa que va a desarrollar un plan, se ve obligada a limitar el 50% de la edificabilidad a este tipo de viviendas pero luego no tiene a quién vendérselas.

—¿Qué administración es la más directamente responsable de que estas ayudas vuelvan a estar a disposición?

—Lo primero es un plan estatal de vivienda que establece los marcos y las líneas básicas, y luego también hay competencias autonómicas, aunque muy limitadas hasta que no conozca el plan estatal para saber qué tipo de ayudas puede o no puede meter.

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—Otra de las cuestiones importantes de las que el sector se queja es las dificultades y la burocracia a la hora de tramitar los proyectos urbanísticos en ciudades y pueblos.

—Es cierto que hay muchos municipios que no cuentan con planes de ordenación o tienen normas subsidiarias que vienen de épocas muy distintas y que prácticamente están completamente obsoletas, pero nos referimos más a que en cualquier desarrollo te puedes ir a 6 o 7 años. E incluso con todo ya aprobado las licencias municipales tardan meses, y muchas veces injustificadamente, tanto las licencias de inicio como las de las de finalización y primera ocupación de la vivienda. En esta situación al final lo que pasa es que un promotor que requiere una financiación y planificación, como los plazos se dilatan, incrementan sus costes y al final puede repercutir en el precio. Incluso cuando ya están terminadas las viviendas, si se consigue de la administración autonómica la figura de una declaración responsable que el promotor firma comunicando al ayuntamiento la finalización conforme al proyecto, en el plazo de 15 días el ayuntamiento puede requerir que se subsane cualquier cuestión y si no dice nada, se puede acceder directamente al registro y a la financiación. Lo que pasa es que en muchos casos el ayuntamiento sí está diciendo algo y con ello ese plazo se interrumpe y no se puede acceder al registro. Y así pasan meses, desde que la familia ve que su vivienda está terminada y la empresa está deseando escriturar para poder concluir la operación, hasta que los ayuntamientos conceden la licencia de primera ocupación definitiva. Imagina que cuentas con tu vivienda en mayo, dejas el alquiler y te dicen que no te la dan hasta septiembre y te tienes que buscar algo para el verano, o ir a casa de los padres, guardar muebles... son costes que al final la disciplina que se supone que tiene que proteger a la sociedad lo que está haciendo es estrangularla.

—¿Y esto por qué ocurre? ¿Hay un exceso de celo de la administración local?

—Nosotros podemos entender la saturación, pero no es nada comparable a lo que había hace 15 o 20 años. Por ejemplo en otras comunidades se ha externalizado este servicio de licencia final. Por tanto, con empresas técnicamente acreditadas se puede hacer este servicio, sin perjuicio de que la administración pueda hacer una verificación posterior. No estamos hablando de descuidar la disciplina, sino de que la disciplina no estrangule aquello que se supone que tiene que proteger.

—Otra queja del sector es la falta de suelo...

—Aparte de la planificación de una ley del suelo, lo que las empresas constructoras quieren y necesitan es seguridad jurídica. No podemos tener una normativa volátil con la que no sabemos si hoy puedo construir o si mañana ese suelo va a dejar de ser urbanizable, porque estamos hablando de hacer grandes inversiones en suelo cuyo valor es lo que puede haber cuando se desarrolle, no lo que haya. Ese es el ejemplo de la Vega Baja de Toledo. Al final se trata de tener una seguridad jurídica, con una ley de suelo, unos planes de ordenación, una normativa urbanística estable y adecuada a la realidad y sobre todo ágil. Porque ahora pasan de 4 a 5 años como poco, y siendo todo muy rápido, desde que alguien tenga una idea hasta que la pueda fructificar, lo que influye en precios, empleo o tendencias.

—Desde hace tiempo es un grave problema en el sector la falta de mano de obra y los contratos, y eso pese a tener mejores condiciones económicas que otras actividades ¿cómo está esta cuestión?

—Las condiciones económicas en la construcción están por encima de otras actividades, y los horarios y calendarios también son más benévolos, en el sentido de que hay unas horas anuales establecidas y normalmente no se trabaja fines de semana. También es un sector muy regulado en cuanto a temas de prevención y formación, porque evidentemente es un sector peligroso cuyos riesgos se intentan atajar. Pero lo que nos hemos encontrado también es que, con la anterior crisis, la mano de obra veterana experta y conocedora del oficio salió del sector por falta de actividad y otra parte se jubiló. Lo que no ha habido es un relevo en el que ese conocimiento se haya transmitido a los trabajadores que entonces eran muy jóvenes y que ahora no lo son tanto y les correspondería coger ese relevo. Pero también nos estamos encontrando con mano de obra llegada del extranjero, gente en muchos casos conocedora del oficio y con voluntad de trabajar que aprovechan en cuanto vienen para hacer su formación obligatoria en prevención de riesgos y otros aspectos, pero saben que tienen que pasar unos meses, porque así lo determina la normativa laboral, en los que no pueden formalizar un contrato de trabajo. Por tanto, están en un limbo donde las empresas ven a un señor que sabe que puede trabajar, que tiene experiencia y la voluntad de hacerlo, pero están esperando a que tengan la tarjeta verde para poder formalizar el contrato.

—¿Qué tiempo aproximado es el que se tiene que esperar para poder formalizar el contrato?

—Nosotros impartimos cursos de formación y con los alumnos lógicamente hablamos sobre cómo hacerlo, pero estamos hablando de más de un año o un año y medio. Así que muchos de ellos sí tienen tiempo y disponibilidad para hacer una formación, pero no nos engañemos porque al final tienen que pagar unos alquileres y mantenerse a veces trabajando en la clandestinidad, sin condiciones laborales. Esto es así y perjudica a las empresas, porque entre otras cosas es una competencia desleal para los que quieren hacerlo bien.

—¿Incluso se animan a montarse por su cuenta?

—Si se montasen por su cuenta, perfecto, aquí tienen posibilidad. El problema es que como tampoco pueden, al final, hablando claro, terminan trabajando para las empresas piratas. Y esas no les pagan lo que deben, ni echan las horas que deben, o los planes de seguridad y la formación no son lo que deben ser y se están ahorrando entre unas cosas y otras entre un 30 o 40%. Además, la reforma de una vivienda o la construcción de un chalet lo pueden hacer mucho más barato que una empresa que tenga que cumplir todos los requisitos, porque se están ahorrando todos esos gastos. Totalmente una competencia desleal.

—¿Cómo están funcionando las escuelas de formación de la construcción?

—Nosotros somos patronos de la Fundación Laboral de la Construcción, que ahora cumple ya 30 años de su constitución y la verdad es que funciona muy bien. Tenemos 50 centros en toda España y unos 22.000 alumnos al año, y al menos por lo que percibimos el grado de satisfacción es importante, Solo aquí en Toledo todos los años venimos formando a unas 500 personas. Pero es formación, no significa que pongamos a 500 personas en el mercado de trabajo, sino a 500 personas con la formación necesaria; luego hace falta que se les pueda contratar. Pero muchos que vienen de fuera repiten hasta que pueden entrar a trabajar.

—Capítulo muy importante también en la construcción es el coste de los materiales y su evolución en la tipología ¿Cuál es la situación actual?

—Hay cambios que son para bien porque nos encontramos con procesos constructivos más ágiles, seguros, limpios y más rápidos, hasta el punto de que se puede montar una vivienda prácticamente en dos meses con materiales prefabricados y con una calidad que nada tiene que envidiar a la construcción tradicional. En eso vamos ganando. Por contra, estamos viendo cosas como materiales tipo acero o minerales, o el subidón del coste de energía en los últimos años, cuestiones que repercuten en el coste de una vivienda. Si es justificado o no, que cada uno que piense lo que quiera. Evidentemente ha habido un incremento de estos costes. Incluso aquello llevó a hacer un ajuste en los precios en las obras públicas, puesto que las empresas que tenían que acometer grandes obras en muchos casos era inasumible para ellas poder terminarlas.

En el caso del particular, al final quien se quiere hacer una vivienda pide un presupuesto que ahora las empresas dan con una validez limitada, pues si antes se daba para tres meses, ahora es para 15 días. Y eso porque no sé cuánto me van a costar los ladrillos y otros materiales. Por tanto, cuanto más estable sea algo, más tranquilo viviremos todos, pero la verdad es que llevamos unos años con una volatilidad importante.