Podemos estudia plantear una Ley de memoria histórica regional

Navarrete reconocía que esperaba que el resto de grupos políticos se sumen para poder llevar a cabo esta Ley porque es «muy importante, ya que habla de derechos humanos». Junto a ella estuvieron el representante de la Asociación Gavilla Verde, Julio de la Parra , y el representante de la Asociación Ciudadanos por la República, Rafael Priego , informó Ep.

Según dijo Ana Navarrete, esta actuación está encaminada a «generar garantías de no repetición y de justicia para las víctimas del franquismo». Añadió que la idea es que se apruebe la Ley en Castilla-La Mancha, al igual que se ha hecho en Andalucía, y que más tarde «se vayan sumando otras comunidades porque la Ley estatal se quedó coja».

Por ello, ambas asociaciones pidieron, junto a Podemos, que se eleve esta propuesta a las Cortes de Castilla-La Mancha para, según Priego, realizar «una profunda reforma» de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, conocida como Ley de Memoria Histórica para que se adapte a «los convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y a las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas».

Este Proyecto de Ley iría en la dirección de la Ley de Memoria Histórica, pero, según Priego, «recogiendo los principios del derecho de verdad, justicia y reparación en relación con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la época fascista».

Entre las iniciativas legislativas que incluiría esta Ley, se encontraría el «promover políticas públicas para localización, exhumación y identificación de toda las víctimas con la debida dotación presupuestaria; y establecer protocolos para la localización, exhumación e identificación de restos a través de la creación de un mapa integral de todas las fosas comunes y un plan integral de exhumaciones».

Además, se encontraría el declarar la «nulidad de pleno derecho de las sentencias de tribunales y órganos franquistas; prohibir la exhibición pública de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y que haya una sanción para las administraciones que no cumplan; restituir el patrimonio documental y el libre acceso a archivos; incluir la memoria en la enseñanza primaria, secundaria, de adultos y universitaria; y, por último, crear una Comisión de la verdad que investigue la violación de derechos humanos durante el franquismo.