¿Para qué sirven los plenos?

Cualquiera que no siga la actualidad política de la ciudad a diario, es decir, el 99 por ciento de la población, se preguntará: ¿Tiene capacidad de legislar el Ayuntamiento de Toledo sobre esos temas? Pues, obviamente, no.

En el caso de la primera moción, el pleno toledano «insta al Gobierno de España a derogar el Real Decreto Ley/2012», y con ello «reconocer el derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones a todas las personas que se encuentren en el territorio español independientemente de su situación administrativa».

El vocablo «instar», según la RAE, significa «repetir la súplica o petición, insistir en ella con ahínco». Sin embargo, parece evidente que el Gobierno de España actuará como le plazca en este asunto o, en todo caso, si tiene vocación de diálogo, escuchará cuál es la postura de la oposición en el Congreso de los Diputados .

Entonces, si el Gobierno de España no va a tener en cuenta lo aprobado en el Ayuntamiento de Toledo, ¿por qué se presentan ese tipo de mociones? Pues porque, en 14 páginas, el reglamento orgánico del pleno del Consistorio toledano, publicado el 2 de febrero de 2006 en el Boletín Oficial de la Provincia, no dice nada sobre qué clase de propuestas se pueden presentar.

Y así ocurre, que en algunos casos las mociones ni siquiera instan a alguna administración a que apruebe o deroge una ley. Simplemente, se presentan para que conste en acta la opinión de un grupo político acerca de un tema que está de actualidad y que no tiene por qué tener relación con Toledo. Aunque siempre habrá quien objete que todo lo que sucede en el mundo afecta a la ciudad. Un ejemplo es la moción contra el acuerdo de la UE y Turquía para deportar a los refugiados, «un empeño personal» de Javier Mateo, portavoz de Ganemos, que «no quiere ser cómplice de una vulneración flagrante de los derechos humanos» .

En lo que llevamos de legislatura, todos los grupos políticos, salvo quizás Ciudadanos, han presentado mociones que no son competencia municipal. En el pleno de marzo, el PP quería que el Ayuntamiento se pronunciara «en defensa de las diputaciones ». El contexto a esa propuesta es el acuerdo que a nivel nacional alcanzaron PSOE y Ciudadanos para formar Gobierno, y que contemplaba esta medida. De forma sorprendente, los socialistas apoyaron la moción y ésta se aprobó. Sin embargo, no consta que Pedro Sánchez y Albert Rivera desterraran esta propuesta de su acuerdo.

En febrero, el PP quería que el pleno votara a favor de «la libertad de educación». Aquellos días se negociaban los presupuestos de Castilla-La Mancha y el PSOE, necesitado del apoyo de Podemos para seguir gobernando en la comunidad autónoma, aceptó congelar el dinero que cada año se destina a los colegios concertados. El PP de Toledo, como sus jefes a escala regional, consideró que eso es un ataque a la libertad educativa y pretendía que el pleno le secundara. No lo hizo, pero en caso contrario, ¿el Gobierno de Castilla-La Mancha se habría siquiera replanteado adónde destina el dinero que invierte en educación? Parece claro que no.

En el pleno de noviembre, el PSOE presentó una moción en la que se instaba al Gobierno de España a derogar la ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Esta norma es clave para entender la política del Gobierno de Rajoy y, básicamente, obliga a los ayuntamientos a no endeudarse. La moción se aprobó con los votos de Ganemos. Seis meses después, la ley sigue estando vigente.

Si hay un partido especialista en este tipo de mociones, ese es Ganemos. En julio, inició la legislatura presentando una moción contra la llamada «ley mordaza» del Gobierno de Rajoy. La propuesta se aprobó con los votos del PSOE, pero la «ley mordaza» ahí sigue.

En octubre, Ganemos tiró más alto y apuntó a Europa. Su moción para que Toledo fuera declarado municipio opuesto al Tratado Internacional de Libre Comercio fue rechazada al abstenerse el PSOE y votar en contra el PP y Ciudadanos.

En noviembre, en cambio, su propuesta para instar al Gobierno de España a la derogación del Real Decreto 900/2015, y caminar hacia el autoconsumo energético, encontró el apoyo del PSOE y Ciudadanos. Como también lo obtuvo (en este caso solo el del PSOE) en febrero, cuando presentó una moción que instaba al Gobierno nacional a que derogara el apartado tres del artículo 315 del Código Penal, relativo a la «criminalización del derecho de huelga».

En definitiva, que el reglamento del Ayuntamiento de Toledo no pone límites al tipo de mociones que se pueden presentar, pero sí establece que cada grupo político solo puede proponer un máximo de dos por pleno. Pero, ¿las que se presentan son las que más se ajustan a las necesidades de los toledanos?