Molina, a su salida de los juzgados: «No he cobrado ninguna comisión en mi vida»

El exregidor toledano, que desde hace dos años y medio ejerce de canciller de la Embajada Española en la República Democrática del Congo, ha llegado a los juzgados de la capital a las 10.30 horas y ha asegurado a los medios allí congregados que no quería hacer declaraciones al respecto. Dos horas después salía de los despachos asegurando que «está tranquilo» porque «no ha cobrado ninguna comisión en su vida. Mi único patrimonio es el personal». Dijo que espera haya «una resolución con carácter inmediato» y ha afirmado que se ha reiterado en lo que ya le dijo al juez Ruz en la Audiencia Nacional, en noviembre de 2014. «Como dije en la otra ocasión, yo no tengo nada que ocultar, no he cobrado una comisión en mi vida y, por tanto, mi mayor patrimonio es mi patrimonio personal», ha dicho.

También pasaron por los juzgados el exconcejal Fernando Sanz y el exconcejal de Hacienda del Consistorio toledano, Lamberto García Pineda , -miembros de su antiguo equipo de Gobierno en aquel momento- han llegado a los juzgados antes que José Manuel Molina y tampoco han realizado declaraciones a los medios.

Además, tendrán que declarar el 1 de marzo de 2017 por la misma causa los exedile s María José Rivas, Fernando Fernández, María Paz Ruiz y Fernando Cirujano .

Hace unos días se conoció que la Fiscalía había pedido al juzgado que investiga la adjudicación del servicio de basuras del Ayuntamiento de Toledo a la empresa Sufi en 2007 por un presunto delito de prevaricación que proceda al sobreseimiento provisional de la causa y al archivo de las actuaciones. En el escrito de la Fiscalía, el fiscal provincial de Toledo, Luis Ibáñez pide el archivo de la causa que se investiga en el juzgado de Instrucción número 3 de Toledo después de que el juez Pablo Ruz decidiese derivar esta parte del caso Bárcenas.

Según consta en la diligencias previas, a las que ha tenido acceso Europa Press, en marzo de 2015, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se inhibió a favor de los Juzgados de Toledo para que investigaran la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa en la concesión y ejecución del citado contrato de basuras. Lo hacía en un auto por el que el magistrado transformaba las actuaciones sobre la contabilidad B del PP en procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento, y en el que acordaba incoar una pieza separada sobre el contrato de basuras que se llevó a cabo, según Bárcenas, a cambio de una donación de 200.000 euros para financiar la campaña a la presidenta de la formación en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 remitió estas pesquisas al juzgado decano de Toledo ante la «falta de conexidad suficiente» con la causa de «los papeles de Bárcenas» dado que el propio extesorero desvinculó el caso de Toledo de las supuestas aportaciones económicas recibidas por Sacyr en la «mecánica de funcionamiento de la caja B» del Partido Popular.