Un guardia civil se enfrenta a casi 10 años de cárcel por un presunto soborno de 300 euros

El agente, J. A. O. R., se juega su futuro en el cuerpo. La Fiscalía de Toledo pide cuatro años de prisión por el delito de cohecho propio pasivo, además de otros cinco años y seis meses de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento oficial. También solicita para él la inhabilitación de seis años para el empleo o cargo público.

Precisamente al tratarse de un funcionario público, será un jurado popular el que decida si el guardia civil es inocente o culpable de los hechos que el Ministerio Público le imputa. Y por la Audiencia Provincial de Toledo pasará al menos una decena de guardias civiles de distinta graduación para declarar como testigos: un teniente coronel, un comandante, tres capitanes, un sargento, tres cabos y un agente.

Aunque el guardia civil no será el único juzgado. El cazador que presuntamente pagó el dinero, V. P. D., está acusado de un delito de cohecho propio activo. La Fiscalía pide para él un año y seis meses de prisión.

Los hechos que se juzgarán se remontan a una fecha no determinada de 2010, cuando el cazador contactó con el guardia civil. El agente estaba destinado en el Equipo de Inspección de la Intervención de Armas y Explosivos de la 2ª Zona de la Guardia Civil de Castilla-La Mancha, en la Comandancia de Toledo. V. P. D. pretendía renovar sus licencias de armas tipo D y E. El primer permiso autoriza al uso de armas largas para caza mayor, mientras que la segunda licencia permite manejar armas para tiro deportivo y escopetas de caza.

Según la fiscal del caso, Marta Holgado, el 16 de abril de 2010 el guardia civil extendió «de forma irregular» en su despacho un permiso a nombre de V. P. D. Le entregó una cartulina de autorización temporal para el uso de armas, aunque lo hizo «en un soporte que se dejó de expedir de forma definitiva a mediados de 2008» .

Tres meses después, el 16 de julio de 2010, el guardia civil extendió una nueva cartulina de idéntico formato al anterior. En esta segunda autorización temporal, el sello estampado por el agente era el correspondiente a la oficina del Equipo de Inspecciones de la Intervención de Armas y Explosivos, «y no los usados por la oficina de la Intervención de Armas y Explosivos», señala la fiscal en su escrito de acusación.

Por la expedición de las dos autorizaciones temporales, el guardia civil reclamó al cazador 300 euros, una cantidad que le habría entregado en su despacho de la Comadancia de Toledo el 16 de abril de 2010.

El valor real de las tasas para la renovación de cada una de las licencias era de 10,68 euros, un total de 21,36 euros por los dos permisos. Según la fiscal, el cazador era «perfectamente conocedor» del coste que suponía la expedición de las licencias, ya que había gestionado otras anteriormente. Sin embargo, V. P. D. accedió a la entrega del dinero, según el Ministerio Público, «con la finalidad de conseguir, de este modo, un trato de favor» para para agilizar la renovación de los permisos.

Además de las penas de prisión solicitadas, la Fiscalía de Toledo también pide dos multas para el guardia civil: una, de 600 euros, y otra, una cuota diaria de doce euros durante veinte meses. Mientras, para el cazador solicita una multa de 299 euros, cien céntimos menos del dinero que presuntamente pagó al agente que se juega su futuro en la Guardia Civil.