La Audiencia de Toledo juzga al hombre que contrató a dos sicarios para matar a su yerno

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Los hechos se remontan a finales de 2019. Según el escrito de acusación, el suegro de la víctima habría ofrecido 45.000 euros a dos personas para ejecutar el crimen. Como adelanto, les entregó 5.000 euros en efectivo. A partir de ahí, los tres mantuvieron diversas reuniones y contactos telefónicos para planear cómo llevar a cabo el encargo, incluso barajando la posibilidad de incendiar su vivienda para simular un robo.

El 5 de diciembre de 2019, la pareja de uno de los sicarios con su conocimiento, contactó telefónicamente con la víctima para advertirle de que tenía información muy importante relacionada con su integridad física y que para conocerla debería abonar a la ahora acusada una cantidad de dinero. Tras varias conversaciones telefónica la pareja acordó, a cambio de 3.000 euros, dejarle escuchar una grabación que demostraba la conspiración existente contra su integridad física. En las conversaciones, llegaron a decirle que «su suegro había contratado a personas para pegarle» y le advirtieron de que «si contaba algo a alguien iba a tener problemas».

La cita definitiva se produjo el 16 de diciembre de ese año en un restaurante de Quintanar de la Orden, donde el sicario recibió un sobre con 1.500 euros de manos de la víctima. El intercambio fue grabado y seguido por agentes de la Guardia Civil, que procedieron a su detención en el momento en que reproducía un audio desde su teléfono móvil.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de conspiración para el asesinato y de un delito de extorsión. Para los tres principales implicados en el plan para acabar con la vida de la víctima solicita una pena de diez años de prisión, inhabilitación absoluta y una orden de alejamiento de 500 metros respecto de la víctima durante una década. Para el sicario que participó en la extorsión y su pareja, el fiscal solicita tres años de prisión y la inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

El escrito también recoge la solicitud de medidas especiales de protección durante el juicio, como la celebración a puerta cerrada, la evitación del contacto visual entre víctima y acusados, y la garantía de que la víctima pueda declarar sin intimidaciones, en aplicación del Estatuto de la Víctima del Delito.