LEY ELECTORAL

Reprochan al PSOE que ahora quiera hacer obligatorios los debates

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El viceportavoz del Grupo Popular de las Cortes regionales, Francisco Cañizares, se pronunció ayer sobre la propuesta del PSOE para que la Ley Electoral de Castilla-La

Mancha establezca que los debates electorales sean obligatorios en la comunidad autónoma, diciendo que «no se sabe bien» a qué hace referencia esta propuesta. En cambio, criticó que los socialistas «creen que siguen mandando como antes, cuando las cosas se hacían cómo y cuándo querían. Al PSOE le ha gustado poco debatir, porque en 28 años de gobierno han vetado cientos de iniciativas de debate en las Cortes», reprochó.

Acusó asimismo Cañizares al grupo de la oposición de «intentar influir en los medios de comunicación» en el pasado, pero añadió que «ese tiempo ya ha pasado y los medios de comunicación no sienten sobre sus cabezas esa espada de Damocles».

Explicó que el PP está trabajando en las Cortes en la modificación de la Ley Electoral de Castilla-La Mancha, un documento para el que no ha dio plazos pero que contendrá «criterios objetivos» con el fin de que la composición de la Cámara regional sea el reflejo de los votos en las elecciones. A su juicio, la futura ley debe tener principios que sirvan para reflejar de forma fidedigna en las Cortes los resultados de las elecciones, pues la actual norma electoral «introduce criterios subjetivos» que favorecen que «quien gana en una provincia pueda gobernar en Castilla-La Mancha».

Políticos negligentes

Este extremo es, según Cañizares, «lo que hay que cambiar» y, tras mostrar su intención de que la futura ley electoral salga adelante con el consenso de los dos grupos políticos con representación en la Cámara, también apostó por que esta norma «hable de todo lo que considere interesante» con el reto de que «sirva para lo que tiene que servir». Asimismo, pidió que en la ley electoral o en el Código Penal, se introduzcan «fórmulas de inhabilitación» para aquellos responsables políticos que «incumplan su palabra y hagan una gestión negligente». «Los políticos que agotan los recursos públicos tienen que responder de sus actuaciones», subrayó.