Antonio Conde Bajén

La tumba de Franco o cómo derrumbar las bases jurídicas y diplomáticas del Estado

Antonio Conde Bajén
TOLEDOActualizado:

Franco lleva enterrado en el Valle de los Caídos 43 años. Era algo sabido y admitido por los poderes públicos. También era algo que le importaba bastante poco a la mayor parte de la población que protagonizó (ya fuera con sus votos o con su acción política directa) la Transición. No obstante, tan cierto es que en las generaciones que nacieron fuera del franquismo, la ubicación del enterramiento les ha suscitado problemas nuevos, como que las de la Transición pasan del tema, hasta el punto demostrable de las muchas declaraciones de dichos protagonistas, procedentes de muy diversas ideologías.

No voy a analizar motivos ideológicos, ni tan siquiera lógicos o históricos de ese sentimiento de asco, enfado, ira ….de la actual izquierda (quizás sólo de los actuales dirigentes de la izquierda) sobre la ubicación de la tumba de Franco en el Valle de los Caídos. Eso es una cuestión que deberían abordar con mayor solvencia los sociólogos y los historiadores. Yo sólo quiero examinar las consecuencias de tal medida, que se va a ver complicada con la nueva modificación de la Ley de la Memoria Histórica, que intentará evitar el enterramiento en la cripta de La Almudena.

La solución de los problemas debe ser analizada y enjuiciada en atención al problema mismo. Y, guste o no, la tumba de Franco nunca supuso un problema capital de convivencia en nuestra España. Parece innegable que este es un problema nuevo, que ha ido alimentándose por la reivindicación de la izquierda a la izquierda del PSOE y abonada por éste en atención a la necesidad de crear una pantalla ideológica de distracción. De esta forma, para el actual Gobierno, dar gusto esa reclamación de la extrema izquierda, o del sector más a la izquierda del PSOE, y a la vez provocar una radicalización de la derecha (aquella que no admite esta medida y que dividiría a aquella, por no admitir la abstención del PP en esta medida, quizás por su miedo a ser considerada radical y post franquista), suponía una evidente pantalla de distracción de su acción de Gobierno en minoría ínfima.

Hago hincapié en que no quiero posicionarme en valoración alguna sobre tal medida y sí hacer un puro análisis de la medid y de sus consecuencias. No voy a asustarme ahora de determinadas acciones políticas en las que se subordina el interés común al interés de partido, que es lo que unos dicen que es lo que está ocurriendo. Tampoco de que haya una nueva corriente que exija la reforma de lo histórico. No digo que esté de acuerdo con lo uno o con lo otro; simplemente que estoy curado de espanto y que, sobre todo, ahora, en este artículo, no toca valorarlo.

Insisto en que lo que pretendo es valorar las consecuencias políticas de la reforma y de la re-reforma de la Ley de Memoria Histórica.

Estoy convencido de que este Gobierno tenía hecho un cálculo de ventajas e inconvenientes de tal medida. Para saber eso es indiferente que la causa original de estas reformas fuese puramente ideológica o de estrategia política. Ello porque en política, ni lo ideológico se hace sin previsiones de ventajas e inconvenientes.

Aún en el caso de que tales reformas estuvieran motivadas por simples criterios ideológicos, lo cierto es que entre las ventajas políticas estaban la de la fragmentación del PP por parte de aquellos votantes que se niegan a considerar que el régimen de Franco hubiera puesto fin a una Arcadia feliz, y sí a un régimen prebolchevique anunciado por los dirigentes del Frente Popular durante las elecciones de 1936. Es decir, que las consecuencias eran, o deseadas y buscadas o, simplemente, beneficiosas para los intereses electorales de sus promotores. Una evaluación de riesgos controlados y limitados, en apariencia.

Ahora bien ¿han salido las cosas tal y como se previeron? Sin duda sí en el aspecto de dividir a la derecha y darles escusas para hablar de su «radicalización». Pero ¿a cambio de nada? En esto tengo que decir que no. Lo primero que se han encontrado es que la torpeza en la gestión del problema ha conseguido internacionalizarlo, desde el momento en el que se ha visto involucrado el propio Vaticano pues, si bien se le dejó fuera en la primera fase del problema (sacar a Franco del Valle de los Caídos), ha sido imposible mantenerle en esa posición de no oír, no ver y no hablar, cuando lo que se ha planteado es que sea la Santa Sede la que impida el enterramiento en La Almudena, evitando la re-reforma.

En esta segunda fase se han desencadenado los errores. El primero la de la vicepresidenta, Carmen Calvo, quizás la encargada de las manifestaciones más ridículas por aquello de estar ya acostumbrada a ello desde hace mucho. Así, la que llaman «jurista» afirmó que el enterramiento en La Almudena no era posible por la simple aplicación de la reforma de Ley de Memoria Histórica «que hemos aprobado nosotros». Pero eso se contradice con la re-reforma que se está tramitando. Dicho de otra forma, han tenido que reconocer que han hecho una ley, de aplicación a un caso muy concreto, único e irrepetible ¡y que no lo han hecho bien! La exteriorización de su enfado, sus presiones al vaticano para que les resuelva el problema, la apelación al patriotismo de los Franco, la contradicción en pocas horas de sus manifestaciones por parte de la diplomacia de Roma, han dejado bastante mal a esta acción de Gobierno.

Sin embargo, tanta carne había en el asador que el Gobierno no podía dar marcha atrás. Quizás hubiera sido más inteligente vender como gran éxito que sacaran a Franco del Valle y quedarse ahí, pero eso era imposible después de haber negado que eso fuera, siquiera, posible jurídicamente, en aplicación de la primera reforma. Siguiendo el lema de «ni un paso atrás, ni para coger carrerilla», el gobierno de Pedro Sánchez, tributario de sus propias palabras, tenía que tirar para adelante ¿Cómo? Reconociendo que la intención de su reforma no se limitaba a sacar a Franco del Valle, en una aparente posición de asepsia democrática, sino que perseguía su humillación pública, su venganza política, 40 años atrás. Es decir, ha tenido que admitir su propia radicalización.

Después de haber aparecido como un gobierno capaz de presionar al Vaticano, de haberle expuesto (de forma educada, eso sí) las consecuencias negativas que podría traerleen España la simple defensa de su propio Código (porque la Iglesia no puede negar enterramiento a católicos en las sepulturas que la propia Iglesia ha cedido de forma previa) ¿qué más podía pasar? Al fin y al cabo, la confrontación con la Iglesia Católica también constituye un buen banderín de enganche para recuperar parte del voto perdido en favor de PODEMOS. Y sin embargo, algo más ocurrirá, de nuevo sin que haya existido el más mínimo cálculo de pros y contras. Y si lo ha habido, sin que las contras hayan sido, a mi juicio, satisfactoriamente evaluadas.

Creo que pocos han caído en que, si bien el alegato de la Fundación Francisco Franco sobre la inconstitucionalidad de la reforma de la Ley de Memoria Única, como ley de caso único, hubiera tenido un corto recorrido respecto a la primera reforma, viene a cobrar enorme importancia con la re-reforma. Pocos han caído en que la re-reforma, en circunstancias normales, no superaría los filtros de constitucionalidad que el TC ha ido estableciendo en su doctrina para estos casos de «ley de caso único»(STC 166/1986, STC 129/2013, 203/2013, entre otras) ¿Por qué? Intento resumirlo en varias pinceladas:

1º) Los Requisitos generales de las leyes de caso único son:

Responder a una situación excepcional.

Adoptar soluciones razonables y proporcionales a esa situación excepcional.

Que no se atente contra el principio de igualdad.

2º) Pues bien, después de 43 años difícilmente puede considerarse que estemos ante una situación excepcional.

3º) Aun pasando por lo anterior, debe cumplirse el criterio de razonabilidad, de proporción y de igualdad.Ideológicamente a muchos les parecerá proporcionado tirar los restos de Franco por el WC, pero seamos sensatos y, si podemos, ecuánimes. Aún en el caso de que se considere situación excepcional un enterramiento de hace 43 años, lo razonable sería que se trasladaran los restos en situación de igualdad respecto al resto de los ciudadanos españoles; sin darle ningún tipo de preferencia u honores. No otra cosa decía la reforma que ahora va a ser reformada. Pero ahora se ha dado un paso cualitativamente muy diferente, porque se pretende aplicar a los restos (y a la familia Franco) una situación de absoluta desigualdad respecto a la del resto de ciudadanos, dado que la cripta de La Almudena es un lugar público y común donde yacen muchos católicos, sin que por ello se pueda decir que reciben honores.

Pero aún hay más. Pretendiendo cerrar el círculo y que no haya otra vía de escape en su estrategia de escarnio público a los restos de Franco, parece que pretende negar el enterramiento en cualquier espacio público, con lo que estaría excepcionando la normativa general sobre enterramientos, que precisamente exige que se hagan en lugares públicos (que no son otra cosa que cementerios. Artículo 6 del Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria). De igual forma, queda por ver si a los familiares de Franco se les va a indicar el lugar de enterramiento futuro o si estos tendrán que determinar otro nuevo y, en este caso, como podrán excepcionar la normativa de policía mortuoria vigente.

¿Y qué más da? Dirán muchos. Pues no, a mí no me da lo mismo. No por Franco, sino por el atentado al ordenamiento jurídico-constitucional que se va a perpetrar. No me da lo mismo, porque de forma segura la familia de Franco o la Fundación Franco responderán planteando la cuestión al Tribunal Constitucional, que tendrá que resolver sobre el tema y le pondrán bajo la espada de Damocles de, o resolver conforme a su propia doctrina y dar la razón a los Franco, o tragarse el orgullo y ceder ante la situación política creada. Y si nuestro alto Tribunal no es nuevo en estas experiencias de tragasables, reconozcamos que no es bueno ni aconsejable someterle de continuo a estas pruebas de descrédito, sobre todo si el problema que ahora nos ocupa tiene una antigüedad de 43 años.

Sean los réditos políticos, sea la pura ideología, creo sinceramente que nuestras instituciones no se merecen esta nueva prueba en este preciso cuarto de hora de nuestra Historia, en la que el independentismo está jugando, precisamente, a basar sus reivindicaciones en el anormal funcionamiento de las instituciones del Estado. Y es curioso que el sometimiento a esta presión vaya a hacerlo un Gobierno que considera una provocación un acto de apoyo a la Guardia Civil en Alsasua, en el sentido de que prefiere ceder ante el independentismo violento que a «tensar situaciones».

Dentro de un tiempo tendremos una nueva situación de ruptura en el prestigio del Tribunal Constitucional. Si da la razón a los Franco, pocos dudarán de que PODEMOS y los independentistas apelarán a «la calle», en su más puro estilo tumultuario. Si es al revés, muchos veremos como la tutela constitucional es relativa y siempre subordinada al poder político. No creo, sinceramente, que unos restos de hace 43 años merezcan que se pueda provocar una crisis institucional de semejante calado y, en mi absoluta pequeñez, ruego al Gobierno que detenga esta dinámica de sembrar vientos sin que le importen las tempestades a las que puedan dar lugar.

Antonio Conde BajénAntonio Conde Bajén