El sector agrario pregunta qué hacer si necesita ilegales

TOLEDO. ABC
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Las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) de Castilla-La Mancha quieren que el Gobierno aclare como piensa aplicar la Ley de Extranjería, cuya reforma entró ayer en vigor, puesto que el campo necesita de esta mano de obra, que en muchos casos es ilegal. Esta es la inquietud expresada por los representantes de Asaja, COAG y UPA poco antes de comenzar una reunión presidida por el Delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Ignacio Zoido, en la que ayer participaron directores generales de la Junta de Comunidades, miembros de ONGs, sindicatos y Federación Regional de Municipios y Provincias, entre otros.

MANO DE OBRA EN EL CAMPO

El vicepresidente regional de Asaja, Manuel Juárez, expresó la inquietud de los empresarios agrícolas por no saber cómo actuar cuando necesitan mano de obra, sobre todo cuando se presentan campañas como la vendimia o la recogida de la aceituna. Juárez se preguntó qué deben hacer los empresarios agrarios cuando necesitan mano de obra y acuden a las oficinas del INEM y los parados españoles no quieren ir al campo a trabajar, «queremos que la Administración nos aclare que debemos hacer».

Por su parte, el secretario regional de la COAG, Antonio Castellanos, planteó la necesidad de saber cómo piensa el Gobierno aplicar la Ley de Extranjería y se preguntó a quién beneficia la existencia de inmigrantes ilegales, al tiempo que lamentó que les dejen entrar en nuestro país y luego les pidan papeles. Pidió que a los inmigrantes se les aplique un salario de convenio, una vivienda digna, aunque la «ley deja sin resolver la situación de los inmigrantes ilegales».

Por su parte, la secretaria regional de Desarrollo Rural de la UPA, Victoria Salinero, se expresó en parecidos términos y precisó que «la inmigración no es un problema, sino un hecho que no ha sido valorado porque el campo necesita de esta mano de obra» y pidió a los empresarios del campo que actúen en consecuencia.

Por su parte, el director general de Trabajo, Joaquín Hermoso, se preguntó también como se van a garantizar los derechos laborales de los inmigrantes «si la ley no les garantiza los derechos ciudadanos». Mostró la disposición de la Junta a poner al servicio del Estado la infraestructura laboral del Ejecutivo Regional para hacer un seguimiento de la situación de los inmigrantes.