Presentan alegaciones por estimar que la supuesta adjudicataria ha realizado una «oferta temeraria»

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A. G.

TOLEDO. La adjudicación del contrato más importante que en muchos años ha tenido en sus manos el Ayuntamiento, y de los más suculentos ahora en España en municipios similares, no va a estar exenta de una polémica que ayer empezó a vislumbrarse.

La elevada cuantía del servicio había atraido a las mayores empresas del sector. Así, en la parrilla de salida se encontraban Aguas de Barcelona, Aqualia, Acciona, Sacyr Y FCC. Sin embargo, y para sorpresa de todas ellas, los informes municipales apuntan como oferta más favorable a la presentada por Facsa-Gravesa. Y es que la diferencia económica es abismal, puesto que mientras que la citada unión entre la empresa castellonense y la castellano-manchega eleva su canon a aproximadamente cien millones de euros, el resto se quedan en la mitad o menos. La que más se acerca es Acciona, con 50 millones de euros, seguida de Aqualia, con 47 millones; Aguas de Barcelona, con 40 millones, y Sacyr, con 20 millones.

Diferencia de cálculo

La reacción de algunas de esas empresas a las noticias que apuntaban a que Facsa-Gravesa sería la adjudicataria no se ha hecho esperar. Ayer mismo, Aqualia y Sacyr decidían presentar sendos escritos de alegaciones ante la Mesa de Contratación ante lo que consideran una «oferta temeraria» por paret de Facsa-Gravesa, según informaron a ABC representantes de algunas de las empresas que han dado el paso de recurrir con estos escritos. Estas mismas fuentes señalaron que posiblemente hoy también podrían hacer lo mismo Acciona y Aguas de Barcelona.

Según su criterio, la enorme diferencia entre una y otra oferta económica no se basa en cuestiones objetivas, sino en cálculos que no se ajustan a lo indicado en el pliego de condiciones aprobado por el Ayuntamiento.

En este aspecto, señalan que el origen de esta abismal diferencia estriba en el diferente cálculo de las expectativas de crecimiento de la población en la capital a lo largo de los próximos años. Así, y según estas fuentes, mientras que el resto de aspirantes al contrato han realizado sus cálculos en base al 4 por ciento de crecimiento poblacional establecido en el pliego de condiciones, Facsa-Gravesa ha estimado que esa expansión demográfica llegará al 6 por ciento. «Ese cálculo lo han realizado para justificar una mayor inversión, pero la misma está condicionada a que tenga lugar ese crecimiento, pero ¿y si no se produce?», se preguntaban.

Otra argumentación en que se bansan las alegaciones reside en las dudas acerca de la viabilidad económica de las dos empresas que forman la UTE, según documentación registral que obra en su poder. A eso añaden la falta de experiencia en el sector de uno de los dos socios.