«El Plan de Garantías Ciudadanas coincide con los objetivos del Gobierno de García-Page»

-Imagino que más tranquila sabiendo que, salvo cataclismo, va a tener nuevos presupuestos.

Sí, ese es el objetivo fundamental del Gobierno de Castilla-La Mancha . Pensar que puede haber un presupuesto es pensar que todos los ciudadanos de la región van a estar mucho mejor atendidos, ya que el presupuesto que plantea el gobierno es eminentemente social, por eso tengo una gran satisfacción y espero que todo salga bien.

-Da la sensación de que se ha perdido un tiempo precioso ¿cómo lo analiza?

-Es cierto que estamos en unos tiempos complejos. Esta diversidad y pluralidad social y política nos hacen que las cosas se hagan de otra manera. Hablamos de diálogo, consenso, participación y de llegar a acuerdos, principios que quizás antes no tenían tanta importancia y ahora son la base de nuestro gobierno y de todos. Por tanto, tenemos que trabajar con estos mimbres. Lo que sí digo es que si el objetivo del gobierno era conseguir unos presupuestos para que los ciudadanos de la región vivan mejor, este es el acuerdo, dentro de los posibles, que va a poder dar la luz a los presupuestos, previsiblemente.

-En todo caso ¿cuantitativa y cualitativamente en qué mejora en su consejería este presupuesto que está en ciernes de aprobarse?

-Nosotros en bienestar social tenemos dos ejes importantes: construir e impulsar el sistema de dependencia y trabajar por las familias y personas que tienen dificultades económicas y que se pueden encontrar en riesgo de exclusión social, área en la que estamos trabajando en mejorar la renta mínima, en un plan contra la pobreza energética y en una serie de cosas para mejorar la vida de las personas que peor lo están pasando en nuestra comunidad. ¿Qué supone además este nuevo presupuesto? Pues ahora mismo, y esto sí que ha sido una decisión del gobierno de España debido a un recurso de Cataluña, se incorporan 9,7 millones. Los tribunales consideraron que muchos de los programas que se subvencionaban por el IRPF y que hasta ahora estaba distribuyendo el gobierno de España desde enero muchos serán competencia de las comunidades autónomas y tenemos que gestionarlos. Por tanto aquí caen diez millones de euros que se incorporan a la consejería y por tanto al presupuesto.

-Lo que muchos se preguntan es cómo se va a compaginar su consejería con la entrada en el gobierno de Podemos, que ha pedido gestionar el Plan de Garantía Ciudadana ¿ha tendido alguna conversación al respecto o qué se imagina que puede pasar?

-Yo lo que imagino es que todos los esfuerzos que se hagan por ayudar a este pilar tan fundamental que son las personas que se pueden encontrar en situación de dificultad, pobreza o incluso exclusión social bienvenidos sean. La Consejería de Bienestar Social es muy importante y el gobierno de Castilla-La Mancha tiene el compromiso de poner en marcha una estrategia contra la pobreza y la exclusión social que está prácticamente elaborada y es como una hoja de ruta. Dentro de esta estrategia se incorporó la propuesta del grupo parlamentario Podemos de un Plan de Garantías Ciudadanas. Según este plan, van a tener en primer lugar una mejora en el acceso a los planes de empleo, en segundo lugar un acceso a los servicios públicos y en tercer lugar una garantía de rentas como es la renta mínima de Castilla-La Mancha, las ayudas de emergencia, las de pobreza energética, etc. Le puedo decir que este Plan de Garantía Ciudadana está en total sintonía y coincide con los objetivos de este gobierno del presidente Emiliano García-Page y es bienvenido. Todas las personas y grupos políticos que quieran colaborar bienvenidos sean, porque es en beneficio de los ciudadanos.

-Aunque no sabemos cómo ni de qué manera…

-Está todavía por decidir y lo que queremos es que de verdad los presupuestos salgan adelante y que lleguen a todas las familias.

-¿Podemos hablar de un plan transversal, es decir, que no solamente afectará a la Consejería de Bienestar Social sino también a otras?

-Todo el plan que tiene que ver con personas en situación de dificultad económica afecta de forma transversal a todos los departamentos del gobierno. Si una persona tiene empleo ya tiene una renta y eso para este gobierno es fundamental, pero también afecta a la educación, vivienda, sanidad... Nosotros hemos hecho unos avances importantes. El ingreso mínimo de solidaridad el pasado año pasó de 372 a 420 euros, lo que ha supuesto que tengamos que incrementar el presupuesto este año. Pero luego se va incrementando un porcentaje según los miembros de la familia, por lo que la media en Castilla-La Mancha de la renta mínima de personas que no tienen ningún ingreso es de alrededor de 480 euros por familia. También el plan contra la pobreza energética es importante... todo eso se va a incluir ahora en el Plan de Garantía Ciudadana.

-Pero todo eso lo hacía hasta ahora el gobierno autonómico ¿no? ¿No parece que es una forma de querer apuntarse el tanto?

-Creo que es una forma de culminar esas políticas para que cada persona en situación de dificultad se le atienda de una manera integral. Según los objetivos que tiene este gobierno, a la persona hay que verla con todas las necesidades que pueda tener. Y aunque queda mucho por hacer, nuestro objetivo es que la persona no tenga que tocar todas las puertas para decir que necesita comedor escolar u otra serie de ayudas, sino que haya un circuito y una especie de ventanilla única donde se le atiende y desde allí se le van a ofrecer todos los servicios públicos que tenga a su disposición. Ahora mismo eso lo está haciendo, por ejemplo, los servicios del área de Atención Primaria. Creo que esto es un paso más, es una visión integradora de atención a la persona, de manera que tenemos que hacer una ventanilla única y coordinarnos de forma trasversal para que no sea la persona la que vaya de ventanilla en ventanilla.

-Por áreas, la de dependencia siempre es la más convulsa ¿cuál es la situación actual de este ámbito?

-Desde que llegamos en 2015 vimos una situación muy preocupante, con muchas áreas que teníamos que impulsar y dos años después el cambio ha sido impresionante. Esto no quiere decir que esté todo hecho, pero a día de hoy tengo que felicitar a los empleados públicos y a las entidades que están trabajando en el sistema de la dependencia. Cuando hablamos de la ley de la dependencia, hablamos de personas mayores y de personas con discapacidad y de más de un centenar de entidades colaborando con la administración para desarrollar los programas. Según los últimos datos del Imserso, de enero a mayo Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que más beneficiarios ha incorporado al sistema de dependencia. Es decir, si hay aproximadamente 15.500 en toda España, en ese periodo aproximadamente 3.500 son de Castilla-La Manch a, que en comparación a la población que tenemos supone que somos la primera comunidad autónoma.

-En lo que se llama el limbo de la dependencia, es decir, el que está evaluado pero no se recibe prestación, ¿cuánta gente hay y qué tiempo pasa desde que se declara hasta que percibe la dotación económica?

-El limbo de la dependencia ha sufrido un descenso muy considerable. Yo siempre quiero recordar cómo ha sido la sucesión de los hechos: a 30 de junio había aproximadamente 9.000 personas en el limbo de la dependencia pero el 1 de julio cuando nosotros llegamos se incorporaron 17.000...

-¿Estaban perdidos por completo?

-No, porque esos 17.000 fueron por un retraso del Gobierno de España, que dijo que hasta el 1 de Julio de 2015 no se podían incorporar las personas con grado de dependencia moderado. Por tanto, nosotros llegamos y nos encontramos 26.919 personas de pronto. Lo digo porque si hubiera habido 9.000 se hubieran visto rápidamente, pero 26.919 eran muchas más. El descenso ha sido impresionante, porque de esas 26.919 apenas quedan 6.000 de los grados más bajos. En total, en el limbo hay en torno a 14.000. Yo siempre digo que lo importante no es la cantidad de personas que haya, sino que las personas no esperen tanto. El objetivo fundamental es que nadie espere más de seis meses, teniendo en cuenta que en 2014 las personas estaban esperando entre 1 a 14 meses para que se resolviera el expediente. Sobre la incorporación de nuevos solicitantes, sinceramente creo también que la gente está mucho más tranquila y esperanzada con la política en materia de dependencia que tiene este gobierno. Si en 2014 cada mes solicitaban el grado de dependencia en torno a 600 personas, en 2017 lo solicitan unas 1.200 personas, el doble. Pero es que además, cada mes hay aproximadamente 500 personas que solicitan la revisión. Entonces, desde julio de 2015 en torno a 43.000 personas han solicitado grado o revisión, lo que supone un esfuerzo impresionante por parte de la administración.

-Sí que llama la atención la posición siempre beligerante y de crítica de la Plataforma de la Dependencia, ¿considera que objetivamente tienen razón?

-Yo respeto todas las opiniones de todas las entidades que tienen relación con el sistema de dependencia. Sin entrar en personalismos, lo que yo defiendo por encima de todo es a las personas dependientes y familias de éstas personas. A mí me gustaría que todos los ciudadanos tuvieran información de más del centenar de entidades y de los miles de trabajadores que trabajan en el sistema de la dependencia y con las familias. Lo importante es estar bien informados y sobre todo con información que provenga de todas las entidades que trabajan para el sistema de la dependencia.

-Otro aspecto importante es el de las residencias de la tercera edad. ¿Qué diagnóstico hace sobre la situación actual y qué novedades habrá?

-La atención a las personas mayores se lleva un porcentaje muy importante del presupuesto. Hay dos áreas fundamentales y la primera es el marco de envejecimiento activo, porque cada vez las personas mayores envejecen con mayor calidad de vida y no solo significa vivir más, si no vivir mejor. Y luego está la red de residencias de Castilla-La Mancha, que le puedo asegurar que es la segunda de España con relación al número de personas mayores de 65 años. Tenemos aproximadamente más de 14.000 plazas con financiación de la administración regional. Sobre su forma de gestión lo que hemos hecho es que la mayoría de las residencias están agrupadas en lo que llamamos el acuerdo marco, que puso en marcha en anterior gobierno del PP para dos años pero que nosotros hemos mejorado y ampliado a cuatro, lo que da mucha tranquilidad a todas las residencias. Aparte de este incremento presupuestario para mejorar la calidad de los servicios y la cualificación de los profesionales tengan una mayor cualificación, se ha hecho una mejora de las estancias temporales de las personas mayores, que ahora mismo tienen una demanda importantísima. Este año 2017 se han triplicado las estancias temporales de personas que tienen una intervención quirúrgica o una dificultad física y de forma temporal van a las residencias. Son 80.000 estancias temporales, lo que es muy significativo. Ahora mismo la red de residencias de Castilla-La Mancha la forman 257, con 14.000 plazas públicas, miles de profesionales trabajando y además más especializados porque las personas que ahora van a residencias son mucho más dependientes, pero están muy bien atendidas. La sociedad castellano manchega ha evolucionado mucho y se ha mejorado la atención a domicilio, bien con ayudas técnicas o tratamientos ambulatorios, con un fisioterapeuta o un psicólogo en casa. Y ya cuando tiene muchos problemas físicos o psíquicos, si es oportuno, a esa persona se la ingresa en una residencia. Esto es, en verdad, un proceso importante.

-Y lo que respecta a las personas con discapacidad ¿qué novedades va a haber próximamente?

-Tenemos dos novedades importantes. Primero estamos trabajando en una ley que va a ser pionera: La Ley de Protección y Apoyo Garantizado para personas con discapacidad. Con ella se da respuesta a la pregunta que el presidente Emiliano García-Page, desde que tomé posesión, es lo que más me recuerda: qué respuesta damos a las personas cuando se preguntan qué va a ser de nuestros hijos cuando nosotros no estemos. Pues la respuesta viene de esta ley que queremos que vea la luz en 2017. Así, las personas con una incapacidad intelectual grave tendrán una residencia o una atención intensa garantizado, dependiendo de a discapacidad que tengan. La segunda novedad es atender a las personas gravemente afectadas y la atención temprana, porque hay bebés y niños que ya nacen con alguna discapacidad o con algún problema o trastorno en el desarrollo y hay que darles una respuesta muy importante.

-La atención temprana está en plena planificación ¿no?

-La atención temprana tiene por una parte un protocolo de coordinación sanidad-bienestar social-educación que nunca ha tenido, para que tengan un diagnóstico precoz. Estamos trabajando en un decreto de atención temprana que esperemos que también vea la luz en 2017. Y además hay un objetivo fundamental en este gobierno que es incrementar los centros y servicios de atención temprana en diez, y ya llevamos cinco impulsados. Creo que lo importante es que este decreto cambia el modelo de atención. Si hasta ahora la atención temprana para los niños y las familias era en centros, ahora además los profesionales se desplazarán a sus domicilios o al entorno del niño para que tanto las familias como los profesionales que trabajan con estos niños aprendan cómo tienen que tratarlos las 24 horas del día. Ese es el cambio de modelo del que podemos decir que en Castilla-La Mancha somos pioneros.

-A hora de hablar de personas en situaciones extremas de exclusión social en la región ¿De cuántas personas afectadas estamos hablando?

-Hay distintos índices, pero hablamos de un 8 por ciento de riesgo de exclusión social. En este momento el impulso que se ha dado a los planes de empleo, sobre todo en las convocatorias de 2017 que incorpora la posibilidad de que en un 25 por ciento tengan que reservarse para personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión social, se le va dando salida a esas personas. Ahora hay aproximadamente 3.500 personas con ingreso mínimo de solidaridad, que no se recibían ninguna renta. También tenemos unas ayudas que se llaman de emergencia que es un único pago exclusivo para situaciones de grave necesidad, y aquí sí que es verdad que casi llegábamos a casi 5.000 los solicitantes el año pasado, y este año llevamos una media similar. Son situaciones que casi podíamos decir de necesidad humanitaria para las familias. Las prestaciones económicas son variadas, y creo que este Plan de Garantías Ciudadanas lo que quiere es irlas incorporando en una única prestación. Estamos trabajando en unidad, en afinidad, en integralidad y este nuevo modelo creo que tiene que ser mucho más eficaz y efectivo, y que es mejor para todos.

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