El Poblado Obrero ocupa una superfice de 74.060 metros cuadrados. ABC

El PERI del Poblado Obrero obligará a respetar la tipología de los chalés

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado el expediente del Plan Especial de Reordenación Interior (PERI) del Poblado Obrero. El alcalde, José Manuel Molina, afirmó que se trata de mantener la tipología de los chalés de esta zona, aunque aclaró que se permitirán realizar las reformas necesarias para adecuar estas vieja viviendas a los nuevos tiempos.

TOLEDO. Valle Sánchez
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Se trata de un expediente muy esperado por los vecinos de estos chalés que fueron vendidos en el año 99 a sus inquilinos, la mayoría trabajadores de Santa Bárbara, por el Ministerio de Defensa, cuando se hizo la cesión de los terrenos de la Fábrica de Armas. Afecta a una superficie de 74.069 metros cuadrados y a un total de 150 parcelas, un expediente que será sometido ahora a información pública.

Según el alcalde de Toledo, José Manuel Molina, este Plan lo que pretende es mantener la estructura y la tipología de los chalés, aunque recordó que estas viviendas tienen más de cincuenta años y necesitan adecuarse a los nuevos tiempos. En este sentido, señaló que «manteniendo la identidad, lo que hará el Ayuntamiento será permitir dotarles de un funcionamiento acorde con los tiempos actuales». Además, apuntó que «es importante» que exista una legislación para que los actuales propietarios puedan acceder a los servicios actuales, como la calefacción».

CINCUENTA AÑOS

En julio del 99 y cincuenta años después de su construcción en torno la Fábrica de Armas, las viviendas del Poblado Obrero, que eran propiedad del Ministerio de Defensa, fueron adquiridas por sus inquilinos. En total se vendieron 80 unidades, con precios que oscilaban desde los tres millones y medio de pesetas para los chalés más pequeños hasta los nueve que cobró el Ministerio por los de mayor tamaño.

Fueron los propios vecinos los que negociaron con entidades bancarias la disposición de líneas de crédito adecuadas a sus posibilidades económicas para poder hacer frente con mayor comodidad a los pagos de sus viviendas, que por término medio saldrán a seis millones de pesetas. Algunos de ellos, con pensiones pequeñas, tuvieron que hacer grandes esfuerzos económicos para adquirir las viviendas.

Tras la adquisición de las viviendas y ante la falta de un Plan Especial del Poblado Obrero, algunos vecinos, deseosos de mejorar sus viviendas, realizaron obras sin las preceptivas licencias municipales. Así, los servicios de Urbanismo detectaron varios casos de irregularidades en la ejecución de obras, para las que se solicitó un permiso de carácter menor, y luego se convirtieron en grandes reformas, ampliaciones o —como en uno de los chalets— en la construcción de auténticos edificios de nueva planta.

Los agentes han llegado a ordenar la paralización de las obras, que sin embargo se han reanudado posteriormente incumpliendo la disposición municipal. Ante esta situación, obran en poder del Ayuntamiento hasta cinco expedientes sancionadores, al parecer uno de ellos de especial gravedad, que podrían terminar en manos de los Tribunales si los afectados no atienden las órdenes de bloqueo que se les notifican.

Desde el punto de vista de la institución local, el cumplimiento de las ordenanzas y normativas que regulan este tipo de obras no se reduce únicamente a una cuestión de respeto hacia las disposiciones administrativas que afectan por igual a todos los ciudadanos, sino también a cuestiones de seguridad para las personas, ya que la concesión de los permisos de obra tiene entre sus objetivos el de la revisión por expertos de la viabilidad y consistencia física de los proyectos, que al ejecutarse sin licencia no tienen ningún tipo de garantía.