La matanza de galgos tras la temporada de caza, una triste lacra

La Asociación de Galgos Sin Fronteras ha denunciado que la Ley de Protección de Animales de Castilla-La Mancha es papel mojado y que el presidente regional, José Bono, se niega a aplicar el sistema del chip para impedir la matanza de galgos en muchos pueblos de la provincia

TEXTO: B. YUSTE FOTO: ABC
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TOLEDO. Hace unos días, en estas mismas páginas, el alcalde de Lominchar, Ángel Carrasco, negaba categóricamente que en el municipio existiera un colgadero de galgos, como había denunciado una protectora de animales de Madrid, tras recibir el aviso de una vecina. Un desmentido que rechazó ayer una voluntaria de esta asociación, quien aseguró a ABC que durante una visita a esta población fue testigo, junto a otros compañeros, de la presencia de varios galgos ahorcados en un olivar al que se accede por un camino que se toma desde la urbanización «La Solana». «Anduvimos durante media hora hasta llegar a la zona y, tras un intenso rastreo, encontramos en el suelo varios animales muertos que tenían todavía las cuerdas con las que habían sido ahorcados», relató la voluntaria, quien añadió que además hallaron esqueletos y huesos de galgos esparcidos por todo el olivar, lo que hace suponer que el sacrificio de estos animales es una práctica normal entre los cazadores de esta localidad.

Sin embargo, este caso no es aislado en la provincia. La presidenta de la Asociación de Galgos sin Fronteras, Cristina García, apuntó ayer a este diario que tienen constancia de que la desaparición de galgos tras la temporada de caza es frecuente en muchos municipios toledanos y, en este sentido, indicó que han recibido numerosas quejas de habitantes de Ontígola que expresan su indignación por el abandono de gran cantidad de animales que, en la mayoría de las ocasiones, acaban ahorcados en los árboles o en las torretas de la luz. Una situación «deplorable» y que, según García, demuestra la desprotección a la que se ven abocados estos perros, una vez que cumplen su función cinegética.

Por todo ello, la presidenta de este colectivo denunció que la Ley de Protección de Animales que está en vigor en Castilla-La Mancha es papel mojado, puesto que no cumple su cometido de prevenir estos hechos o de perseguirlos y penalizarlos en su justa medida. El maltrato y matanza de galgos se podría atajar con la implantación obligatoria en el territorio autonómico del chip como método de identificación de los animales.

Negativa al chip

Una medida que, según dijo, se niega a aplicar el presidente regional, José Bono, convirtiendo a Castilla-La Mancha en la única Comunidad ajena a este tipo de tecnología de incalculable valor para evitar que el abandono de perros quede impune como ocurre en la actualidad. Precisamente, al no ser el chip obligatorio en la región y, por ende en la provincia, lleva a un importante número de cazadores de la Comunidad de Madrid a vacunar a sus perros en pueblos de Toledo, donde saben que no tienen responsabilidad alguna con sus animales. La negativa de Bono a implantar este sistema identificativo no se podrá prolongar durante mucho más tiempo, ya que la Unión Europea va a imponer a partir del próximo enero que todos los estados asuman la obligación del uso del chip.

Pero, además del exterminio de galgos en colgaderos habilitados en el campo, Cristina García se refirió a las prácticas habituales en algunas perreras y centros de recogida de la provincia. Así, dijo que tienen noticia de que en una perrera, situada en una población de La Sagra, se recibe casi diariamente un camión con cincuenta galgos. «Los animales llegan famélicos y con severos rasgos de desnutrición», manifestó la responsable de la asociación, quien agregó que a la mayor parte de estos perros se les administra «arectine», sustancia que provoca su muerte por asfixia tras quedar paralizados los músculos de los pulmones.

Entre las acciones que la Asociación Galgos Sin Fronteras tiene previsto adoptar para poner fin a esta lamentable situación, figura la puesta en marcha de una campaña informativa entre distintos colectivos de cazadores de la provincia. Asimismo, la agrupación protectora con sede en Madrid ha remitido una carta al presidente Bono en la que se da cuenta de la existencia de estos horribles casos y en la que se pide que se tomen las medidas oportunas para afrontar esta triste lacra.