La Justicia declara nulo un PAU ya ejecutado en Ocaña

La Justicia declara nulo un PAU ya ejecutado en Ocaña

Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

ABC

TOLEDO. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Toledo ha declarado nulo un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Ocaña del 21 de julio de 2006, que permitió construir viviendas en un suelo industrial situado entre las calles Mayor del Villar, Los Molinos, Palomarejo, y Cardenal Reig. La resolución judicial llega con el PAU ya ejecutado y varios cientos de personas residiendo en unas viviendas ahora ilegales.

El veredicto, contra el que cabe recurso de apelación, se produce a raíz de un recurso presentado por la Junta de Comunidades el 20 de diciembre de 2006 contra el dictamen del Pleno, que cuenta con mayoría del PP. Para el juez, es «sorprendente» el acuerdo, ya que es «claramente contrario a las previsiones legales». Además, existían informes desfavorables de la Secretaría municipal y en el propio acta de la sesión en la que se adoptó el acuerdo se reconoce el desaguisado.

«Continuos perjuicios»

La secretaria de Comunicación de la Ejecutiva Provincial del PSOE, Alicia Moreno, calificó ayer de «varapalo judicial» la sentencia y lamentó, en declaraciones a Europa Press, los «continuos perjuicios» que el alcalde, José Carlos Martínez (PP), está causando a Ocaña.

Moreno subrayó la situación en la que se encuentran los vecinos que residen en el PAU objeto de la sentencia judicial. Hay casi 200 viviendas y sus inquilinos «carecen de muchos de los servicios que Ley de Ordenación Territorial y Actividades Urbanísticas (Lotau) contempla», ya que las casas están construidas en suelo industrial y no residencial.

De otro lado, Moreno dio a conocer la multa interpuesta por el Consejo de Ministros al Ayuntamiento de Ocaña, el 28 de agosto, por los vertidos de aguas residuales al término municipal de Ontígola y que supone una cuantía de 354.316 euros al Consistorio, que además tendrá que indemnizar con 117.720 euros por los daños causados al dominio público hidráulico.

Moreno quiso dejar claro que todos estos hechos están más que argumentados con «sentencias firmes» y recordó que ya en 2003 el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha resaltaba la «gravedad» de los hechos sobre los vertidos de aguas residuales sin depurar efectuados por Ocaña en el Arroyo de Yesares.

Apuntó que también un informe técnico elaborado por el Jefe de Distrito Veterinario de Ocaña alertaba de un posible riesgo sanitario para personas y animales, y que la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) «coincidía en señalar que todos los parámetros analizados sobrepasaban ampliamente los límites autorizados», agregó.

Según Moreno, la Consejería de Salud y Bienestar Social también requirió al Ayuntamiento de Ocaña que cesase de manera inmediata el vertido de aguas residuales sin depurar y envió las actuaciones al Ministerio fiscal.

«Caso omiso»

Sin embargo, la secretaria de Comunicación de la Ejecutiva Provincial del PSOE explicó que desde 2003 hasta ahora, el equipo de Gobierno del Consistorio ha hecho «caso omiso» a estas recomendaciones y «lo único que ha realizado es incumplir sistemáticamente la autorización de la CHT al sobrepasar ampliamente los niveles de emisión contaminante», agregó.

Por ese motivo, según Moreno, la CHT se vio obligada a tramitar un expediente como falta «muy grave», como recoge el artículo 117 de la Ley de Aguas, «y por ello es que es el Consejo de Ministros es el que impone la sanción».

Por todo ello, pidió también a Dolores de Cospedal, como presidenta del PP en Castilla-La Mancha y secretaria general del partido, se haga eco de «la actitud caciquil de alguno de sus ediles que creen que el ayuntamiento es su cortijo y pueden hacer y deshacer según les venga en gana dando continuas cornadas a la Ley».