Una juez inhabilita durante 7 años al alcalde de Chozas de Canales por prevaricación

Los hechos probados arrancan en Chozas de Canales el 19 de mayo de 2004. Según el fallo, contra el que cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Toledo, el alcalde se encontró sobre las 13.55 en el exterior del Ayuntamiento con el abogado Alberto de Lucas Rodríguez. Este letrado había sido contratado por Francisco Martín Ribagorda para representarlo en un proceso contencioso-administrativo que mantenía con el Consistorio ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por un plan de actuación urbanística.

Quisieron pegarse

El abogado estaba hablando con dos guardias civiles cuando el alcalde se dirigió a los agentes y les dijo: «No le hagáis caso a ese [Alberto de Lucas], que es un mentiroso». El letrado contestó que «yo no hablo con uno que está procesado», a lo que el edil respondió que eso tenía que demostrarlo y que era un «golfo», según se recoge en la sentencia. El cruce de acusaciones desencadenó en una discusión entre ambos que obligó a los dos agentes a intervenir para evitar que se agredieran. Antes de marcharse, el alcalde espetó al abogado: «Te voy a romper la cara, ya te cogeré cuando te vea solo».

El mismo día el alcalde «ordenó» a los funcionarios municipales encargados del Registro de entrada del Ayuntamiento que no se admitiera ningún escrito presentado por el letrado Alberto de Lucas Rodríguez, instrucción que se registró al día siguiente con el número 763.

El secretario del Ayuntamiento, Ángel Ruiz Checa, emitió ese mismo día un informe en el que indicaba que la orden cursada por el alcalde contravenía varios reglamentos, por lo que debía ser revocada. Se lo comunicó a Antonio Antúnez, pero éste no se echó atrás y se reafirmó en su postura. Durante dos días, los funcionarios municipales no recogieron un par de escritos que intentó presentar el abogado y que estaban relacionados con el asunto que enfrentaba a su cliente con el Ayuntamiento. Esos escritos tuvieron entrada finalmente por correo uno o dos días después.

Antúnez, que deberá pagar las costas de este procedimiento, reconoció ante la juez haber dictado la orden con la finalidad de evitar que el abogado continuara presentando documentos en el Registro del Ayuntamiento relacionados con un plan de actuación urbanística.