La instalación del Colegio General Militar en Toledo (y 2)

No se consideraba, ni lo mencionaría Serafín María de Sotto en la Memoria histórica que publicó en 1847 dando cuenta del establecimiento en Toledo del Colegio Militar , que la casa de maternidad y el refugio de huérfanos y expósitos funcionaban en Santa Cruz; el asilo de pobres para niños y ancianos, en la Casa de la Caridad; y la atención a males venéreos, en el hospital de Santiago. Según datos recogidos por Pascual Madoz , el conjunto de tales instituciones benéficas acogía en 1847 un total de 980 personas, niños y ancianos en su mayoría. Desalojados de los edificios destinados a uso militar, el Ayuntamiento habría de encontrar nueva ubicación para todos ellos forzado por la decisión gubernamental. Su cumplimiento planteaba, sin embargo, muy serias dificultades.

El primer problema consistía en que ni el hospital de afuera ni el de Santiago eran de propiedad municipal. El primero era una fundación cuyo patronato ejercía el Duque de Medinaceli . Su negativa a ceder el edificio pudo salvarse mediante la expedición por parte del Ayuntamiento, a instancias del Gobernador interino, Sixto Ramón Parro, de boletas de alojamiento en él para 300 cadetes. El segundo, aunque regentado por la Junta municipal de Beneficencia, pertenecía a las Órdenes militares, que reclamaban su devolución. Las trabas fueron suprimidas por el Ministro de la Gobernación, Pedro José Pidal, quien el 14 de agosto dispuso iniciar las obras precisas para instalar las dependencias del Colegio en el edificio, con independencia de lo que se decidiera sobre las reclamaciones de las Órdenes militares. Notificado el dictamen al Ministro de la Guerra, Laureano Sanz, el Gobernador autorizó el traslado de los establecimientos benéficos.

Más grave era la dificultad de encontrar sitio adecuado para el traslado de las personas acogidas a la beneficencia municipal. Manuel María Herreros, ahora como vocal de la Junta de Beneficencia, sería comisionado junto a José de Cea, síndico municipal, para presentar propuestas, lo que hicieron el 20 de julio. Confiando que la renuncia a los edificios cedidos al Ministerio de la Guerra proporcionaría «inmensos beneficios a la población» y que los Jefes del Colegio «cuidarán de conservar sin deterioro ni alteración en su parte arquitectónica y de escultura el edificio de Santa Cruz», proponían reunir los tres organismos benéficos en el edificio que fue convento dominico de San Pedro Mártir, entonces regentado por el ramo de la guerra, «con la libertad de utilizar también derribándole si conviniera el que lo fue igualmente de religiosas de la misma orden bajo el título de Madre de Dios».

La única objeción vino de Manuel Herrera , director del hospital de dementes y médico consultor de la Junta, quien había atendido la epidemia de cólera de 1834, que dejó 643 fallecidos en la ciudad. Según él, ni el traslado conjunto de los servicios de beneficencia podría ser beneficioso para la salud, ni el local previsto para su alojamiento reunía las debidas condiciones, además de ubicarse en una zona inadecuada. El resto de asistentes a la reunión se dieron por enterados de su parecer, pero aprobaron sin más discusión el dictamen presentado por Herreros y de Cea y firmaron de inmediato el acuerdo de cesión. Más interés había en la instalación de los centros militares, como señalaron en su día Diego Peris y Rafael del Cerro.

Fuera de toda consideración quedó, por otra parte, la dificultad añadida de que en el convento estaban ya instalados, aun de mala manera, el Museo provincial y los libros procedentes de las bibliotecas del Cardenal Lorenzana y de su sucesor, Luis María de Borbón, y de los depósitos de la disuelta Compañía de Jesús, junto a los que provenían de desamortizaciones de conventos, todo ello bajo el cuidado de la Comisión de Monumentos. Sería el Jefe político, Félix Sánchez Fano, quien decidiera pasar los libros a la casa de las Infantas, en la calle de la Trinidad, que fue arrendada por la Comisión, y el museo, a las ruinas del convento de San Juan de los Reyes, de donde hubo que desalojar a las personas sin recursos que las ocupaban por vivienda. Conseguido este objetivo, la Comisión, a propuesta de su secretario, el catedrático del Instituto de Segunda Enseñanza Narciso Barsi, yerno del Senador y varias veces Gobernador civil Sebastián García Ochoa, y del omnipresente Manuel María Herreros , vocal de la misma, apremiaría al arquitecto provincial, Santiago Martín Ruiz , para ocuparse de la restauración del convento, donde las obras quedaron hacinadas y fueron expuestas más mal que bien durante años.

Se tardaría, sin embargo, más de un año en resolver los apuros financieros. El Ministerio de la Guerra asumía 400.000 reales de los previstos para adecuar a las necesidades del Colegio los edificios escogidos, pero la ciudad había de poner los 233.986 restantes, de los que no disponía. Había que sumar 231.565 calculados en principio para arreglo del convento de San Pedro y «setenta u ochenta mil reales» para gastos de traslado de los establecimientos benéficos. A su vez, el Gobernador civil dispuso la entrega de 3.000 a la Comisión provincial de Monumentos para sufragar la traslación del Museo al convento de San Juan de los Reyes. El ayuntamiento, urgido, solicitó autorización para imponer nuevos arbitrios a la población y para acudir a prestamistas garantizando su inversión con hipotecas sobre fincas de propios, únicos recursos con que creía contar, aparte de ruinosos vestigios de glorias inanes, requeridos de fuertes inversiones para ser puestos en servicio.

Contra lo esperado, la primera y tardía respuesta del Gobierno sólo permitía abordar una mínima adecuación de los locales de San Pedro a su nuevo uso. Autorizaba nada más que un préstamo de la Junta de Beneficencia, por valor de 110.000 reales e interés anual del cinco por cien, a favor del hospital de la Misericordia. Había que bastarle esa cantidad al Ayuntamiento, que renunció tanto a un arreglo completo del antiguo convento dominico, como a ocupar el de Madre de Dios. La subasta de las obras se remató el 24 de marzo de 1847 en sólo 16.900 reales. Meses después, el 13 de agosto, el municipio firmaba un convenio con la Junta según el cual se desistía de nuevas subastas, la traslación de enseres quedaba a cargo de los acogidos en los establecimientos y de los empleados, las obras aún por realizar eran contratadas directamente por una comisión municipal y los gastos para los que no alcanzara el dinero sobrante del préstamo corrían por cuenta de la Junta y se añadían al capital prestado. No se evitaría, con todo, que la operación acabase provocando un descubierto de 145.600 reales en las cuentas municipales, según datos de 1851 obtenidos por Luis Lorente Toledo.

Quedaban por obtener los 233.977 adeudados al Ejército. Tras recibir autorización del Gobernador civil, cargo ocupado por Sixto Ramón Parro en los primeros meses de 1847, a principios de marzo de ese año se acordó detraer 40.000 reales del préstamo recibido para entregarlos al Colegio a cuenta de las cantidades comprometidas, pero tras esa y otras entregas todavía estaban pendientes de pago 160.986 reales. El cambio de Gobierno acaecido a finales de ese mes, por el que el empresario José de Salamanca, socio de José Safont, individuo con fuertes intereses en Toledo, pasó a Ministro de Hacienda, y el nombramiento como Jefe político de Dionisio Gaínza, representante de los negocios de ambos en la provincia, abrió nuevas oportunidades. Fueron admitidos por fin arbitrios sobre el aguardiente y el chocolate y la subasta de varias fincas. Se convino entonces fijar cuotas de dos mil y mil reales a una lista de 136 contribuyentes que anticipasen la suma requerida y destinar a su reintegro las rentas de las no enajenadas, las del teatro y los cánones de los montes de la ciudad. Se consiguió así reunir 135.000 reales, en teoría de manera voluntaria, aunque Dionisio Gaínza forzó la destitución del depositario de fondos municipales por no aportar dinero. La subasta, empero, fracasó y sólo a finales de octubre, tras rebajar el precio de las fincas y convocarla por segunda vez, se pudo vender alguna, al tiempo que se ponían en arriendo las no adjudicadas, para liquidar finalmente la deuda contraída.

Como es de suponer, unas y otras dificultades impidieron que el centro de formación se instalase en los edificios escogidos con la prontitud que las autoridades militares hubieran deseado. Pese a que el nuevo Ministro de la Guerra, Manuel de Mazarredo , constató la estrechez de su alojamiento provisional en mayo de 1847, no fue posible acelerar las obras hasta que la beneficencia municipal los desocupó, a finales de agosto, para trasladarse al antiguo convento dominico al tiempo que recuperaba para la ciudad, a despecho de la Dirección del Colegio, muy valiosas obras de arte, como el Apostolado del Greco depositado en el Hospital de Santiago. De todas formas, la academia militar, a la que ese mismo mes de agosto se le cedieron también los terrenos adyacentes al Alcázar y el ex-convento de Capuchinos, no llegó a ocupar sino en mayo de 1848 los hospitales de Santa Cruz y de Santiago y la Casa de Caridad, los mismos que dos años más tarde albergarían al Colegio de Infantería.