Inmigración: Zoido pide colaboración para aplicar la Ley en la región

La entrada en vigor ayer de la nueva Ley de Extranjería provocó en Castilla-La Mancha una cascada de pronunciamientos, en su mayoría dedicados a cuestionar la nueva normativa, que por su parte el PP de la región defendió como «una gran noticia para España y los inmigrantes». El delegado del Gobierno pidió ayer colaboración a los agentes sociales y las instituciones para aplicar la Ley.

TOLEDO. ABC
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Todo el mundo tuvo ayer algo que decir. Partidos políticos, representantes institucionales, organizaciones agrarias, sindicales, y los más diversos colectivos aprovecharon la fecha de la entrada en vigor de la nueva Ley de Extranjería para manifestar su opinión acerca de una normativa que, en la mayoría de los casos, ha despertado recelos.

La jornada dio comienzo con una sesión de trabajo convocada por el delegado del Gobierno en la región, Juan Ignacio Zoido, para coordinar con dirigentes de la Junta, ONGs, asociaciones agrarias, y la Federación Regional de Municipios y Provincias, entre otros, la aplicación de la nueva legislación que regula la presencia de inmigrantes en España. En este encuentro, se pidió a las Administraciones y agentes sociales colaboración, aunque al parecer Zoido no despejó las dudas que los asistentes le plantearon sobre como incidirá la nueva norma en los inmigrantes ilegales, cifrados en unos cinco mil en la Comunidad. Los colectivos convocados se mostraron dispuestos a brindar su ayuda, aunque no a «localizar a los ilegales», lo que también se les sugirió según palabras de la responsable de CC.OO de Política Social, Concha Rojo.

PP: «UNA GRAN NOTICIA»

Paralelamente, por su parte, desde el PP salieron a la palestra el portavoz del Grupo Popular en las Cortes regionales, Miguel Ángel Monserrat, que en una visita a Talavera sostuvo ayer que la Ley de Extranjería «supera con creces» la que tuvo el PSOE durante su mandato y culpó a los socialistas de «pensar más en los votos que en las personas» con su postura. Recalcó que la ley «es una gran noticia para España y para los inmigrantes» y dijo que el PP «no quiere tener ciudadanos de primera y de segunda categoría», sino todos con los mismos derechos.

Monserrat recordó que el PSOE «estuvo gobernando durante 13 años» y no sacó un texto como el que ahora persiguen, y apuntó que la reforma de la Ley de Extranjería fue un compromiso electoral en las elecciones del año pasado y contó con el apoyo de Coalición Canaria y Convergencia i Unió en el Parlamento.

Por su parte, la diputada regional del PP y recién elegida presidenta de Nuevas Generaciones, Carmen Fúnez, defendió ayer en Toledo la integración social de los inmigrantes «en una sociedad española sin barreras» y manifestó que la reforma de la Ley de Extranjería tiene por objetivo perseguir las mafias que explotan a los inmigrantes. Fúnez se mostró partidaria de la implicación de toda la sociedad en el problema de la inmigración a fin de que los extranjeros que llegan a España para buscar trabajo lo encuentren y con las mejores condiciones de vida posibles.

JUNTA: «OPACIDAD TOTAL»

En el otro lado, asociaciones agrarias, alcaldes socialistas de la provincia o el sindicato CC.OO mostraron sus dudas y sus reticencias acerca de las disposiciones de la nueva ley, que por su parte, el director general de Trabajo, Joaquín Hermoso, calificó como «poco progresista», ya que a su juicio «coharta» los derechos de los inmigrantes que llegan a España.

Asimismo, lamentó la «opacidad total» por parte de las autoridades laborales del Ministerio competentes en esta materia y, por eso, van a exigir más información para tener más control del que hasta ahora.

La Cecam, a través de su presidente, Jesús Bárcenas, llamó ayer la atención sobre el carácter «delicado y preocupante» del fenómeno de la inmigración en el país, al tiempo que incidió en la necesidad de que la legislación garantice que los empresarios puedan contratar a inmigrantes con todas las garantías legales.

Bárcenas pidió a los partidos políticos que no se enzarcen en debates inútiles, y subrayó que la primera intención de los empresarios es la de contratar inmigrantes con la documentación en regla, y que «deben ser las administraciones las que garanticen la estancia en nuestro país dentro de la legalidad de estas personas»