Indignación de alcaldes de la comarca de Torrijos al aumentar la superficie de la ZEPA hasta las 12.500 hectáreas

De auténtica indignación calificó ayer, en declaraciones a ABC, el alcalde de Gerindote, Julián Morales, lo que sintió en la entrevista mantenida en la tarde del miércoles con el consejero de Medio

MARÍA JOSÉ MUÑOZ. TOLEDO.
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De auténtica indignación calificó ayer, en declaraciones a ABC, el alcalde de Gerindote, Julián Morales, lo que sintió en la entrevista mantenida en la tarde del miércoles con el consejero de Medio Ambiente, José Luis Martínez Guijarro, para abordar el polémico tema de la ZEPA de Torrijos, encuentro al que también asistieron los alcaldes de Rielves, Villamiel, Burujón, Bargas, Camarenilla, Huecas, Fuensalida y Novés.

A Morales le sorprendió la presencia de más alcaldes en la reunión con el consejero, ya que «en principio, la ZEPA de Torrijos cogía cuatro pueblos, y ahora va son muchos más; antes eran 7.000 hectáreas y ahora pasan a 12.500 hectáreas: esto es una vergüenza». El alcalde de Gerindote sintió, si cabe, más indignación -dice- por el hecho de que los alcaldes de Burujón, Bargas, Huecas y Novés, todos ellos del PSOE, permanecieran «callados sin protestar». «Se puede ser un alto jerifalte del PSOE, pero tienen que reconocer que con esto de la ZEPA van a arruinar a la gente de sus pueblos; un alcalde del PSOE no puede actuar así sabiendo que a sus vecinos los van a arruinar». Asegura Morales que, finalizada la reunión, los alcaldes del PSOE se quedaron reunidos con el delegado de la Junta en Toledo, Fernando Mora, «no sé si para negociar el silencio o qué».

Según la propuesta presentada por la Junta de Comunidades a los alcaldes afectados, la ZEPA tendrá 12.500 hectáreas y va a afectar a los términos municipales de nueve pueblos toledanos. El periodo de alegaciones será de 20 días, a todas luces insuficiente a juicio de Morales. El consejero rechazó la propuesta de fraccionar la ZEPA para lograr un perjuicio menor en la zona, y ello -explicó Morales- pese a la jurisprudencia existente de casos similares como la IBA (Área Importante de Aves, en su traducción del inglés) de Picos de Europa, con 65.000 hectáreas, o la de Sierra de Peñalabra y El Cordel, en el área de Cantabria, con 66.300 hectáreas, las cuales están divididas en cinco ZEPAS.

«Le propusimos al consejero que en lugar de proteger 13.000 hectáreas -que van a romper la comarca de Torrijos entera- que hagan cinco o seis ZEPAS. Para proteger 350 pajaritos no se pueden proteger 13.000 hectáreas porque en cada una de esas hectáreas no se puede hacer nada ni plantar nada que supere los 80 centímetros de altura. Si hay avistamiento de avutardas en cinco o seis puntos, liberemos un poco a la gente que tenga los avistamientos más lejos». En cuanto a los 20 días propuestos por la Junta para las alegaciones, Morales se pregunta cómo es tan corto el plazo «cuando ellos dicen que llevan cinco años haciendo avistamientos. ¿Cómo sabemos si esos avistamientos son objetivos y reales? Que por lo menos nos dejen un año para poder hacer nosotros comprobaciones, que la Plataforma anti ZEPA pueda buscar un especialista en avutardas para que nos contraste los avistamientos que dice la Junta, que a lo mejor son defectuosos y al final no hay que proteger tantas hectáreas».

En breve se va a convocar una reunión de la Plataforma para canalizar en forma de movilizaciones la indignación existente. «Ayer la gente estaba enfadadísima, quieren otra vez huelga», aseguró Morales, que ya ha puesto el caso en manos de un prestigioso despacho de abogados y que sentencia: «las pérdidas para los agricultores van a ser importantísimas, pero la Junta no lo reconoce».

También critica Morales la actitud «tibia» de las organizaciones empresariales, como Fedeto, que «dice que la ZEPA es muy mala cuando se reúne con nosotros, pero se calla con la Junta». En cuanto al apoyo de organizaciones agrarias como Asaja, subraya que «parece mentira que Asaja, que en otras provincias es el motor que tira de las plataformas, aquí no va ni en el vagón de cola». Pese a ello, la Plataforma, de la que Morales es portavoz, no descarta reunirse con el líder de Asaja, José María Fresneda.

La interpretación que hace Morales de la actitud del Gobierno regional es clara: «Seguimos metidos en el tema del aeropuerto de Ciudad Real porque nuestra ZEPA, hasta que alguien lo derogue, está metida en la Declaración de Impacto Ambiental del aeropuerto, aunque el consejero diga que no. Somos moneda de cambio del aeropuerto de Ciudad Real pero no quieren reconocerlo porque, si no, tendrían que correr con todas las medidas compensatorias, y de esta forma ni paga el aeropuerto ni la Junta».

ABC

La Plataforma contraria a la ZEPA (en la imagen) no descarta organizar un gran acto de protesta contra la intención de la Junta