El Gobierno de Page propone un techo de gasto para 2017 de 5.924 millones, 1,15 % más

En su comparecencia, Ruiz Molina criticó al Gobierno en funciones de Mariano Rajoy que «no ha hecho los deberes» y no ha entregado a las Comunidades Autónomas el cuadro macroeconómico para el ejercicio 2017, donde se recogen las previsiones de crecimiento para la economía nacional para el próximo año, unos datos que tradicionalmente se conocían en el mes de julio. Además, tampoco se ha facilitado por parte del Gobierno de España las entregas a cuenta ni la liquidación de 2015 de acuerdo con el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas. Por eso, los técnicos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas han hecho una «estimación en base a lo que consideramos que va a crecer la economía nacional y regional y a los datos de los que disponemos de evolución de los tributos del Estado», una valoración que se ha hecho, según dijo, con cautela.

La cifra del llamado techo de gasto está compuesta por los ingresos propios no financieros, el objetivo de estabilidad presupuestaria o cifra de déficit autorizada y los ajustes de contabilidad nacional. En relación con los ingresos propios no financieros, Ruiz Molina ha indicado que se han estimado en 5.606,4 millones de euros. Estos ingresos propios no financieros se derivan, por un lado, de las entregas a cuenta que proporciona el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas más la liquidación de 2015 del propio sistema y que se han estimado en 4.613,2 millones de euros. Por otro lado, esta magnitud también está constituida por los ingresos generados por los tributos que gestiona la Comunidad Autónoma, que para el próximo año se han estimado en 993 millones de euros.

Respecto al objetivo de estabilidad presupuestaria, Ruiz Molina ha detallado que se ha previsto que se permita un déficit a las Comunidades Autónomas para el ejercicio de 2017 del 0,5% del PIB regional, tal como se aprobó el pasado mes de abril por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque no ha sido elevado para su aprobación a las Cortes regionales, lo que en términos absolutos asciende a 202,6 millones de euros . La tercera magnitud que se tiene en cuenta en el cálculo del techo de gasto son los ajustes de contabilidad nacional, que arrojarían un saldo positivo de 115,4 millones de euros.

Además, el Consejo de Gobierno ha tomado en consideración del anteproyecto de Ley de Presupuestos para 2017 un nuevo ciclo presupuestario, que supondrá para la región «un crecimiento no solo en cifras sino también en nuevas realidades y permitirá consolidar los objetivos marcados en las cuentas regionales de este año y sentar las bases para el cumplimiento total de los compromisos de legislatura». Ahora habrá que ver, afirmó, «si jurídicamente está en condiciones de presentar el presupuesto antes del 1 de octubre, que es la fecha que establece el Estatuto de Autonomía y que es «cuando le gustaría al Gobierno poderlo hacer». Sobre el presupuesto regional para el próximo año el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha recordado que «tiene que hacer compatibles los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera con los objetivos que están marcando la acción de Gobierno de García-Page y que son la recuperación social y la reactivación económica y del empleo». También serán unos presupuestos que cumplirán con los compromisos que está adquiriendo el Ejecutivo regional con los agentes económicos y sociales, así como con los adquiridos con los empleados públicos.

Así, ha resaltado Ruiz Molina, l os presupuestos de 2017 recogerán parte de la recuperación de la «tasa Cospedal», tal como se fijó con los sindicatos en el acuerdo alcanzado el pasado mes de febrero y que, entre otros puntos, incluía la recuperación del recorte del 3% salarial a partir de 2017.

También se ha incluido en el presupuesto de 2017 « una cláusula de garantía» para que en el caso de que en el último trimestre de este año no se pueda hacer efectiva la devolución del 25% restante de la paga extra suprimida por Rajoy en 2012, este abono se haga efectivo en el mes de enero de 2017. Esta cláusula, según ha explicado el propio consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, garantiza el cumplimiento de otro de los asuntos acordados con los sindicatos y se debe a la «situación tan anómala en la que nos encontramos» y que hace que no sepamos si en el ejercicio de 2016 las Comunidades Autónomas tendrán un objetivo de déficit del 0,3 o del 0,7% del PIB regional.