Elena de la Cruz: «El macrotrasvase Tajo-Segura tiene que ser residual en un plazo razonable»

-Ha hablado en repetidas ocasiones de la necesidad de alcanzar un Pacto Nacional del Agua ¿Cuáles serían los ejes fundamentales? ¿Ha recibido algún tipo de contestación desde el Gobierno central al respecto?

-Cualquier Pacto Nacional debe partir de la base de que es necesario introducir recursos adicionales al sistema porque las aportaciones naturales a la red fluvial han descendido enormemente al tiempo que iban subiendo las necesidades agrícolas y urbanísticas de la costa levantina. Nuestro gran problema es que se nos limita el acceso al agua fluvial porque el Gobierno de Rajoy considera que la España árida tiene derechos preferentes sobre ríos que no sólo pasan por Castilla-La Mancha, sino que en su recorrido hacia el mar discurren en un 70 u 80% por nuestra región. Hace unas décadas, la única posibilidad que había de suministrar agua a la España árida eran los ríos pero la situación ha cambiado. Hoy la desalación ha evolucionado lo suficiente como para paliar los déficits de esas regiones en un alto porcentaje. Queremos ver realidades en ese sentido. O al menos compromisos firmes, con fecha y un calendario. La desalación está llamada a ser algo estratégico, no residual. Lo que tiene que ser residual en un plazo razonable es el macrotrasvase Tajo-Segura.

-Precisamente el actual panorama político hace de la negociación algo obligatorio en casi todas las materias ¿Cree que entonces que puede haber llegado el momento de alcanzar ese pacto nacional que recoja las necesidades de todos los territorios?

-Desde luego puede ser más fácil ahora que en la anterior legislatura. Con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular no ha querido someter esta cuestión a un necesario debate con los territorios, ni siquiera después del contundente informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo reclamando un caudal ecológico suficiente para el Tajo y diálogo con los actores implicados. Si hay alguna oportunidad de que dicho acuerdo fructifique es en esta situación, puesto que el Ejecutivo de Rajoy tiene la necesidad de alcanzar acuerdos para gobernar. No obstante, tampoco nos hacemos muchas ilusiones. Por otra parte, es un poco decepcionante que ésa sea la razón para querer llegar a acuerdos.

Pero al margen del debate estatal ¿no cree que cada territorio debe hacer un esfuerzo de entendimiento?

-Indudablemente. Si nos sientan a una mesa escucharemos y seremos flexibles, pero tenemos que percibir gestos positivos, una nueva estrategia para aliviar la presión que sufre el Tajo y un reparto más justo de los recursos de otras cuencas que, no lo olvidemos, pueden inyectar mucha riqueza en Castilla-La Mancha a través de la agricultura, la transformación agroalimentaria, la industria o el turismo, sin olvidarnos del medio ambiente.

-¿Considera que aquí en Castilla-La Mancha también ha llegado el momento de rebajar la tensión política que siempre genera el agua?

-Nuestra intención es defender el agua como ingrediente esencial de desarrollo y llegar a un amplio consenso con cualquiera que parta de la misma base. Eso sí, la resignación no es precisamente nuestra actitud, aunque lo fuera durante la etapa anterior en el Gobierno de Castilla-La Mancha. Llevamos 16 meses leyendo en un sector de la prensa que hemos abierto la guerra del agua cuando lo que ha hecho el presidente Emiliano García-Page es defender nuestros intereses como región. Obviamente hay un abismo entre una y otra interpretación. Asumimos que quienes hacen grandes negocios a costa de esquilmar el Tajo nos critiquen. Lo que no comprendemos es que desde algunos partidos de Castilla-La Mancha no se apoye nuestra línea política al respecto porque cualquier avance puede ser muy beneficioso para la economía de nuestra Comunidad.

-¿Cómo espera que se resuelva todo el entramado judicial de los diversos recursos interpuestos por la Junta contra el trasvase?

-Espero que se haga justicia. No habríamos recurrido si no tuviéramos esperanzas de ganar. Y creo que era nuestra obligación como Gobierno. Las instituciones debemos emplear las herramientas legales a nuestro alcance. Llevamos 37 años en esta situación pero creo que es ahora cuando se dan las condiciones adecuadas para cambiar las reglas del juego. Esto no consiste en armar ruido mediático. La manera de pasar a la acción es luchar para intentar cambiar leyes, normas que consintió Cospedal como presidenta de esta región para no tener que enfrentarse a los poderes fácticos de su partido.

-¿Cree que el desarrollo de la desalación sería decisivo para ir erradicando el trasvase Tajo-Segura?

-Totalmente. Es una convicción que Emiliano García-Page y quienes tenemos responsabilidades en materia de agua en el Gobierno regional hemos puesto de manifiesto desde el primer día. No hay más que comprobar cómo ha evolucionado esta tecnología para darse cuenta de que es el futuro para territorios como el Sureste español, que teniendo el mar al lado requieren un costoso viaje de casi 500 kilómetros para cambiar el curso de un río. El Tajo-Segura ya está construido, pero no amortizado. Nosotros planteamos que se utilice como recurso adicional en casos muy concretos, pero no para paliar el déficit del Segura y menos para ser el soporte de un crecimiento sin límites a base de seguir abriendo el grifo del trasvase, de considerarlo algo inagotable cuando las aportaciones naturales en cabecera han bajado casi a la mitad en las últimas tres décadas. Si la desalación se explotase al cien por cien en España se podrían reservar al menos entre 100 y 200 hectómetros anuales en la cabecera, que tiene derechos preferentes según la ley, no lo olvidemos.

-En su opinión ¿Cree que el estado del río Tajo es lo más grave en materia de agua en la Comunidad o hay otros casos similares?

-El Tajo es la sangría más visible, la de mayor magnitud, pero hay otras. Con el Júcar o el Segura, el Ministerio aplica una política similar. Puede que sea menos ostentosa porque no hay una tubería que cruza media España para trasladar el agua de un sitio a otro pero los Planes Hidrológicos de ambos quieren consolidar repartos muy desiguales en los caudales. Ambos ríos tienen un alto potencial de aprovechamiento mucho mayor para Castilla-La Mancha pero si el Gobierno de Rajoy llega hasta el final con estos planes, el Júcar se convertirá en el manantial del Vinalopó y el Segura se blindará únicamente para su tramo final.

-Al margen de la vertiente política ¿cómo cree que puede influir en la economía de la Comunidad un nuevo marco del uso del agua? ¿qué zonas y comarcas estima que necesitan una transformación más urgente y por tanto salir más beneficiadas?

-La clave de todo es introducir agua nueva en el sistema y que se puede hacer en una franja próxima a la costa que consume altas cantidades. Eso permitiría el beneficio inmediato de unos caudales muy superiores, pero además comporta el beneficio añadido de acceder a aprovechamientos que ahora están cercenados por las grandes masas de agua que demandan las comarcas del tramo final del trasvase o de los ríos. Creemos que cualquier comarca de Castilla-La Mancha que esté próxima a las riberas del Tajo, Júcar y Segura puede ser objeto de proyectos nuevos en múltiples sectores. Nuestro consumo de agua nunca sería el de la costa, porque la explosión urbanística es incomparable en el litoral y en el interior. El Sindicato Central de Regantes dice que el agua del Tajo supone allí 100.000 puestos de trabajo. Nadie quiere quitárselos, lo que pretendemos es que los obtengan a base de explorar alternativas más cercanas que no van en detrimento de ninguna otra región, como está pasando ahora, porque nosotros también queremos que nuestro territorio se beneficie del empleo que genera el agua. Aquí tenemos agricultores y empresas a las que se están negando nuevas concesiones porque los ríos no dan más de sí con la estructura actual.

-¿Qué planes sigue el Gobierno regional para mejorar el uso del agua en los municipios, tanto en abastecimiento como en depuración?

-El abastecimiento requiere de potentes inversiones del Estado que esperamos como agua de mayo. Hoy está asegurado de una u otra forma pero algunas infraestructuras pendientes pueden proporcionar un gran salto de calidad, como la ampliación de Picadas, la red de Morillejo o la tubería manchega, todas para agua de boca, para beber. Son inversiones cuantiosas que no se han visto aceleradas a consecuencia de la sequía como otras que el Ministerio ha primado en la costa. Nos gustaría ver más implicación, más compromiso y más diligencia, sinceramente. En cuanto a la depuración, cumple un mandato europeo que era necesario. Desde la Agencia del Agua hemos retomado casi 40 proyectos de los más de 150 que nos encontramos paralizados. Ahora bien, en nuestra región vamos a tener que hacer un esfuerzo titánico porque no es lo mismo desplegar 500 instalaciones en 80.000 kilómetros cuadrados que menos de 100 en 8.000 kilómetros cuadrados, como es el caso de Madrid. La dispersión de población y los 919 municipios que tenemos complican la gestión de este asunto. La ruralidad tiene escaso apoyo financiero adicional en la dotación de infraestructuras. Es otro debate que merece más atención a nivel nacional y supranacional.

-¿Considera adecuado el sistema de mancomunidades o habría que mejorar aún más el sistema de gestión del agua?

-El gran reto de España, y es algo que el Gobierno de nuestro país debería defender además con ahínco en las instituciones europeas, es que el agua sea un derecho igualitario de la ciudadanía en acceso, pero también en el coste de todo el ciclo y eso pasa por revisar viejos esquemas. De lo contrario se convierte en un factor de desigualdad porque la cobertura de las necesidades más básicas y también la competitividad se resienten donde el agua es más escasa. No es casualidad que los países del arco Mediterráneo seamos menos prósperos. El agua es clave y lo será aún más en el futuro porque la franja árida del planeta se extiende. Va a ser un elemento que distorsione mucho las relaciones en la Unión Europea en las próximas décadas.