Las Cortes regionales piden al Gobierno mayor número de policías y guardias civiles

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TOLEDO. Las Cortes de Castilla-La Mancha apoyaron ayer, con los votos del Grupo Socialista, una resolución de este grupo por la que se insta al Gobierno de la Nación a dotar a las plantillas de las fuerzas de seguridad en la región con no menos de 400 policías nacionales y 700 agentes de la Guardia Civil.

La iniciativa socialista fue aprobada tras un debate general solicitado por el PSOE sobre la situación de la seguridad ciudadana en Castilla-La Mancha, después del cual el PP también presentó una resolución en la que, entre otras cuestiones, se instaba a la Junta a firmar convenios con el Ministerio del Interior para mejorar la prestación de servicios de las fuerzas de seguridad del Estado, como hacen ayuntamientos y diputaciones, que fue rechazada por el PSOE. La diputada socialista Pilar Sánchez indicó durante su intervención en el pleno que la inseguridad ciudadana se ha convertido en la tercera preocupación para los españoles, tras el paro y el terrorismo, y que «la delincuencia ha subido un 10,5 por ciento en 2001, la tasa más alta de los últimos quince años».

Sánchez acusó al actual Gobierno de ser «incapaz» de reducir los índices de delincuencia y dedicarse a culpar del incremento que han tenido a los inmigrantes, algo que dijo, «además de peligroso, es falso», pues sólo un 27,2 por ciento de los detenidos el año pasado por delitos contra el patrimonio eran extranjeros. El PSOE, en la resolución aprobada por el pleno, además de pedir la referida dotación mínima de plantillas para la Policía Nacional y la Guardia Civil en la región, instó al Gobierno a ampliar sus medios, crear comisarías en urbanizaciones y núcleos urbanos de 30.000 habitantes e integrar en los cuerpos de seguridad a inmigrantes no nacionalizados, especialmente en el área de extranjería, entre otras medidas.

Por su parte, el diputado del PP César Gómez Benayas indicó que la delicuencia «no es un problema gubernativo ni policial, sino social», en el que «la Junta de Comunidades podría hacer algo más», como los ayuntamientos que llegan a acuerdos con el Ministerio del Interior para mejorar la prestación de servicios de las fuerzas de seguridad del Estado en sus zonas o llevar a cabo políticas que evitan la marginación de colectivos, y señaló que la actuación de la Junta se ha concretado en una Ley de Policía Local que no ha satisfecho las aspiraciones de los agentes de estos cuerpos. « El Gobierno regional se limita a ponerles un escudo de la Junta en la bocamanga».