Un vehículo por la AP-36 (Ocaña-La Roda)
Un vehículo por la AP-36 (Ocaña-La Roda) - J.J.ESPARCIA

Las autopistas que atraviesan la región serán este martes un 30% más baratas

Salvo la AP-41 (Toledo-Madrid), que lo será en abril

ToledoActualizado:

Buena noticia en plena cuesta de enero. Los peajes de ocho de las nueve autopistas quebradas y rescatadas por el Estado bajarán este martes, día 15, una media del 30 por 100 y se podrá circular gratuitamente por ellas entre las 0.00 y las 6.00 horas, unas medidas con las que Fomento persigue incentivar su uso y, por tanto, elevar los ingresos que generan estas vías.

Adicionalmente, los usuarios que paguen con dispositivos electrónicos (Tag) se beneficiarán de bonificaciones del 18 por 100 en el caso de vehículos ligeros y del 10 por 100 en el de pesados.

Las nuevas tarifas entrarán en vigor el martes en las radiales madrileñas R-2, R-3, R-4 y R-5, la M-12 (Eje Aeropuerto), la AP-36 (Ocaña-La Roda) y en los tramos de la AP-7 Cartagena-Vera y Circunvalación de Alicante. Tanto la AP-36 como la R-2 y R-4 discurren por territorio castellano-manchego.

Tras quebrar las concesionarias que las gestionaban, estas autopistas revertieron al Estado entre los meses de febrero y mayo del año pasado y pasaron a depender de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt), que próximamente —en el mes de abril— asumirá también la AP-41, que discurre entre Madrid y Toledo.

El Ejecutivo aprobó diversos cambios legales para que Seitt pueda cobrar peajes en estas autopistas una vez vencidos los contratos de concesión, así como gestionarlas hasta 2022. En paralelo, no cierra la puerta a volver a licitar su gestión y mantenimiento, aunque no ha fijado plazos ni estimado la cuantía de la licitación.

Ingresos previstos

Según informa Efe, lo que si debe fijar es la Responsabilidad Patrimonial del Estado (RPA) o lo que es lo mismo, la cantidad que el Estado deberá pagar a los dueños de las concesionarias, en su mayoría fondos que compraron su deuda, por la inversión que se hizo en su día para construir las carreteras y que quedó pendiente de amortizar al resolverse anticipadamente los contratos de concesión.

El Gobierno calcula que las autopistas rescatadas y los tramos de vía asociados a ellas requieren inversiones de, al menos, 317,6 millones de euros hasta 2022, tanto para su puesta a punto como para hacer frente a nuevas actuaciones derivadas de desarrollos urbanísticos. Además, prevé que, gracias al incremento de tráfico por la rebaja de peajes, las autopistas rescatadas, que cerrarán 2018 con unos ingresos de 77,5 millones, facturarán 122,8 millones en 2019 (58,4 por 100 más), 126,4 millones en 2020, 129 millones en 2021 y 131,6 millones en 2022. Debido a las inversiones que se deberán acometer, el resultado bruto de explotación (ebitda) pasará de 45,3 millones en 2018 a arrojar saldos negativos de 19 millones en 2019, de 12,9 millones en 2020, de 7,4 millones en 2021 y de 3,2 millones en 2022. Respecto a los ingresos previstos por las áreas de servicio se estima una merma después de que Repsol haya expresado su disconformidad a mantener los contratos que tenía en vigor con las sociedades concesionarias.

La rebaja de estos peajes permitirá mejorar la movilidad y «aprovechar estas infraestructuras», que habían perdido tráfico en los últimos meses, según dijo el pasado mes de diciembre el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Además, el ministro recordó que es necesario «una reflexión por parte de las fuerzas políticas sobre el futuro de la financiación de las vías de alta capacidad». El titular de Fomento no opinó sobre el modelo que debe implantarse, pero sí señaló firme que «las infraestructuras portuarias, ferroviarias y aeroportuarias exigen un pago por uso».

El porqué de la quiebra

Las autopistas fueron a concurso por una deuda inasumible derivada de altos costes de expropiación y unos planes de negocio demasiado optimistas El Estado asume su titularidad para garantizar el servicio y conservar el 100% de los puestos de trabajo.

El Estado debe compensar a las concesionarias con hasta 5.000 millones —Fomento dice que será menos de 3.700—y perderá 550 en créditos. Recuperará una parte con su explotación y su reprivatización.