Los sindicatos reclaman a la Junta un nuevo modelo de gestión para los centros de reforma juvenil y de menores

Así lo ha afirmado el presidente del Colegio de Educación de Castilla-La Mancha, Francisco Peces, quien ha denunciado que hay mucho «intrusismo profesional» y se está contratando como educador social a personas que no tienen ni la diplomatura, ni el grado, «ni están habilitados por algún centro de educación social para el ejercicio de la profesión», ha indicado.

El presidente del Colegio de Educación de Castilla-La Mancha ha señalado que en la última reunión mantenida con el Ejecutivo regional trasladaron las mejoras que se deben incluir en el nuevo Concierto Social de Menores , «pero la respuesta de la directora general fue que no se iba a mover este concierto», ha lamentado.

Francisco Peces ha dicho que, a pesar de la sentencia favorable de CCOO, en la que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales anulaba el Concierto Social de Menores, la Junta ha anunciado que va a recurrir, lo que provocará que se alargue «en el tiempo».

Estrella Fernández, representante del sector Autonómico de UGT Servicios Públicos, ha asegurado que el sindicato ya ha solicitado al Gobierno central una reunión urgente para dotar a este sector de un marco básico estatal y es que «la protección y la reforma de niños y jóvenes son -como la educación y la sanidad- un servicio público esencial, un derecho de la ciudadanía».

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Ha añadido que, «si hacemos dejación de funciones, si ponemos a un solo trabajador en cada turno, estamos poniendo en peligro, no solo a los trabajadores, también a los menores».

Fernández ha apuntado que la ratio actualmente en Castilla-La Mancha es de un profesional por cada ocho niños o jóvenes. «Es el momento de que la Junta asuma su responsabilidad porque -ocurre también en otros ámbitos como las residencias de mayores- este Gobierno suspende en la atención a las personas».

Por su parte, Antonio Romero, responsable a nivel regional y estatal del Sector de Menores en la Federación de Enseñanza de CCOO, ha asegurado que «en Castilla-La Mancha se ha hecho un concierto social, no para mejorar el servicio, sino para precarizarlo«. Ha reclamado mayor seguridad laboral y un número suficiente de profesionales para atender a los menores, «menores que vienen con unas mochilas y cargas que hacen necesaria una atención socio-educativa individualizada para poder reeducarlos y que sean ciudadanos de futuro».

«Tenemos 17 modelos de gestión en España, cada una con un precio plaza distinto. Así, frente a los 122 euros que se destinan en Castilla-La Mancha, en Madrid esta cantidad asciende a 226 euros, lo que les permite tener más personal y garantizar la subida salarial prevista en convenio«, ha denunciado.

Ha puntualizado que el modelo de concierto en la región ha sido anulado a raíz de un recurso de CCOO ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, porque se salta las directivas europeas sobre la gestión externalizada de los servicios sociales.