Ruiz Molina, satisfecho tras lograr una «reivindicación histórica» de la región
Castilla-La Mancha vota a favor de la quita en el Consejo de Política Fiscal y se opone al reparto del impuesto sobre la banca en función del PIB
Las autonomías del PP plantan a Montero y abandonan el Consejo de Política Fiscal: «Esto es un punto y final»
De vuelta a Toledo en coche tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en Madrid, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha atendido a ABC para expresar su opinión sobre lo abordado y aprobado con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Uno de los temas básicos era la condonación de la deuda a las Comunidades autónomas, «y salimos muy satisfechos en este punto porque era una reivindicación histórica de Castilla-La Mancha (con gobiernos del PP y del PSOE), fundamentalmente basada en la infrafinanciación que sufre nuestra comunidad de acuerdo con el sistema de financiación».
En términos de condonación por habitante, Castilla-La Mancha «es la comunidad que mejor sale parada» con estos 4.927 millones de euros, quita que supone el 30% de la deuda total y que asciende a 16.423 millones de euros (16.600 millones a diciembre de 2024, según datos del consejero). «En cualquier caso es un porcentaje muy elevado», añadió Ruiz Molina, que explicó que la quita «va a tener repercusión en los intereses que tenemos que pagar todos los años -como cualquier familia- de los préstamos que asumimos».
Así pues, la región votó sí en este primer punto, junto a las Comunidades de Cataluña y Asturias, porque el resto de comunidades -gobernadas por el PP- se levantaron de la mesa al principio de la reunión.
Sin embargo, Castilla-La Mancha votó en contra del reparto del impuesto de la banca entre las comunidades autónomas en función de su PIB. «Nosotros, en defensa de los intereses de los castellano-manchegos, hemos votado en contra porque no consideramos que un impuesto que se recauda de los ricos se reparta beneficiando a los ricos», señaló el consejero,
«Es contraproducente que se reparta la riqueza del país en función de la riqueza de las regiones. De hecho, este argumento nos puede venir en contra cuando defendemos o estamos en contra de que alguna comunidad autónoma considere que la mayor capacidad económica le da derecho a una mayor financiación y, en consecuencia, a que sus ciudadanos tengan mejores servicios que los demás», concluyó.
Ruiz Molina explicó que no importa tanto el efecto que ese reparto en función del PIB pueda tener sobre la región, como en la introducción de criterios «que son absolutamente regresivos, incluso en contra de principios fundamentales de la Constitución, que nos dice que los poderes públicos tienen que repartir la riqueza de acuerdo a criterios de equidad entre las regiones». A este punto también votó en contra Asturias, lo que no significa que no se vaya a aprobar, ya que el Gobierno siempre tiene mayoría en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La reforma del sistema de financiación autonómica no se abordó en la reunión de ayer con Montero, pero «es urgente que abordemos un nuevo modelo de financiación para las comunidades autónomas; lo he dicho en mi intervención y también lo ha dicho ella», afirmó Ruiz Molina.
En relación a la postura de los consejeros del ramo de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, al consejero de Hacienda le parece «una contradicción el estar todo el día reclamando que los asuntos que afectan a las finanzas de las comunidades se discutan en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y cuando hay un asunto que no les satisface o del que no quieren manifestarse, se ausenten».
Desde su punto de vista, «es no querer votar algo que todos sabemos que al final van a acceder a ello porque es muy difícil que a una comunidad autónoma a la que le proponen condonar o reducir parte de su deuda diga que no. Es más fácil decir me ausento y no me mojo, pero luego cómo explico yo a mis ciudadanos que me perdonan una parte de la deuda y digo que no».
Ahora, el tema de la condonación de la deuda se va a tramitar a través de una ley orgánica que deberá negociar y votar en el Congreso de los Diputados. En ese momento, los diputados del PP «no van a votar en contra, es mi opinión personal porque es muy difícil votar en contra de algo que beneficia directamente a los ciudadanos de tu región.
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