Castilla-La Mancha se sitúa a la cola nacional en Rentas Mínimas de Inserción

Este porcentaje del 0,1% coloca a la región junto a Madrid (0,4%) y Andalucía (0,6%), como las comunidades con menos cobertura de estas ayudas. En contraste, la media nacional se sitúa en 6,1%, lo que significa que solo una pequeña parte de las personas que viven en situación de pobreza acceden a las Rentas Mínimas de Inserción, a pesar de la alta necesidad existente en la región.

Estos datos se desprenden del documento presentado esta semana por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales a partir del del Informe de Rentas Mínimas de Inserción que ha hecho público el Ministerio de Derechos Sociales y el Instituto Nacional de Estadística (INE) en relación al 2024.

De esta forma, el número de beneficiarios de las Rentas Mínimas de Inserción en Castilla-La Mancha ha sufrido una caída en los últimos años, en parte, motivada por la implementación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2020. Desde entonces, la región ha visto como el número de personas que reciben esta ayuda ha disminuido un 90,04%, pasando de 7.159 beneficiarios en 2020 a solo 713 en 2024.

Mientras que algunas comunidades como Valencia o País Vasco han aumentado su número de beneficiarios y su presupuesto en los últimos años, en Castilla-La Mancha se observa una desconexión entre las políticas implementadas y la alta necesidad de apoyo social. Este vacío ha generado una profunda desigualdad en el acceso a las ayudas sociales y está limitando las oportunidades de mejora para muchas familias que continúan enfrentando dificultades económicas y sociales, tal y como se deduce de la lectura del documento de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Otro de los aspectos que agravan la situación en Castilla-La Mancha es la baja cuantía de las ayudas. En 2024, la cuantía media de las Rentas Mínimas de Inserción en la región representó el 1,6% de la renta media por hogar, lo que subraya la insuficiencia de estas ayudas para cubrir las necesidades básicas de los beneficiarios. Esta cifra coloca a Castilla-La Mancha en una de las últimas posiciones en cuanto a la ayuda económica proporcionada por las Rentas Mínimas de Inserción, muy por debajo de otras comunidades autónomas como Baleares, donde la cuantía alcanza el 33% de la renta media.

El bajo porcentaje de la renta que las Rentas Mínimas de Inserción representan en Castilla-La Mancha refleja la capacidad limitada de estas ayudas para paliar la pobreza de manera efectiva. A pesar de la creciente tasa de pobreza en la región (34,2%), junto a Andalucía (35,6%) y Extremadura (32,4%), el escaso apoyo económico sigue siendo insuficiente para ofrecer una solución real a la situación de los más vulnerables.

Mientras que algunas comunidades autónomas han incrementado su presupuesto para las Rentas Mínimas de Inserción, como es el caso de Canarias (139,1%) y Baleares (58,4%), Castilla-La Mancha ha optado por reducir sus fondos. Esta disminución en la inversión no solo afecta a la cantidad de personas que pueden acceder a las ayudas, sino también a la calidad del apoyo brindado.

Y es que el recorte en el presupuesto destinado a las Rentas Mínimas de Inserción es uno de los más pronunciados a nivel nacional. Desde la implementación del Ingreso Mínimo Vital el gasto en estas ayudas de inserción ha caído un 88,2%, lo que representa una pérdida de más de 11 millones de euros desde 2020. En 2024, el presupuesto destinado a estas ayudas se redujo a solo 1,5 millones de euros, lo que limita la capacidad del Ejecutivo autonómico para apoyar a los ciudadanos más necesitados, especialmente en un contexto de alta pobreza y exclusión social.

La combinación de la baja cobertura, la insuficiencia de las cuantías y los recortes presupuestarios, como indican los profesionales del ámbito social, refleja una situación insostenible para muchos ciudadanos en Castilla-La Mancha, con la segunda tasa de pobreza del país y las Rentas Mínimas de Inserción a la baja en dotación presupuestaria de 2020 a 2024.

De esta forma, la falta de recursos y el limitado alcance de las ayudas sociales ponen en evidencia, explican los profesionales, la necesidad urgente de reformar el sistema de protección social en Castilla-La Mancha, tal y como señalan desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que abogan porque es necesario un enfoque más inclusivo y adaptado a las realidades de la región para garantizar que los más necesitados tengan acceso a las ayudas que les permitan superar la pobreza y la exclusión social.

Por último, desde esta asociación, en términos globales del conjunto del país, apuntan a que si se analizan las personas perceptoras del Ingreso Mínimo Vital y Rentas Mínimas, la estimación es que en España 1.454.271 personas las reciben por encontrarse en una situación de pobreza, excluyendo de ese dato a los ciudadanos que perciben el Ingreso Mínimo Vital por tener el complemento estatal de ayuda a la infancia, una de las mejoras introducidas en la Ley del Ingreso Mínimo Vital que entró en vigor el 1 de febrero de 2022 como un instrumento clave de apoyo a la infancia.