La región plantea un Pacto de Estado en materia de vivienda y una «reflexión» sobre la ley actual

En declaraciones a los medios desde la Península de La Magdalena, Hernando ha reparado en que «a día de hoy, los grupos parlamentarios que aprobaron la ley de Vivienda hace un año ni siquiera obtendrían una mayoría en el Parlamento«.

«Creemos que hay deficiencias en esta ley, y las mejoras que se puedan introducir tienen que venir de la mano de un enorme consenso, y eso debe materializarse a través de un Pacto de Estado. La vivienda supone un reto lo suficientemente importante en nuestro país», ha apuntado.

Todos estos planteamientos desgranados por Hernando se recogen en el decálogo preparado por el Gobierno de Castilla-La Mancha en la Conferencia de Presidentes.

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La cuantía es de hasta el 60 por ciento del coste subvencionable por la adquisición, con un límite máximo de 75.000 euros por vivienda. El presupuesto total es de 1,9 millones de euros

Entre sus propuestas se encuentra agilizar la normativa en materia de suelo y movilizar todo el suelo disponible en la administración para ponerlo a disposición de promotores públicos y privados; e incorporar suelos privados a las políticas públicas de vivienda.

El Ejecutivo de Emiliano García-Page también plantea agilizar la aprobación de licencias y permitir la incorporación de equipos externos a la administración para agilizar y desbloquear licencias urbanísticas.

Apostar por la construcción industrializada y apostar por la inversión en formación profesional como soluciones para hacer frente a la falta de mano de obra es otra de las ideas con las que el Gobierno castellanomanchego acude a esta cita presidencial.

Asimismo, pide agilizar todas las ayudas que concede el ICO y habilitar nuevas vías de ayuda, así como un nuevo plan de vivienda con programas de ayudas para la urbanización de suelo y la construcción de viviendas a precios asequibles; con ayudas directas a la compraventa; con programas de ayudas al alquiler, con uno específico para mujeres víctimas de violencia de género; y con ayudas a la rehabilitación de viviendas y de barrios.

También propone el ejecutivo de Page sacar a concurso todos los suelos públicos para dar entrada a todo tipo de agentes de la edificación; introducir beneficios fiscales tanto en la oferta como en la demanda que favorezcan la construcción de vivienda (reducir IVA); y modificar la ley del suelo para mayor seguridad jurídica en la tramitación de planes y acabar con la parálisis de procedimientos por defectos subsanables o por razones de interés general.

Para terminar, solicita introducir seguros nacionales de impago, desperfectos y defensa jurídica a cambio de limitación de precios del alquiler para particulares, al tiempo que propone un Pacto de Estado en materia de vivienda con grupos políticos y los agentes implicados.

De su lado, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha recordado que el objetivo del presidente de Castilla-La Mancha en la reunión de presidentes que se está celebrando en estos momentos es arrancar un compromiso del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, de abordar por fin un nuevo modelo de financiación autonómica que tiene que ser único para todas las comunidades autónomas de régimen común.

«Solamente existen, de acuerdo con la Constitución, dos regímenes diferentes, que es el del País Vasco y Navarra, y la Constitución no contempla un tercer régimen como el que se pretende para Cataluña«.

García-Page, ha dicho, va a exponer el modelo de Castilla-La mancha, que es garantizar la igualdad de derechos de todos los españoles a los servicios públicos, al menos los fundamentales, y eso «es contradictorio» con un modelo singular para Cataluña. Igualmente, ha puesto de relieve que «los impuestos que pagamos entre todos se repartan entre todos y desde luego donde se debe discutir ese reparto es en el Consejo de Política Fiscal y Financiera».