Page pide por carta a Sánchez un cambio en la financiación autonómica para evitar los costes millonarios que causa a Castilla-La Mancha

«Como presidente de Castilla-La Mancha, vengo observando con preocupación cómo la adopción de diversas actuaciones y medidas por parte de los diferentes Gobiernos de España han tenido una clara incidencia, tanto desde la vertiente de los ingresos como de los gastos, en el ámbito de la financiación autonómica y de las relaciones entre las haciendas públicas estatal y autonómicas», y «consideramos que la Administración General debe establecer todos los mecanismos que garanticen que las normas estatales que supongan incremento de gasto o reducciones de los ingresos tributarios de las Comunidades Autónomas contengan la valoración correspondiente y no impliquen una disminución de los márgenes de autonomía para desarrollar sus competencias propias«, señala la carta.

«El hecho de que la aprobación de normativas estatales no conlleve aparejado la garantía de financiación suficiente a las Comunidades Autónomas para su aplicación supone un menoscabo de los recursos financieros que, en el caso de mi región, nos pone en enormes dificultades para poder cumplir con las exigencias que la ciudadanía de la región nos marca en políticas ya consolidadas como la sanitaria, los servicios sociales o nuestras propias infraestructuras«, añade, y pone un ejemplo: »Desde la vertiente de los ingresos, la realización de modificaciones normativas por parte del Estado sobre tributos cedidos, total o parcialmente, que suponen una minoración de su rendimiento como las aplicadas al impuesto especial sobre la electricidad y al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)«.

Argumenta Page que lo mismo sucede desde el punto de vista de los gastos, donde los sobrecostes derivados en el ámbito de la atención a personas con discapacidad tras la aplicación del acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se cifran en más de 32 millones de euros hasta el año 2030; o en el ámbito de la atención a las personas mayores, teniendo en cuenta además la demografía de Castilla-La Mancha, con importantes sobrecostes derivados del cambio de modelo que además,« en muchos casos, no se adapta a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas».

Una situación similar se produce en la enseñanza universitaria, pues la aplicación de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU) está suponiendo «un incremento muy notable de los costes de las universidades con implantación en la región y, por tanto, de las obligaciones financieras de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha previstas en los respectivos contratos-programa acordados con las mismas, aunque conozco que en la reunión que has mantenido con los rectores habéis llegado a un compromiso«.

Por todo ello, «te pido que en la próxima Conferencia de Presidentes se incorpore un punto donde se aborde un Compromiso de Estado que implique la garantía de financiación de los sobrecostes que se derivan de la aplicación de normativa o acuerdos de la Administración del Estado, compromiso que debe ser trasladado a la normativa básica del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas«.

Según ha explicado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Luis Alfonso Ruiz Molina, en las últimas modificaciones del impuesto de la electricidad y del IVA de determinados productos «hay una clara repercusión en las finanzas de las Comunidades autónomas», que también se ven afectadas por algunas decisiones adoptadas en materia de dependencia, con un «claro incremento de los gastos para la Comunidad autónoma sin que vayan acompañados de la necesaria financiación», y que suponen unos sobrecostes superiores a los 32 millones de euros hasta el año 2030. «Estamos hablando de un incremento del gasto de 5 o 6 millones de euros», ha detallado Ruiz Molina.