castilla-la mancha
El nuevo Estatuto 'blinda' una financiación justa y los derechos sociales como la sanidad y la educación
Figuras como el decreto-ley figuran en el nuevo texto, que establece el lenguaje inclusivo; da carta de naturaleza a la Inteligencia Artificial y encumbra el valor supremo del agua
PSOE y PP acuerdan la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que eleva a 55 el número máximo de diputados

Después casi 43 años (se aprobó en 1982) con el viejo texto, hay muchas novedades en el nuevo Estatuto de Autonomía, que hasta ahora no establecía una capital reconocida para Castilla-La Mancha y ahora pone negro sobre blanco que Toledo es la capital, que también es sede de las Cortes regionales y del Gobierno.
El nuevo texto se fundamenta en el compromiso de continuar ahondando en la plena autonomía y el autogobierno mediante el blindaje de derechos sociales de la ciudadanía, como son la educación, la sanidad y los servicios sociales. El Título Preliminar y Primero refuerza los derechos y libertades de la ciudadanía castellanomanchega, e incluye una referencia a la ciudadanía de la Unión Europea, así como a las personas extranjeras no comunitarias residentes en Castilla-La Mancha.
Se adoptan figuras tales como el Decreto-Ley, que permitirá que el Consejo de Gobierno pueda dictar este tipo de disposiciones «en caso de urgente y extraordinaria necesidad». Blinda el Consejo Consultivo, la Cámara de Cuentas, el Consejo de Diálogo Social, el Defensor del Pueblo o el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno.
El Título IV establece numerosas novedades, como la posibilidad legal de reconocer áreas metropolitanas o regular entidades locales menores al municipio. También se establecen actuaciones y medidas efectivas para la lucha contra la despoblación y se regulan nuevas competencias «que tendrán un papel esencial en la vida de la ciudadanía en los próximos años» como la inteligencia artificial o las medidas de acción contra el cambio climático».
En cuanto a los símbolos y fiesta oficial, y pese a lo manifestado al respecto desde el ámbito político en anteriores ocasiones, el nuevo Estatuto no renuncia a que la región tenga su propio himno, por lo que este capítulo queda abierto a los compositores.
El Capítulo II aborda la financiación de la Junta de Comunidades, que «no podrá implicar discriminación alguna para Castilla-La Mancha respecto de las restantes Comunidades Autónomas, sin perjuicio de respetar la realización efectiva del principio de solidaridad en todo el territorio nacional en los términos del artículo 138 de la Constitución Española».
Para determinar la asignación que dentro del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas corresponde a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, «se ponderarán adecuadamente los factores de superficie territorial, dispersión demográfica, baja densidad y envejecimiento de la población de la Comunidad, de tal manera que se garantice el coste efectivo de los servicios públicos en la región».
También, en el nuevo Estatuto de Autonomía se determina que la inversión del Estado destinado a Castilla-La Mancha deberá garantiza, de forma efectiva, el equilibrio territorial en los términos del artículo 138 de la Constitución Española, teniendo en consideración, «con carácter prioritario», la superficie del territorio de la Comunidad. Asimismo, se incorporarán criterios de «discriminación positiva para corregir las desigualdades de renta per cápita, combatir la despoblación y fomentar el desarrollo de las zonas más desfavorecidas».
La iniciativa de la reforma del Estatuto corresponde a las Cortes de Castilla-La Mancha a propuesta de una tercera parte de sus miembros o al Consejo de Gobierno, y su aprobación «requiere el voto favorable de los tres quintos de los diputados y diputadas.
Fuentes de la negociación del nuevo Estatuto, que se ha extendido durante año y medio entre el PSOE y el PP, han señalado que el incremento del número de diputados, que pasa de 33 actuales a una horquilla de entre 25 y 55, no supone que se potencie el bipartidismo ya que «cuantos más escaños, más posibilidades hay de que entren en el parlamento otros partidos», aunque han reconocido la «complejidad» del asunto y que «las leyes electorales las carga el diablo».
Según señalan los negociadores de esta reforma estatutaria, lo esencial de la misma es el blindaje de las competencias en sanidad, educación y bienestar social; la financiación autonómica, el apartado de nuevas tecnologías -con la emergente IA- y el agua.
De manera paralela, se reformará el Reglamento de las Cortes, de forma que se eliminarán aforamientos y se blindará que los diputados con decicación exclusiva tengan las mismas incompatibilidades que miembros del Consejo de Gobierno. Se incluye también la prestación por inactividad laboral, incorporará el voto telemático, entre otros aspectos.
Arranca la reforma del Estatuto, un estatuto para los nuevos tiempos y otras generaciones de castellanomanchegos. Así que pasen 40 años, ¿quién saldrá entonces en la foto?
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