Las limosnas del Ministerio de Justicia a los abogados del turno de oficio: «Es de vergüenza»

Ella lo pone como ejemplo para que se entienda por qué los letrados de la asistencia jurídica gratuita están, otra vez, que trinan después de la propuesta del Ministerio de Justicia sobre la actualización de sus honorarios, con una subida del 5 por ciento, aunque el plazo de alegaciones está abierto hasta el día 14.

«Esto es indecente, una tomadura de pelo, una falta de respeto a la abogacía... Te indigna porque (la propuesta del ministerio) no recoge asuntos que tramitamos y la subida es tan ridícula que no merece tal nombre», desaprueba Vega, quien también es la presidenta de la Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio (CEAT) y de la Asociación de Abogados del Turno de Oficio de Toledo (Asato).

«La ley se publicó en 1996 y el reglamento en 2003, pero no se hizo la primera y única actualización de baremos hasta 2018, después de 15 años y sin recuperar el poder adquisitivo. Desde entonces, nada», relata la letrada mientras habla con ABC de esos módulos y bases de compensación, cuyas cantidades pírricas varían dependiendo del tipo de procedimiento. No es otra cosa que el dinero fijo que un abogado del turno de oficio percibe por cada asunto. «Una vez que lo aceptamos, lo tenemos que llevar hasta su finalización con todas las consecuencias, se pague o no. Pero la cantidad que se abona por cada actuación profesional no refleja el trabajo que lleva implícito», critica la presidenta de la confederación.

«Con ese 5 por ciento que propone el ministerio, no te llega ni para cubrir la gasolina», lamenta Sara Rodríguez, quien ejerce en el partido judicial de Illescas. Está colegiada desde 2017 y desde mayo de 2020 es uno de los 40 abogados que forman parte del turno de oficio (se requieren tres años de ejercicio para entrar en él).

Alicia y Sara están colegiadas en una comunidad autónoma que se encuentra en el denominado 'Territorio Común', porque no tienen transferidas las competencias en Justicia, y perciben cantidades que el Colegio de Abogados de Guadalajara tilda de «ínfimas». «Los letrados del turno de oficio siguen siendo maltratados por parte del ministerio», afirma su presidente, Emilio Vega, movido por un «profundo hartazgo».

«Estamos ejerciendo una labor que encomienda el Estado. La Constitución dice que el que no tiene recursos para litigar tiene derecho a un abogado de oficio y a pedir la justicia gratuita. Nosotros prestamos ese servicio, estamos trabajando por encargo del Estado, pero no nos retribuye ni el tiempo, ni la formación ni el gasto que nos supone. Yo pongo a disposición de mi cliente del turno de oficio mi despacho, que pago yo; mi mutualidad, que pago yo; mi formación, que pago yo; mi ordenador, mi base de datos, mis conocimientos... Todo lo pongo a disposición, pero eso no me lo paga el Estado», clama Alicia.

La presidenta de la CEAT echa mano del reglamento. «En los juicios rápidos, si acreditas la actuación realizada en el plazo de 24 horas, tienes derecho a cobrar el procedimiento, aunque al cliente no le hayan reconocido aún la justicia gratuita. Pues, desde hace dos o tres años, el ministerio decidió que no lo pagaba hasta que no haya una resolución, con lo que se pasa por el arco del triunfo el texto del reglamento», concluye.

Lo que más ha cobrado Sara en el trienio en el turno de oficio han sido 233 euros limpios, después de quitar el 15 por ciento del IRPF a los 274 con los que el ministerio le pagó por un procedimiento penal: un detenido por un robo en 2020, aunque ella cogió el caso a finales de 2021. «Calculo que invertí unas 40 horas de trabajo: lo asistí en el cuartel de la Guardia Civil, también en su declaración en el juzgado, estuve en las de los testigos, preparé la vista y luego asistí al juicio, que menos mal no se suspendió. ¡Ah! Y da gracias a que le concedieron la justicia gratuita», advierte.

Le compensó más el dinero que le pagaron por los tres desplazamientos a la prisión de Aranjuez (Madrid VI), donde su cliente estaba recluido por otras causas: en total, 150 euros brutos porque la cárcel estaba a más de 50 kilómetros de la sede de su colegio profesional. «Merecen la pena los desplazamientos porque, proporcionalmente, pagan más que con el propio procedimiento», subraya.

Aquí, Alicia puntualiza que «los desplazamientos para ir a los juicios te los pagas tú. Es algo que nos pasa mucho: te citan a un juicio, te desplazas, se suspende y te vuelves a casa sin que nadie te pague nada».

A Sara no le ha tocado guardia en el turno de oficio este fin de semana, con lo que no ha tenido que estar pendiente del teléfono de día y de noche. En el caso de haber tenido que desplazarse para asistir a un detenido, el ministerio le habría compensado con 80 euros brutos (15 por ciento de IRPF mediante). Sin embargo, en todo esto hay peros. «En juicios rápidos por conducción sin carné o por los efectos de bebidas alcohólicas, no te pagan la asistencia porque el ministerio incluye los 270 euros brutos del procedimiento. Si hay un reconocimiento de los hechos, se termina cuando pasa a disposición judicial. Pero si no... Y luego hay que esperar a que le concedan la asistencia gratuita o no».

Lo dice por experiencia porque está esperando desde enero a tener la resolución por un procedimiento por estafa y desde febrero a saber si a otro cliente del turno de oficio también le dan o le deniegan el servicio de justicia gratuita. «Si se lo conceden, cobraré del ministerio 270 euros brutos por cada caso, al que dedique alrededor de 40 o 50 horas. Pero si no se lo conceden, tendría que reclamarles y, con un poco de suerte, dentro de unos cuantos años estaría cobrando...».

En el caso de un juicio rápido con condena, los 270 euros que perciba Sara incluyen la ejecutoria. Este es otro procedimiento que se abre en el juzgado de lo Penal para hacer cumplir la sentencia, que «dura todo lo que dure el cumplimiento» de la condena. «El asunto no termina el día de la sentencia condenatoria. Es muchoooo más largo», sonríe.

-¿Y qué le dicen en su familia, Sara?

-Al final es vocación, te gusta la profesión. También por la experiencia que coges, por la particularidad de los casos que entran y que de otra forma no te llegarían al despacho. La profesión está difícil y me apunté al turno porque, para los abogados jóvenes, es la vía de darte a conocer. Conoces a gente a la que le dedicas mucho tiempo, te tratan bien y tú tratas de ayudarla. Cuando ayudas a una persona y el asunto te sale bien, sientes satisfacción. Creo que sí me veo en el turno toda mi carrera porque me gusta.

Alicia cita otro ejemplo: un procedimiento completo de modificación de medidas a raíz de un divorcio. «Al cabo de un tiempo, se cambia cualquier acuerdo y hay que plantear una demanda nueva, hablar con clientes, preparar e ir al juicio... Y el abogado percibirá del ministerio 121,5 euros brutos. Es de vergüenza», sentencia.

Otro supuesto: un procedimiento de familia contencioso porque una pareja con hijos se ha separado y hay que regular quién tiene la guarda y custodia; quién se queda con el uso de la casa, cuál es la pensión de alimentos, cómo se realizan las visitas... «Si la cosa funciona bien, se alargaría cerca de un año y percibiría 270 euros brutos por el turno, después de muchas reuniones con los clientes, redacción de demanda, ir a juicio, medidas provisionales... Un abogado de precio medio cobraría a partir de 2.000 euros, y dependiendo del patrimonio de la familia», explica Alicia.

«No estamos por el dinero. Estás porque te gusta ejercer la labor social de la abogacía o porque hay asuntos interesantes que sólo te van a entrar por el turno de oficio»

Alicia Vega

Presidenta de la CEAT

Por un procedimiento penal general, el letrado cobrará 324,54 euros brutos, si bien la cifra subirá a 360,61 si es de «especial complejidad», un concepto que Vega no tiene muy claro: «Tú puedes considerarlo así, pero el que paga, el ministerio, puede decir que no y resolverlo como un procedimiento ordinario». Valga un ejemplo para ver la diferencia entre lo que un letrado del turno percibiría del ministerio y lo que cobraría si el asunto no fuera por este servicio gratuito: «Si una persona con capacidad económica va a un abogado con un procedimiento de especial complejidad, podrían ser unos 10.000 euros tranquilamente, sin ser una cantidad desorbitada».

Por no hablar de otras obligaciones de los letrados en el turno de oficio que no cobran porque no están recogidas en los baremos. Por ejemplo, una comparecencia de ingreso en prisión en el juzgado. «Te has preparado el asunto porque el abogado debe dar argumentos ante el juez y no recibes nada. O las comparecencias en los juzgados de menores para la sustitución de medidas, con la preparación de la vista, ir al juzgado... echas la mañana y no recibes ni un euro. Y el ministerio tampoco paga las ampliaciones de las ejecuciones de medida de divorcio».

Con todo, los colegios de Castilla-La Mancha, como el Guadalajara, piden que se abonen todas las actuaciones realizadas, aunque no estén expresamente incluidas en los baremos, como pueden ser las ejecuciones, recursos o ejecuciones hipotecarias.

Desde esta provincia también califican de una «imperiosa necesidad» aumentar el número de letrados para las guardias de asistencia a las víctimas de violencia de género, «sobre todo para atender zonas afectadas por la despoblación». Y sale a relucir los gastos por desplazamientos: «Que se acabe con una desigualdad incomprensible porque el abogado que atiende a la víctima cobra por el trayecto, pero quien atiende al acusado no lo hace».

Luego están las causas penales que pueden acumular, por ejemplo, 40.000 folios. Por cada 1.000, el abogado percibirá 22,41 euros brutos, para lo que le hará falta una certificación del letrado de la Administración de Justicia dando fe de que la causa tiene tantos miles de folios, guardados en cajas. Después deberá aportar este documento a su colegio de abogados, que es el encargado de enviarlo al Consejero General de la Abogacía, que a su vez lo tramitará al Ministerio de Justicia para que pague.

En medio de estas cifras insuficientes por los servicios prestados, la presidenta de Asato no pasa por alto los juicios que se alargan más de dos días: «Por cada día extra, 64 euros brutos. Pero yo nunca los he visto, y he tenido vistas de cuatro y cinco días. Pero nunca me los han pagado».

-¿Y por qué sigue en el turno de oficio, Alicia?

-No estamos por el dinero. Estás porque te gusta ejercer la función social de la abogacía o porque hay asuntos interesantes que nunca te van a entrar en el despacho si no es por el turno de oficio: temas de menores, asuntos penales, de extranjería. Continuo por esto y yo creo que también la mayoría de mis compañeros.