Un juzgado de Toledo investiga la desaparición y destrucción «sin control» de documentos en el Catastro de Castilla-La Mancha

Por la sede judicial ya han pasado tres funcionarios de este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, entre ellos la actual responsable, pero no han aclarado el destino de la documentación oficial que se investiga, concretamente dos certificaciones catastrales. Un cuarto testigo, exjefe del Catastro en la época de su eliminación, podría ser el próximo en comparecer para averiguar su rastro.

«A fecha de hoy, no se sabe ni quién ordenó la destrucción, ni el nombre de la empresa que los destruyó, ni cómo ni cuándo. Son dos certificados que fueron destruidos sin control junto con otros cientos de documentos, ¡cuidado!», advierte el abogado Javier Gallego, personado en el caso.

Esta investigación judicial tiene su origen en un procedimiento civil: una empresa constructora y una familia litigaron sobre la propiedad de los terrenos donde levantó su casa en el casco urbano. La disputa legal, iniciada hace años, llegó a la Audiencia Provincial de Toledo y al Tribunal Supremo, donde la familia perdió definitivamente el pleito y la sentencia fue firme.

La familia sospechaba que los documentos que la empresa presentó eran no originales, sino copias falsas que los jueces habían dado validez. Pero no se atrevió a denunciarlo entonces. Así lo explica Javier Gallego, su actual abogado, quien más tarde puso sus sospechas en conocimiento de un juzgado de la provincia: una presunta estafa procesal porque esos documentos catastrales estaban supuestamente falsificados.

«Francisca Cáceres, una de los mejores peritos caligráficos y especialista en documentoscopia que hay en España, lo ha confirmado», asegura el abogado. «El documento dubitado no es original» y «la firma dubitada es una copia (...) que ha sido insertada en el documento dubitado por algún sistema reprográfico, generándose una fotocomposición», concluye la perito su informe, de 23 páginas.

Durante la investigación de ese juzgado, la Gerencia Territorial del Catastro informó por escrito, el 24 de mayo de 2021, de que no se disponía de las certificaciones solicitadas y explicaba el motivo: «Fue objeto de eliminación según la autorización recogida en la Resolución de 25 de abril de 2017 de la Subsecretaría, por la que se autoriza la eliminación de determinadas fracciones de series documentales específicas de Hacienda, conservadas en los archivos del Departamento y, en su caso, en los Archivos Históricos Provinciales, publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha de 11 de mayo de 2017».

Sin embargo, el abogado de la familia reclamó la información que debía acompañar esa eliminación de documentos: un acta en el que debía constar la fecha de la destrucción, el volumen, el sistema empleado y la relación de la documentación eliminada y las muestras conservadas, además de la certificación emitida por la empresa contratada.

El letrado añadía que el original del acta y la relación de la documentación eliminada, así como las muestras conservadas y certificaciones, debían permanecer en el expediente de destrucción instruido. También decía en su escrito que tampoco podrían ser eliminados aquellos expedientes objeto de recurso administrativo o económico-administrativo, y que estuvieran pendientes de resolución o de una sentencia firme por parte de la autoridad o tribunal encargado de instruir la causa.

El 25 de octubre de 2021, el juzgado reclamó al Catastro las muestras conservadas de esas certificaciones y su informe de la fecha de destrucción. Días después, el 9 de noviembre, la máxima responsable del Catastro de Castilla-La Mancha confirmó las sospechas de la familia: «Una vez realizadas las comprobaciones oportunas en las bases de datos informatizada, esta Gerencia Regional del Catastro informa que no consta en nuestras bases de datos catastrales ni muestras conservadas de las certificaciones solicitadas ni el informe de la fecha de su destrucción».

En enero pasado, el letrado aportó toda esa información en la denuncia que presentó en los juzgados de Toledo contra la Gerencia Territorial del Catastro, a la que señalaba por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos, regulada en el Código Penal. En su escrito, advertía de una «serie de irregularidades presuntamente delictivas al haberse incumplido, por los responsables de una administración pública, todos y cada uno de los mandatos legales obligatorios y necesarios para la destrucción de documentación. Un absoluto escándalo en toda regla».

El juez Jesús Yunta abrió diligencias previas el 17 de febrero porque presuponía la «posible existencia de delito». Desde entonces, además de la denunciante en representación de la familia, tres funcionarios del Catastro han pasado por el juzgado, donde ahora otra juez se ha hecho cargo de este asunto. Los tres lo han hecho en calidad de testigos -el último, el pasado martes-, pero sigue sin aclararse qué fue de los dos certificados que podrían sacar a la luz «una serie de irregularidades presuntamente delictivas», según Javier Gallego. Este letrado ya anuncia su siguiente paso mientras espera el próximo movimiento de la juez: va a solicitar la comparecencia del responsable que estaba al frente del Catastro cuando los documentos se cree que desaparecieron.