La Junta se personará como acusación popular en los casos de agresión sexual tras un «pinchazo»

Castilla-La Mancha ya contaba con un protocolo contra la sumisión química, que fija cómo tiene que actuar el sistema sanitario ante un caso de este tipo, pero la portavoz ha indicado que el Consejo de Gobierno ha entendido que era necesario actualizarlo para atender esta nueva modalidad de «pinchazos» que se están produciendo en la región, «que están generando cierta alarma social».

Hasta el momento, el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene conocimiento de 10 casos de esta nueva modalidad de agresiones en la comunidad autónoma, todos ellos han acudido al sistema sanitario de la Junta para ser atendidos, según ha informado Blanca Fernández, que ha señalado que en 8 de esos casos ha habido denuncias.

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En todos los análisis que se ha realizado a las víctimas de esos «pinchazos», salvo en dos casos que están pendientes, los resultados han sido negativos en drogas. Eso sí, la consejera de Igualdad ha explicado que hay dos tipos de análisis cuando una persona sufre este tipo de agresiones penadas por el Código Penal como un delito público por la alarma que genera y se puede investigar desde la Administración o por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aunque no haya denuncia.

El protocolo actualizado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha lo que busca a partir de ahora es «rapidez» a la hora de actuar «porque son drogas que se diluyen rápidamente» las que se inoculan en las víctimas de esos «pinchazos». Por lo tanto, las dos analíticas a las que se ha referido la también portavoz regional son, por un lado, una de orina, que se hace directamente en el hospital al que acuda. Y, por otro lado, el centro hospitalario sacará también una muestra de sangre custodiada y en presencia de testigos para que tenga validez judicial y se remite al Instituto de Toxicología Nacional, que es el que sacará los resultados que determinarán si hay rastro de sustancias químicas.

Lo que se pretende es que las víctimas sepan cómo tienen que actuar y, para ello, el departamento que dirige Blanca Fernández ha establecido un «código violeta«, que es cómo lo llama el servicio de emergencias 112, cómo lo reconocen las urgencias y lo harán también los centros de atención primaria y los puntos violetas tanto de la Junta de Comunidades como los ayuntamientos tienen repartidos por la geografía castellanomanchega a lo largo del verano, que son 80 en estos momentos

Según ha subrayado, cuando una víctima sufre una de esas agresiones, se recomienda que no se deje sola en ningún momento, aunque no tenga ningún tipo de síntoma, buscar el punto violeta más cercano a un centro de salud y, si no, llamar directamente al 112 para que mande una ambulancia y reciba asistencia sanitaria de forma inmediata en el hospital, además de para realizar los análisis anteriormente citados.

Este nuevo protocolo que la Consejería de Igualdad va a remitir en breve llegará a los puntos violeta y a los centros sanitarios de Castilla-La Mancha, además de colgarse en la página web de la Consejería de Sanidad.

«No es ninguna tontería, estamos hablando de una cosa muy seria. Aunque no se inocule sustancias químicas, es un delito porque se está inoculando miedo y el miedo es el pero enemigo de la libertad. La intencionalidad de quien comete este tipo de agresiones podrá pensar en algunas ocasiones que es una broma, pero que se atenga a las consecuencias. Aun así, lo que más nos preocupa son las agresiones sexuales que se puedan derivar de ello», ha manifestado la portavoz de la Junta. Por eso, ha anunciado que si eso sucediese, el Gobierno regional se personaría como acusación popular y ha dejado claro que «a quien hay que señalar es al agresor y al violador».