La Junta niega un «boom» de macrogranjas porcinas en Castilla-La Mancha y cifra en 21 los proyectos que siguen en trámite

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha asegurado este viernes que en la región «ni hay un boom de explotaciones porcinas de alta capacidad, ni se está promoviendo el que se instalen ni nada parecido». Con estas declaraciones ha querido responder a la convocatoria de protesta lanzada por la Coordinadora Stop Ganadería Industrial Castilla-La Mancha, que ha llamado a movilizarse este sábado frente al Palacio de Congresos de Albacete, donde tendrá lugar el acto institucional con motivo del Día de Castilla-La Mancha.

Gómez, que ha ofrecido datos actualizados sobre los expedientes afectados por la moratoria porcina decretada en la comunidad, indicaba que de los 61 proyectos iniciales cuya tramitación quedó en suspenso, «solo 21 son los que han solicitado continuar con su tramitación».

La titular de Desarrollo Sostenible ha explicado que estos proyectos deberán pasar por todos los procedimientos previstos en la normativa ambiental, lo que incluye «las fases de información pública, participación pública, de las autorizaciones correspondientes, de los certificados de órganos como las confederaciones, el Ministerio para la Transición Ecológica y los ayuntamientos, que tienen que notificar si es factible o no la continuidad de esos proyectos».

Mercedes Gómez ha insistido en que se trata de trámites reglados y que «una vez concluidos esos trámites, como cualquier proyecto que se evalúa, ya veremos qué instalaciones o qué plantas terminan instalándose o no».

La consejera ha defendido el procedimiento seguido por su departamento tras el fin de la moratoria, recalcando que «lo que hizo la Consejería en su momento fue notificar a las 61 explotaciones que tenían suspendidas sus tramitaciones por la moratoria que, al levantarse esta, tenían derecho a que se siguiese la tramitación de su autorización ambiental integrada».

Además, ha subrayado que se dio un plazo para que las empresas interesadas pudieran presentar alegaciones o desistir del proceso: «Se les daba un plazo para poder presentar aquellas alegaciones que estimasen conveniente y, sobre todo, para decirnos si seguían estando o no interesados en ese proyecto, porque hay que tener en cuenta que han estado más de dos años sin tramitación y puede que haya inversiones que no quisieran seguir adelante».