La Fiscalía mantiene la pena de prisión permanente revisable para el autor confeso del crimen de Chiloeches

El abogado subrayó que «incluso en los crímenes más abyectos pueden encontrarse matices que deben analizarse». Respaldándose en las pruebas expuestas durante el juicio, sostuvo que no hubo alevosía en la muerte de Ángel, el padre de familia, ya que según dijo, tuvo ocasión de defenderse, como demostrarían «la mayoría de las heridas frontales». Aseguró que Fernando fue «embestido por detrás» y que entre ambos se produjo una «pelea».

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El letrado también puso el foco en el arma homicida. Recordó que los análisis de ADN de la sangre hallada en la bayoneta no detectaron restos de su cliente, sino únicamente de las tres víctimas, lo que, a su juicio, desmonta la tesis de que la herida que presenta en la pierna se la hiciera él mismo con la bayoneta. En cambio, sí se hallaron restos de ADN de Fernando en la navaja localizada en el lugar de los hechos. «Ángel pudo defenderse», insistió, para subrayar ante el jurado que la desproporción del ataque pudo iniciarla el padre: «Un hombre de 1,80 metros y practicante de taekwondo», y que Fernando usó la bayoneta «para defenderse».

Asimismo, cuestionó la «credibilidad» de las forenses, a quienes acusó de tener un «cambio de criterios» al explicar las contusiones que presentaba el acusado. Recordó que en su primer informe afirmaron que las heridas eran compatibles con una pelea, mientras que durante el juicio apuntaron a que el corte de la pierna era resultado de una autolesión con la bayoneta. «¿Dónde estaba el ADN de mi cliente?», se preguntó el abogado, criticando lo que consideró una «amnesia selectiva».

El defensor insistió también en que su cliente es drogodependiente, «consumidor habitual de cocaína en grandes cantidades», y que actuó movido por la búsqueda de dinero para saldar deudas con narcotraficantes. A su juicio, Fernando tenía sus capacidades «alteradas» durante los hechos: «No es lógico acuchillar a tres personas, quemar la casa y quedarse allí rebuscando», afirmó.

Por todo ello, reconoció que a su cliente le caerá una larga condena, «quizá salga ya jubilado», pero pidió al jurado popular que la pena sea «justa» e igual de «honrada», que la declaración de Yeray, el único superviviente «quien dijo las cosas buenas y malas».

Por su parte, la Fiscalía mantuvo que hubo «planificación y extrema violencia», solicitando para Fernando prisión permanente revisable por la muerte de Laura y 40 años de prisión por el asesinato del matrimonio, Ángel y Elvira, al considerar que hubo alevosía y que las víctimas fueron «atacadas de forma sorpresiva» mientras dormían, tras acceder a la vivienda armado con una bayoneta.

También puso de manifiesto que, en los meses previos al crimen se evidenció, a través de mensajes y de declaraciones de testigos, una planificación «perfectamente orquestada». Recordó que el día de los hechos, Fernando activó el GPS a la una de la madrugada para llegar a la vivienda, lo que demostraría que no estaba tan afectado por las drogas como quiere hacer ver la defensa.

A ello, añadió los resultados de los informes médicos, que apuntan a un «consumo medio de cocaína», no propio de un drogodependiente. Según el Ministerio Público, Fernando asestó cerca de 50 puñaladas a los tres miembros de la familia y después provocó un incendio para eliminar huellas antes de huir. Además, pide 5 años de prisión por robo y 3 por incendio provocado.

La acusación particular pide para Fernando 20 años de prisión por cada uno de los asesinatos del matrimonio y prisión permanente revisable por la muerte de Laura, la hija de 22 años. Además de 5 años por robo con fuerza y tres años por los daños del incendio. Sostiene que tanto Christian como David, los otros dos acusados, deber ser condenados como «cooperadores necesarios», al entender que existió un plan conjunto en el que cada uno «desempeñó acciones concretas».

Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular rechazan que Fernando actuara con sus «capacidades alteradas» por el consumo de drogas y niegan la existencia de arrebato, obcecación o grave adicción como atenuantes. Consideran que el acusado actuó con «claridad mental» y con «extrema violencia» y que intentó «encubrir el crimen» provocando un fuego para borrar las pruebas. También restan importancia a los 20.000 euros aportados por Fernando como «reparación del daño». «A Yeray nadie le va a devolver a su familia»

Respecto a los otros acusados, solicita 5 años de prisión para Christian, exnovio de la fallecida, al considerarlo «colaborador necesario» en el robo. Para David, el tercer encausado, rebaja su petición a 3 años y 6 meses, al considerarlo «cómplice» pero no indispensable en la planificación.

Por lo que se refiere a la defensa de Christian, esta insistió en la discapacidad intelectual «límite» que padece este, lo que le hizo más «influenciable y vulnerable», solicitando, de forma alternativa, una pena mínima de un año. Mientras que la abogada de David, defendió que la participación de su cliente «fue secundaria» y que «fue clave» para la detención de Fernando.

David fue el único que aprovechó su turno de palabra para manifestar su arrepentimiento: «Solo quiero decir que lo siento mucho. Estuve en el sitio equivocado con la persona equivocada y, a partir de ese día, intenté hacer lo mejor que pude«, declaró emocionado.