La Eurocámara visitará en febrero el Parque Nacional de Cabañeros para estudiar los efectos de la prohibición de la caza

La comisión parlamentaria ha decidido mantener viva la petición de un ciudadano español que ha puesto el acento en que la prohibición de la caza en el parque, vigente desde 2020, ha provocado una sobrepoblación de ciervos y jabalíes que impacta en la degradación del parque, perteneciente a la red europea Natura 2000.

«Los animales comen, crecen, se reproducen, mueren y enferman, y es necesario que se lleven a cabo actuaciones de regulación y de control», ha reclamado ante los eurodiputados de Peticiones.

Es por ello que ha recordado que la conservación de Cabañeros depende de que se cumpla la normativa comunitaria y avisado de que permitir su degradación «no solo afecta al patrimonio natural de España, sino al de toda Europa».

Toledo invierte en la recuperación del Tajo con fondos europeos Next Generation

J. Guayerbas

De lado de la Comisión Europea, un representante ha recordado que los planes de conservación de zonas incluidas en la red Natura 2000 no pueden chocar con el requisito fundamental de que no haya un daño para las especies autóctonas, aunque ha insistido en que la cuestión debe dirimirse en tribunales nacionales.

Entre los grupos parlamentarios PP y Vox han respaldado la solicitud del peticionario, asegurando que Cabañeros sufre un «deterioro alarmante». «Erosión del suelo, pérdida de biodiversidad, riesgo creciente de incendios y desaparición de especies vegetales y animales de gran valor», ha enumerado el eurodiputado 'popular' Juan Ignacio Zoido, quien ha achacado esta degradación a la «inacción» del Gobierno de España y de la Junta de Castilla-La Mancha.

Por parte de Vox, Mireia Borrás ha cargado contra la Comisión Europea de quien ha dicho que «presume muchísimo de agenda verde», pero luego se desentiende de «problemas ambientales reales» empleando «excusas burocráticas y competenciales». Igualmente, ha acusado al PSOE de una mala gestión del parque nacional, asegurando que este es víctima del «fracaso de políticas impuestas desde despachos» y que responden al «ecologismo radical».

Por contra, la eurodiputada socialista Cristina Maestre ha negado que haya un problema con el control de las densidades de ungulados y ha defendido las políticas de caza de la Junta de Castilla-La Mancha, reivindicando que las autoridades otorgan licencias gratuitas y el sector representa un 2,1% del PIB de la comunidad.

«La sociedad de Castilla-La Mancha, que es una sociedad cazadora, lo respalda y lo entiende», ha afirmado Maestre, sobre el veto a la caza en Cabañeros.