Denuncian ante la Comisión Europea la gestión «negligente» del Gobierno de España en Cabañeros

El Parque Nacional de Cabañeros, situado en Castilla-La Mancha, forma parte de la Red Natura 2000, por lo que, de acuerdo con la normativa europea, está sujeto a una protección medioambiental especialmente rigurosa.

En este sentido, la Asociación de Afectados del Parque de Cabañeros ha urgido a Bruselas a intervenir para salvar este espacio natural del «estado de desamparo» en que se encuentra, según señalan en una nota de prensa.

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«Hemos acudido a la Comisión Europea para que las autoridades españolas cumplan con sus obligaciones legales y conservacionistas antes de que se produzca un desastre ecológico irreversible», asegura Miguel Temboury, abogado de la asociación, tras entregar la denuncia. Junto a la demanda, ha aportado informes técnicos y pruebas gráficas que constatan la «terrible degradación de los ecosistemas» del parque.

A juicio de los expertos, la falta de acción no solo contraviene la legislación española, sino también los mandatos de conservación europeos, incluida la Directiva Hábitats y la Directiva Aves de la Unión Europea.

La denuncia alerta a Bruselas sobre la ausencia práctica de un plan de gestión de poblaciones de ungulados silvestres. La Administración española aprobó en junio de 2021 el Plan Rector de Uso y Gestión de Cabañeros, pese a que la Ley de Parques Nacionales le concedió para ello un plazo de 6 años que expiró el 5 de diciembre de 2020. Este instrumento no establece actuaciones de control de poblaciones, sino que se remite al denominado Plan de Gestión de Ungulados, que no fue aprobado hasta junio de 2023.

Pese a su aprobación, el Plan de Gestión de Ungulados carece de cualquier efecto práctico hasta la fecha, puesto que exige para su aplicación la previa celebración de acuerdos entre la administración y los titulares de derechos afectados. Estos acuerdos no se han celebrado hasta la fecha, por lo que ya son tres las temporadas completas de caza en las que no se ha podido realizar ninguna actuación cinegética.

Esta desidia de las administraciones españolas ha dejado al parque en una situación de absoluto abandono, causando graves daños a un espacio natural de alto valor ecológico. Una circunstancia que ha generado una alerta medioambiental sin precedentes, que afecta tanto a la fauna como a la flora del espacio protegido.

La legislación, tanto europea como española, establece que son las administraciones públicas las encargadas gestionar el parque y dotar de los recursos necesarios para mantener la integridad del hábitat y las especies protegidas que allí habitan.

Una de las consecuencias de esta inadecuada gestión es la sobrepoblación de ungulados, que facilita enormemente la transmisión de determinadas enfermedades entre las especies, disminuye la cantidad de alimento y, con ello, la viabilidad de otro tipo de fauna.

Además, la ausencia de mantenimiento ha aumentado de manera exponencial el riesgo de incendios al verse degradada la masa forestal por sobrepastoreo y la falta de labores de desbrozo.

Esta sobrepoblación también ha tenido un impacto negativo en especies en peligro como el águila imperial y el lince ibérico, cuyos hábitats se han visto gravemente comprometidos, limitando sus oportunidades de alimentación y refugio.