Cermi pide más equipos de valoración del grado de discapacidad: «La demanda va ir en aumento»

Así lo ha indicado el gerente del Cermi castellanomanchego, José Antonio Romero, después de que el Consejo de Gobierno de esta semana haya dado luz verde a una partida de 700.000 euros para contratar por un año a 17 terapeutas ocupacionales, a fin de reducir los 15 meses de espera de media que, según el Ejecutivo regional, se está tardando en realizar la valoración de discapacidad.

«La proyección que estamos viendo está dejando ver que la demanda no va a ser puntual. Cada vez va a ir en aumento y creo que la administración tendría que plantearse consolidar estos equipos, afianzarlos, incluso ampliar los centros base también para facilitar, sobre todo en una región como la nuestra, el poder llegar a otros recursos más cercanos a la ciudadanía», ha indicado en declaraciones a Europa Press.

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Y es que el gerente del Cermi castellanomanchego precisa que el Real Decreto 888/2022 por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad incluye como novedad incorporar a entidades del Tercer Sector en los mecanismos de valoración.

«En Castilla-La Mancha las organizaciones del Tercer Sector nos hemos ofrecido al Gobierno regional para aportar nuestro saber hacer y poder agilizar estos procesos, tal y como ocurre en otras comunidades autónomas, donde, por ejemplo, la ONCE colabora con las administraciones autonómicas para agilizar la valoración o determinados datos e informes de personas con discapacidad visual. Esto podría hacerse en otros entornos relativos al autismo o a la discapacidad aditiva», ha defendido el gerente del Cermi.

Este comité agradece la voluntad de la Dirección General de Discapacidad del Ejecutivo autonómico que, según explica Romero, estudia cómo encajar en la nueva organización de los equipos de los centros base a personas procedentes de entidades del Tercer Sector, a fin de crear un equipo multidisciplinar. «Esto requiere sus tiempos, claro, pero la predisposición la vemos favorable».

No obstante, el Cermi en Castilla-La Mancha se congratula de la incorporación de estos 17 terapeutas ocupaciones a los centros base, decisión que cree que deriva del diálogo civil que la Mesa del Tercer Sector Social de la Discapacidad mantiene con el Ejecutivo regional, y que está sirviendo para poner de manifiesto la situación «real» que existe en la comunidad.

«A través de diferentes informes hemos ido alertando de los grandes retrasos que había, especialmente en las provincias de Toledo y Albacete, donde estamos hablando de una media de más de dieciocho meses de demora en los últimos años», ha asegurado Romero.

Por ello, desde el Cermi confían en que estos 17 profesionales de la Terapia Ocupacional que, previsiblemente, se incorporarán en el mes de junio, junto a los otros 12 profesionales que empezaron a trabajar a principio del año pasado, con perfiles de medicina, psicología o trabajo social, sirvan «verdaderamente» de refuerzo y ayuden a agilizar los trámites de valoración del grado de discapacidad, especialmente en Toledo y Albacete, provincias más afectadas por las dilaciones.

Pese a que desde Bienestar Social achacan la demora de esta gestión al baremo que entró en vigor en 2022, tras la aprobación del Real Decreto que actualizaba el anterior que databa de 1999, el gerente del Cermi señala que Castilla-La Mancha ya acumulaba retrasos en la valoración de la discapacidad antes de la aprobación de dicha norma, «elaborada entre las comunidades autónomas, el ministerio y la sociedad civil de la discapacidad durante más de diez años».

«En Toledo, por ejemplo, hemos tenido casi dos años de retraso antes de que entrase en vigor el nuevo baremo», defiende Romero, que asegura que ese nuevo protocolo de valoración «no es la causa principal de los retrasos».

«Hay otra serie de factores como la falta de recursos humanos suficientes y, quizá, la falta de centros», añade el gerente del Cermi, que, no obstante, admite cierta dificultad en esta nueva herramienta de certificación, que ha hecho necesario formar al personal.

«A esto se añade que cada vez hay más personas conscientes de que tienen diferentes factores que pueden ser valorados con un grado de discapacidad, que tienen que tener reconocido para poder acceder a ciertas protecciones en materia de empleo, educación o servicios sociales».

En cuanto a las provincias que presentan peores datos, desde el Cermi indican que están a la espera de que el departamento que dirige Bárbara García Torijano les dé cifras de los tres últimos años y, sobre todo, saber en qué situación está la lista de espera actual en las cinco provincias.

«Sabemos, por personas que han solicitado la valoración de grado de discapacidad en Toledo, que lo realizaron en enero del 2023 y estamos en mayo de 2024 y aún no se les ha llamado. Nos parece un periodo exagerado», ha alertado Romero, que añade que Albacete es la otra provincia con peores tiempos, pues el reconocimiento se puede demorar en torno a los 13 ó 14 meses.

«Se van consiguiendo rebajar los plazos, pero todavía son muy elevados», ha terminado advirtiendo el gerente del Cermi castellanomanchego.