Castilla-La Mancha considera «muy insuficientes» los algo más de cuatro millones del Estado para atender a los menores migrantes

García Torijano, acompañada por la directora general de Infancia y Familia, Inmaculada Tello, explicó que, según los datos facilitados por el Ministerio, los ingresos presupuestarios a las comunidades se efectuarán entre finales de noviembre y principios de diciembre. La consejera agradeció «la disposición y el compromiso del Ministerio para avanzar en la coordinación y dotación de recursos», pero subrayó que «es necesario garantizar una financiación suficiente y estable que permita mantener y reforzar los sistemas de protección autonómicos».

En este sentido, advirtió de que los menores trasladados necesitan una atención sostenida. «Los menores no acompañados no llegan a Castilla-La Mancha para dos meses y luego se marchan. Llegan, se quedan y necesitan un plan de futuro que les permita encauzar su vida con dignidad y estabilidad», señaló.

La titular de Bienestar Social recordó que, según los datos preliminares de la comisión delegada, Castilla-La Mancha recibiría algo más de cuatro millones de euros, una cantidad que considera «muy insuficiente» para cubrir las necesidades reales del sistema. «Estamos prácticamente al cien por cien de ocupación y necesitamos más recursos para mantener la calidad y la personalización que caracteriza a nuestro modelo de atención», explicó.

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El recurso se basa en la insuficiente financiación de la que viene acompañada la medida. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, explicaba que la cantidad ofrecida por el Estado es «insuficiente y recortada», puesto que reduce hasta en casi un 80% los fondos que establecían los criterios anteriores

García Torijano informó de que ya se han derivado varias decenas de expedientes de menores procedentes de Canarias y Ceuta, habiéndose producido algunos traslados efectivos. Destacó además que la colaboración entre comunidades autónomas está permitiendo que las llegadas se realicen de manera «tranquila y ordenada», aunque insistió en que la financiación debe permitir planificar más allá de la respuesta inmediata: «No sólo debemos atender las necesidades inmediatas, sino acompañar a estos menores en su desarrollo y en su paso a la mayoría de edad».

La consejera reiteró la apuesta de Castilla-La Mancha por los hogares de convivencia pequeños, de entre ocho y diez plazas, y por el acogimiento familiar como pilares del sistema de protección. «Nuestro sistema es garantista y apuesta por la desinstitucionalización. No queremos dar pasos atrás. Necesitamos financiación suficiente para seguir ofreciendo una atención personalizada y de calidad», afirmó.

Además, solicitó que el Ministerio de Juventud e Infancia mantenga la coordinación con el Ministerio de Hacienda para prolongar esta línea de financiación más allá de 2025, con horizonte 2026, a fin de evitar riesgos para los sistemas autonómicos.

Por último, Castilla-La Mancha pidió la elaboración de un plan de acción conjunto con la Fiscalía para garantizar que todas las personas trasladadas a los recursos autonómicos sean efectivamente menores de edad, evitando situaciones en las que personas adultas convivan en hogares destinados exclusivamente a menores. Esta petición, según la consejera, «ha sido bien acogida por el Ministerio».