Castilla-La Mancha advierte a Montero que ni siquiera en el PSOE hay consenso sobre el modelo de financiación autonómica

«Cuando oigo a la vicepresidenta decirles al Partido Popular que tiene que presentar una propuesta de financiación, tengo que decir que en el seno del Partido Socialista también hay divergencias cuando nos estamos refiriendo a la financiación singular de Cataluña», afirmó.

El consejero subrayó que la posición de Castilla-La Mancha en este debate es clara y coincide con la expresada en reiteradas ocasiones por su presidente, Emiliano García-Page, que siempre ha mostrado un «rechazo contundente al modelo de financiación singular para Cataluña». En la misma línea, mostró su desconfianza hacia la satisfacción expresada por algunos partidos independentistas como Esquerra. «Si Esquerra está satisfecha, algo no cuadra en lo que es el modelo de financiación», sentenció.

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Ruiz Molina insistió en que la iniciativa para redefinir el sistema debe partir del Ejecutivo central y que las comunidades autónomas necesitan un documento real para comenzar a trabajar. «Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha lo que defendemos es que la iniciativa debe partir del Gobierno de la nación, que nos debe presentar un documento en el que se recoja las singularidades de todas las comunidades autónomas», señaló, antes de subrayar que ese marco debe buscar «los consensos necesarios» y respetar «el principio de igualdad». A su juicio, ese principio exige que «todos los ciudadanos con independencia de su capacidad económica y con independencia de la capacidad económica del territorio tengan acceso en condiciones de calidad e igualdad a los servicios públicos fundamentales».

Junto a este posicionamiento político, el consejero denunció también la falta de documentación previa a la reunión del Consejo. «No tenemos ningún documento y me consta que los hay», afirmó, remarcando que el Gobierno autonómico ha tenido que informarse «a través de los medios de comunicación», que son «la fuente de información de la que dispone el Gobierno de Castilla-La Mancha».

Ruiz Molina explicó que esta ausencia de información se extiende a cuestiones clave para la elaboración de las cuentas regionales. «Estamos ahora en plena tramitación del presupuesto regional para 2026 y, a fecha de hoy, tampoco conocemos, por ejemplo, el incremento de las retribuciones de los empleados públicos», señaló. Según dijo, esta carencia revela que «algo no funciona en el sistema» y que las comunidades autónomas «no pueden estar al albur de lo que suceda aquí en Madrid».

A su juicio, la falta de datos impide construir unas cuentas realistas para el próximo ejercicio. «Tenemos que elaborar los presupuestos sin datos desde luego fundamentales», lamentó. Entre esos datos, mencionó también los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Por último, Ruiz Molina volvió a rechazar con firmeza la posibilidad de introducir el principio de ordinalidad en el futuro modelo de financiación. «Desde luego, hay una oposición total frente a lo que pudiera ser el principio de ordinalidad», afirmó. Y añadió que ese planteamiento «va en contra de los valores que defendemos» desde Castilla-La Mancha.

El principio de ordinalidad en la financiación autonómica supone un límite a la solidaridad entre comunidades que busca impedir que las más ricas, las que más aportan al sistema, acaben por ello teniendo menos dinero por habitante que las más pobres.