El calvario de dos años y medio de una veterinaria por la querella criminal de una asociación animalista

La historia arranca en pleno estado de alarma en España debido al COVID-19. A primeros de mayo de 2020, la dueña de una vivienda en Loeches avisó a Axla y al centro de protección animal de la mancomunidad Henares-Jarama para que se llevaran varios gatitos callejeros. Decía que habían sido abandonados por su madre en su patio y la mujer apremiaba para que los retiraran por el riesgo de contagio, ya que tenía un hijo con una discapacidad grave.

 Un compañero de Teresa fue a recoger los cachorros, que luego entregó a la veterinaria. «Ella se los llevó a su casa jugándose la vida en plena pandemia porque esta chica es de riesgo. Los cuidó día y noche, dándoles el biberón, pero se murieron», relata su abogado. «Sin embargo, se la acusó de un delito de maltrato animal previsto en el artículo 337 del Código Penal y que lleva aparejada la inhabilitación de su profesión como veterinaria», especifica Javier Gallego, abogado de la Asociación Española de Veterinarios Municipales (AVEM).

Finalmente, «la propia Fiscalía de Madrid», recalca el letrado, «informó favorablemente del archivo de la causa». En su escrito, el representante del Ministerio Público afirma que «no existe ninguna prueba» de que la separación de los gatitos de su madre fuese la causa de la muerte. Alude también a que se desconocía «el estado físico en el que se encontraban los gatos, que al vivir en libertad en la calle no estaban registrados ni controlados en cuanto a número y situación sanitaria».

El fiscal también hace referencia a las alegaciones de la veterinaria sobre por qué se hizo cargo de los gatitos en su domicilio durante dos días: «Por ser lactantes y por la situación de pandemia y confinamiento, no se les podía dejar muchas horas solos en las instalaciones de la protectora». Entre los días 4 y 6 de mayo murieron tres cachorros, aunque Axla denunció que fueron cinco, porque los dos que la asociación adoptó, según dijeron, no eran de la polémica camada.

El representante del Ministerio Público afirma que «efectivamente no existe documentación que acredite lo manifestado por la investigada (...), pero tampoco existen pruebas de la causa del fallecimiento de los gatos ni del destino de los dos gatitos supuestamente no entregados por la protectora». Recuerda que son animales que se crían en la calle y su muerte «puede deberse a causas muy variadas», como tampoco se pudo identificar «de forma concluyente a los gatos, dada la falta de registro».

Por tanto, según el fiscal, «no ha sido posible concluir de ninguna forma la causa cierta del fallecimiento de los animales», por lo que no puede presuponerse que su muerte se debiera a una «actitud dolosa, activa y omisiva» de Teresa, cuyo compañero también fue denunciado.

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La causa se sobreseyó primeramente con un auto fechado el 20 de abril de 2021, pero la Audiencia Provincial de Madrid la devolvió al juzgado al estimar el recurso de la asociación Axla. No obstante, acotó la investigación a determinar si la muerte de los tres cachorros que Teresa cuidó pudo ser consecuencia de una acción u omisión de los dos denunciados o por la separación de la madre.

La juez llegó a la misma conclusión una vez «agotadas todas las diligencias de instrucción posibles». Así, en un auto del pasado 17 de febrero, resolvió: «No existe base indiciaria ni para afirmar que fueron los investigados [Teresa y su compañero] quienes separaron a los gatitos de su madre, ni tampoco que hubiese por su parte una actuación ni dolosa ni negligente que hubiese sido la causante de la muerte de aquéllos, como puede ser la separación o la falta de cuidados».

La causa ya está archivada, pero la asociación que se querelló contra Teresa y contra su compañero no ha sido condenada en costas, por lo que la veterinaria tendrá que pagar a su abogado y a su procurador.