ASAJA Toledo reclama ayudas excepcionales para las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas por los incendios

El sector primario está siendo uno de los más perjudicados por los incendios de este verano en la provincia de Toledo, con pérdidas de pastos para la ganadería extensiva y de parcelas agrícolas, sobre todo de olivar, frutos secos y cereal (rastrojos).

Ante esta situación, ASAJA Toledo urge a las Administraciones a destinar fondos concretos, con carácter de urgencia, para que los ganaderos puedan afrontar la compra de forraje y pienso, así como la restitución de cercados, entre otras actuaciones. En el caso de los agricultores, se solicita apoyo para la replantación y recuperación de cultivos agrícolas, así como indemnizaciones por las pérdidas de cosechas.

Al mismo tiempo, la organización agraria insta a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a que ningún agricultor o ganadero con tierras afectadas por los incendios sufra penalizaciones en la PAC (Política Agraria Común).

ASAJA considera, además, necesario incrementar el presupuesto y los medios destinados a la limpieza y desbroce de los montes, como mejor medio de prevención de incendios. También pide la reversión de las políticas que impiden una adecuada gestión de estos espacios naturales. En este sentido, recuerda el papel clave de agricultores y ganaderos en la lucha contra los incendios.

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Labores como el pastoreo, que mantiene el pasto corto y reduce la carga de material combustible; las tareas de labranza, limpieza de olivares y creación de cortafuegos en los rastrojos tras las siegas, son herramientas que contribuyen a frenar el fuego al actuar como barreras agrícolas que ayudan a detener la propagación de las llamas.

Asimismo, ASAJA Nacional ha denunciado que la obligación de la PAC de dejar cubiertas vegetales en el terreno en algunas zonas es un «disparate» que pone en riesgo los cultivos, especialmente en áreas con alto peligro de incendios.

En la provincia de Toledo han ardido más de 3.500 hectáreas, más de la mitad en los términos municipales de Navalmoralejo (810 ha) y Calera y Chozas (unas 1.000 ha).

Otros municipios toledanos con daños por incendios han sido: El Casar de Escalona, Escalona, Villamiel, Méntrida y Mascaraque. La mayor parte de la superficie quemada es de uso agrícola (olivar, frutos secos y rastrojos) o ganadero (monte y pasto bajo).

Además, se han producido daños en infraestructuras como vallados, naves o aperos. En el caso de las explotaciones ganaderas, las más perjudicadas han sido las granjas extensivas, aunque también se han registrado daños en algunos cebaderos.

Las pérdidas en alimentación animal se estiman en una media de 15.000 euros en granjas de 100 animales (solo por los pastos), a lo que habría que sumar el gasto extra en la compra de forrajes y pienso. Asimismo, la reposición de cercados podría suponer en torno a 20.000 euros por explotación.

Además de agricultores y ganaderos, también se han visto afectadas empresas vinculadas al sector primario, como es el caso de una deshidratadora de alfalfa de Calera y Chozas, que ha sufrido daños que superan los 300.000 euros, entre pacas quemadas y maquinaria y aperos perdidos.

Por otro lado, y ante el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de declarar las áreas incendiadas como zona catastrófica, la organización agraria recuerda que, en catástrofes naturales anteriores, esta declaración no supuso ayudas reales y directas para los afectados.

Tal fue el caso de 2021 con la borrasca Filomena, cuando, tras la aprobación del Real Decreto de declaración de zona catastrófica, éste no se desarrolló y no se pudieron solicitar las indemnizaciones a los productores de olivar que contemplaba. Fue entonces el Gobierno regional quien aprobó una línea de apoyo económico para la recuperación del olivar más dañado.

ASAJA Toledo confía en que, en esta ocasión, todas las Administraciones centren sus esfuerzos no tanto en anunciar ayudas, sino en implementar los medios necesarios para que estas lleguen realmente a los damnificados.

Aparte de la posibilidad de conceder ayudas directas, la declaración de zona catastrófica permitiría ventajas fiscales, entre otras: la exención del IBI, la revisión de los módulos del IRPF, o la exoneración del abono de cuotas de la seguridad social, manteniendo la condición de dicho período como efectivamente cotizado.