Aprueban ayudas a ayuntamientos y entidades sociales para ampliar la oferta de viviendas en alquiler

Según detalla el acuerdo, se subvencionará la compra de viviendas por parte de ayuntamientos y entidades sociales, así como la realización de las obras de habitabilidad o accesibilidad que fueran necesarias para su posterior alquiler a precio asequible.

En cuanto a los detalles de las subvenciones, la cuantía de la ayuda es de hasta el 60 por ciento del coste subvencionable por la adquisición, con un límite máximo de 75.000 euros por vivienda. En el caso de que fueran necesarias obras de habitabilidad, adecuación o accesibilidad en las viviendas adquiridas, la ayuda por esos conceptos será del 75 por ciento de su coste por vivienda, sin que pueda ser superior a 6.000 euros.

En cuanto a los requerimientos de los inmuebles, deberán ser accesibles y estar en condiciones de ser habitados, o de serlo tras las obras que se puedan realizar, además de que deberán calificarse como viviendas de protección pública para el alquiler.

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En cuanto a la superficie útil mínima será de 40 metros cuadrados y la máxima de 90 metros cuadrados, de los que se excluyen garajes y trasteros. En el caso de viviendas destinadas a personas con movilidad reducida permanente, el máximo de la superficie útil podrá incrementarse en un 20 por ciento; mientras que, en los supuestos de viviendas para familias numerosas o familias con personas dependientes a su cargo, este límite máximo será de 120 metros cuadrados.

La duración mínima del régimen de alquiler será de 50 años, así como del plazo mínimo de protección, mientras que el precio máximo de la renta será de cinco euros mensuales por metro cuadrado de superficie útil de vivienda. En el caso de que ésta tenga garaje o un sótano, se contará un 60 por ciento de dicha cuantía por metro cuadrado de superficie útil de plaza de garaje, de trastero o de cualquier otra superficie adicional.

Para optar a una de estas viviendas, los ingresos familiares corregidos no podrán ser superiores a tres veces el IPREM y que la compra del inmueble deberá haberse realizado con posterioridad al 1 de enero de 2022.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, el instrumento fundamental que rige la política de vivienda en todo el país.