La accesibilidad para la discapacidad, asignatura pendiente en Castilla-La Mancha para la próxima legislatura

Esta problemática es la que pretende solucionar la futura Ley de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, que esta en ciernes, pero todavía queda un largo trecho hasta que se convierta en realidad esta asignatura aún pendiente. La normativa autonómica vigente que regula esta cuestión es de 1994 y, pasado tanto tiempo, ha quedado ya obsoleta, pues su contenido no incluye los cambios sufridos en la sociedad desde hace casi 30 años, tras la introducción de las nuevas tecnologías en muchos de nuestros usos y costumbres.

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El proyecto legislativo se encuentra ahora en periodo de información pública y hasta la próxima legislatura, a priori, no se aprobará. Ahora son numerosas las propuestas que están llegando desde diferentes entidades y particulares para que el texto que salga sea lo más completo y se atiendan todos los intereses y necesidades, entre las que destacan, como no puede ser de otro modo, la de los colectivos de personas con discapacidad.

Para aunar fuerzas, el presidente del Consejo Territorial de la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) en Castilla-La Mancha, José Martínez, y el gerente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) se reunieron recientemente con una representación del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM), otro de los actores que tiene mucho que decir en este sentido.

De ese encuentro salió la intención de firmar un convenio de colaboración para desarrollar acciones conjuntas y para trasladar propuestas al Gobierno autonómico de cara a la nueva Ley de Accesibilidad que salga adelante. El objetivo de los tres participantes en la reunión fue que el texto que se apruebe debe ser concebido «de una manera universal y transversal: una ley con una perspectiva de 360º», como así la han denominado. Para ello, también proponen crear un fondo económico para accesibilidad y piden que un 1% de los recursos obtenidos de las licencias de obras y de otros ingresos se destinen a esta cuestión.

La reunión se celebró en la sede regional en Toledo de la ONCE, organismo convocante cuyo presidente en Castilla-La Mancha, José Martínez, cree que «ahora toca apostar por una normativa de segunda generación que dé cobertura a todas las necesidades». Según explica a ABC, «en los años 90, de cuando data la ley actual, no había una evolución tan potente como la que tenemos hoy, con el desarrollo de páginas web y aplicaciones informáticas».

«En la actualidad el entorno digital es un elemento clave y el acceso a todas estas nuevas tecnologías no siempre es fácil para personas con discapacidad a la hora de relacionarse tanto con la administración como en su día a día, algo que se ha podido comprobar durante la pandemia», afirma Martínez. Todo ello, en su opinión, es lo que debería contemplar la nueva ley, puesto que «antes se tenía más en cuenta las barreras físicas, en lo que ha habido mejoras, pero hay elementos vinculados a la discapacidad sensorial o a la accesibilidad cognitiva, que aún están pendientes de implementar con códigos de información con pictogramas».

El objetivo, asegura el responsable de ONCE, es que «se beneficie a toda la ciudadanía y no sólo a las personas con discapacidad, puesto que tenemos una configuración poblacional donde hay un gran número de personas mayores y entendemos que la accesibilidad es un elemento de calidad de modelo, del entorno en nuestras ciudades y pueblos».

Por su parte, el gerente de CERMI Castilla-La Mancha, José Antonio Romero, entiende que es fundamental la creación de un cargo y un departamento específico sobre accesibilidad en el Gobierno autonómico, ya sea una dirección general, un comisionado o una viceconsejería, y a nivel local también, con concejalías en los municipios de más de 20.000 habitantes. «La accesibilidad debe ser algo transversal, como en el caso de la despoblación o la igualdad, y para que llegue a todos los ámbitos de la región, y no solo competencia de Bienestar Social», apunta

Para ello, considera necesario crear herramientas y recursos accesibles en medios de transporte, de comunicación electrónica con la Administración, en acceso a la sanidad o en la relación con las entidades financieras, como los cajeros automáticos. En este sentido, Romero también recuerda la necesidad de la aplicación de infracciones y sanciones para quien no cumpla en materia de accesibilidad porque, según él, «no se castiga como se debe a los que se saltan la ley a la torera».

Durante el encuentro, los representantes de los colectivos de personas con discapacidad pudieron trasladar también a los técnicos del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM) sus experiencias como usuarios porque, a su juicio, se han cometido «auténticas barbaridades con la Ley en la mano». Por eso, consideran esencial que las soluciones vengan de la mano de los profesionales de la arquitectura y la construcción.

En este sentido, la decana del COACM, Elena Guijarro, cree que, «después de unos años en los que España y Castilla-La Mancha fueron punta de lanza en materia de accesibilidad, nos hemos quedado atrás». «Hay mucho que hacer y que mejorar, por lo que nuestra obligación como técnicos es la de ponernos al servicio de los usuarios, de las personas con discapacidad en este caso, conocer sus necesidades, aplicarlas en los espacios para vivir y trabajar, y trasladar, de manera conjunta, el fruto de toda esta labor a la administración para que la convierta en legislación y se aplique», subraya.

El objetivo conjunto, según indica Guijarro, es que la arquitectura, los edificios, sean accesibles para cualquier persona con discapacidad, ya sea física, cognitiva, auditiva, visual o sensorial. Para ello, informa, «se va a trabajar en la incorporación a los proyectos arquitectónicos de mecanismos como bucles de inducción magnética que faciliten la accesibilidad de los edificios públicos a personas con hipoacusia, o de señalización táctil, en esta concepción global de la accesibilidad que se debe extender a todos los niveles y ámbitos de la administración y de la sociedad, y que nosotros tenemos que plasmar en la arquitectura».

Asimismo, los representantes de las tres entidades han sentado las bases para la próxima firma de un convenio con la Fundación ONCE, así como un trabajo estable y coordinado con el mundo de la discapacidad a través de CERMI, que definirá una colaboración que incluirá, por ejemplo, la formación y permanente actualización de los colegiados del COACM en este ámbito. «Juntos, buscaremos el consenso y la participación a todos los niveles posibles», concluye Guijarro.